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En 1987, formé parte de un tribunal de oposiciones docentes en Lugo. Unos días antes de la primera prueba, se me acercó un desconocido y ... me dijo: «Represento a un industrial de la conserva. Su hijo se ha matriculado en las oposiciones que usted juzga y si aprueba, no lo olvidará usted mientras viva». Imaginé que, si aquel aspirante a profesor aprobaba, estaría toda mi vida comiendo sardinas en lata gratis, pero también pensé aterrado que, si suspendía, me meterían a mí en la lata de sardinas. Afortunadamente, aquel opositor no se presentó, hoy dirigirá la empresa familiar y yo, si quiero comer sardinas, las pago.
No tuve más proposiciones deshonestas, pero había un conseguidor en Lugo que ofrecía sus servicios a los opositores: «Te enchufo y si apruebas, me pagas tanto». Algunos aceptaban el timo, el conseguidor saludaba por la calle al tribunal y nos hablaba del tiempo. Luego aseguraba haber enchufado a su cliente, que, si aprobaba por casualidad, le pagaba y si no, pues qué le vamos a hacer.
A aquellos exámenes de oposición se presentaban, sobre todo, aspirantes de las regiones menos ricas de España: castellanos, extremeños, canarios o manchegos además de gallegos. Entonces, si aprobabas y no sabías el idioma vernáculo, pasabas una prueba de gallego y si suspendías, tenías un tiempo para aprenderlo. Se trataba más bien de un trámite hasta el punto de que me encargaron que corrigiera yo, uno de Cáceres, ese examen. Aprobaron todos.
Estos días, se resuelven en Extremadura las oposiciones docentes. Aquí no hay prueba de idioma, tampoco se conocen casos de conseguidores ni de promesas para toda la vida. Las redes sociales son un eficaz mecanismo de disuasión: se denuncia cualquier sospecha o rareza. Lo que no cambia es el carácter de las oposiciones como eje fundamental del modelo productivo en las regiones menos industriales y desarrolladas.
El escritor Luis Martín Santos escribió en su novela 'Tiempo de destrucción': «El núcleo de la carrera judicial, como todo el aparato institucional del Estado, proviene de la gente de los secos pueblos, pobres y pedregosos». Y Álvaro Cunqueiro contaba, ya en los años 20 del siglo pasado, que «un tanto por ciento muy largo de los empleados de la Hacienda española eran ourensanos». Precisamente Alberto Núñez Feijóo (Ourense, 1961) aprobó en 1985 sus oposiciones de funcionario del Cuerpo Superior de la Administración General de la Xunta de Galicia. Y desde Ourense llegaban a las ciudades de Castilla la Mancha autobuses llenos de opositores que aspiraban a una plaza de funcionarios. Por eso ironizan en Toledo diciendo que el acento oficial de la administración manchega es el gallego.
Las oposiciones, en fin, son la herramienta fundamental de empleo en determinadas regiones de España. Por curiosidad, he sumado los opositores a una plaza docente en las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas y son un total de 264.000 para 25.000 plazas. Es significativo que a las oposiciones docentes en el País Vasco (2,2 millones de habitantes) se hayan presentado 8.950 aspirantes, pero en Galicia (2,7 millones) sean 21.000 o que en Cataluña (8 millones), se hayan matriculado 18.000 opositores y en Andalucía (8,6 millones), 43.000. De los 264.000 inscritos, 163.000 lo han hecho en la España menos poblada y rica y el 40% proviene de regiones limítrofes con Portugal (26.000 en Castilla y León, 15.000 en Extremadura), la frontera más larga, antigua y pobre de la antigua Unión Europea, donde las oposiciones son el más eficaz y democrático ascensor social a menos que tengas un padre que envase sardinas en lata.
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