La orden de protección de la mujer asesinada se levantó al no apreciar la Fiscalía delito

La Fiscalía indica que solicitó a la juez el sobreseimiento provisional de las actuaciones «al entender que no resultaba debidamente justificada la perpetración del delito en base a los informes periciales realizados». Se trata de pruebas psicológicas y forenses que no evidenciaban, según detalla en Ministerio Fiscal, los delitos de malos tratos físicos y amenazas que había denunciado Imane y tras los cuales permaneció durante 22 días en la Casa de la Mujer de Cáceres, un espacio gestionado por el IMEX para dar protección a víctimas o mujeres en riesgo de padecerlo.

El delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza explicó ayer que los procedimientos judiciales se sobreseen bien porque no se acredite que efectivamente concurren circunstancias que permitan demostrar la comisión de un delito o bien porque la persona denunciante haya retirado la denuncia y se resista a ratificarse en los hechos que en su día fueron denunciados. Frente a una denuncia judicial, apuntilló, se mantiene todavía un sistema de supervisión psicológica o asistencia, para ver si se produce alguna circunstancia que permita adoptar alguna medida especial de protección, «en este caso no se detectó ninguna circunstancia particular que obligara a tomar esas medidas de protección».

Imane regresó por voluntad propia a Valencia de Alcántara, en donde vivía desde el año 2020. Al parecer, las presiones familiares inclinaron la balanza a favor de continuar adelante con su matrimonio. Según ha sabido este diario durante varios meses no llegó a residir con su pareja y estuvo sola con su bebé de 14 meses, hijo también de su agresor y que permanece acogido por la Junta de Extremadura. Imane es madre también de una niña de 8 años que vive en Marruecos, tal y como indicó ayer Francisco Mendoza. Fue después del verano, hace poco más de un mes, cuando se retomó la convivencia y el hombre volvió al domicilio familiar.

Una vez que se ha presentado una denuncia esta no se puede retirar, aunque sí renunciar a las acciones penales. El Juzgado sigue con la instrucción de la causa y el Ministerio Fiscal continuará con la acusación siempre que haya constancia de que se haya producido el hecho delictivo. Es decir, que en este caso la denuncia de Imane sirvió para poner el conocimiento en el Juzgado este caso.

La orden de protección aborda medidas de seguridad penales y civiles y activa los mecanismos de asistencia y protección social establecidos a favor de la víctima en diferentes administraciones como la central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales.

A pesar del levantamiento de la orden de protección Imane esta continuó con asistencia y apoyo por parte de los servicios de Igualdad de la Mancomunidad Sierra de San Pedro, a la que pertenece Valencia de Alcántara. La semana pasada se había entrevistado con la psicóloga. Tal y como subrayó la consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña el pasado martes durante la concentración en repulsa a estos hechos en Valencia de Alcántara la protección a víctimas y posibles víctimas de violencia de género va más allá del propio proceso judicial. «Ella (Imane) formó parte del sistema de protección, pero a las mujeres víctimas no solo se les protege y se les acompaña con los recursos disponibles mientras que está la orden activa, sino también con posterioridad a la orden». Actualmente en Extremadura hay 1.700 casos activos con órdenes dictadas por la justicia y forman parte del sistema VioGén (del Ministerio del Interior), pero el número de mujeres atendidas por la Junta de Extremadura, indicó, es mucho mayor.

En tanto, el presunto autor de los hechos permaneció ayer detenido en la Comandancia de la Guardia Civil en Cáceres a la espera de su puesta a disposición judicial, que tendrá lugar probablemente hoy jueves, día en que se prevé que declare en el Juzgado de Primera Instancia de Valencia de Alcántara.

El hombre, de 41 años, llamó al puesto de la Guardia Civil de Valencia de Alcántara en la madrugada del martes para informar sobre los hechos, que tuvieron lugar en la vivienda que compartían en la calle Ramón y Cajal, 55, en la puerta B del segundo piso. Cuando llegaron las fuerzas de seguridad y sanitarias la mujer todavía se encontraba con vida, pero no se pudo hacer nada por reanimarla.

Tal y como señalaron el martes vecinos y personas cercanas a la pareja el hombre tenía problemas de adicciones a alcohol y otras sustancias que le llevaron en varias ocasiones a necesitar asistencia psiquiátrica.

Sobre la localización de los familiares de las víctimas el delegado del Gobierno precisó ayer que se cursó la solicitud de localización a través del consulado de Marruecos en España, «y más o menos los tenemos identificados», pero que «salvo una familiar de segundo grado de la víctima, no se han puesto en contacto todavía oficialmente con los servicios que los tienen que atender en territorio español».