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Extremadura es la comunidad autónoma donde los pacientes deben esperar más días para someterse a una intervención quirúrgica. El dato, reflejado esta semana por el Ministerio de Sanidad, es la demostración palpable de que nunca es bueno tratar con brocha gorda asuntos de fondo como ... es la salud, porque la política a menudo es más un bumerán que una flecha y no hay soluciones fáciles si caben en un titular.
Es imposible hacer responsable al completo, nueve meses después de su toma de posesión, a la actual Consejería de Salud y al gobierno de María Guardiola de esta estadística que tan mal habla de la sanidad extremeña (que sale bien parada, sin embargo, en otro tipo de tablas como el gasto por habitante, por ejemplo), pero sí debería servir como lección a sus actuales gestores de que los problemas que afectan al conjunto de la sanidad española y extremeña son más de orden estructural que de coyuntura, y como tal hay que abordarlos. No hay soluciones simples, en contra de lo que a menudo se quiere hacer ver desde algunos púlpitos políticos que luego se chocan contra la tozuda realidad, y lo que se debe imponer es la seriedad a la hora de tratar de arreglar problemas como las listas de espera o la falta de personal médico que son muy graves.
Hoy se vota en el País Vasco, donde gran parte de su campaña electoral ha girado en torno al funcionamiento de su sistema sanitario público, objeto de huelgas y acciones de protesta desde la pandemia por parte de sus profesionales y usuarios. Hablamos de una comunidad que es la segunda con menor lista de espera quirúrgica a la que antes hacía referencia (63 días frente a los 181 que esperamos los extremeños), y el total de pacientes en cola (21.000 frente a 29.000) es inferior pese a tener una población muy superior. En su último debate, el candidato del PNV, y probable lehendakari, ofreció alcanzar un gran pacto sanitario entre todas las fuerzas políticas.
Los vascos sobre todo están enfadados por el funcionamiento de la atención primaria, por la falta de personal principalmente. Los futuros médicos de nuestro país huyen de ejercer en los centros de salud por la progresiva degradación del sistema público dependiente de los respectivos gobiernos autonómicos, en la misma proporción que los ciudadanos acuden al lucrativo negocio de la cobertura privada para dar solución a sus problemas, y menos aún quieren elegir regiones como Extremadura, que resultan menos atractivas para los alumnos de Medicina.
Lo que nos lleva a la segunda noticia demoledora de la semana para la sanidad extremeña: la cifra de vacantes que se ha producido en la especialidad de Médicos de Familia cuando se cerró el viernes el plazo de elección de los nuevos MIR. La región ha batido este año su récord negativo y solo ha cubierto 37 de 98 plazas ofrecidas, lo que aventura un futuro poco alentador para nuestra atención primaria, aún no recuperada del todo de la pandemia. Una vez más la realidad cae sobre nuestras cabezas.
Se han cubierto, eso sí, todas las demás plazas ofrecidas de especialidades, pero la sanidad extremeña arrastra vacantes en un buen puñado de ellas, de modo principal en los pequeños hospitales comarcales por los que se apostó en su momento y cuya existencia ya es cuestionada como modelo, pero cuya desaparición ahondaría en los problemas de despoblación de esas zonas periféricas, envejecidas de por sí. Es, sin duda, un equilibrio inestable.
La consejera de Salud, Sara García Espada, habrá comprobado pues que las sobreactuaciones ni son buenas ni proporcionan soluciones rápidas, pero aún está a tiempo de canalizar su energía para afrontar el que puede ser, junto a su hermana melliza que es la dependencia y la formación para el empleo, el mayor desafío de la región: disponer de una atención sanitaria pública, de calidad y con buenos plazos de respuesta.
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