Un país para el desguace

Una parte importante de las informaciones que publica HOY tienen como protagonista la sanidad: quejas de ciudadanos, listas de espera que desesperan, retrasos en las obras prometidas, reivindicaciones de personal agobiado por la falta de medios y el exceso de pacientes... De vez en cuando también damos buenas noticias, como la que publicamos el jueves sobre la puesta en marcha, al fin, de las máquinas de radioterapia donadas por la Fundación Amancio Ortega. La sanidad importa, quizá como ningún otro servicio. Queramos o no todos acabaremos necesitándola (nosotros o nuestra familia), y nos va la vida y la salud en que funcione bien. Queremos que la brillante etiqueta que se ha ganado de ser uno de los mejores y más equitativos sistemas del mundo no se oxide; que siga siendo cierta hoy y dentro de diez años. Sin embargo, últimamente hay demasiadas noticias que nos alertan de que nuestro sistema sanitario renquea. En toda España, no solo en Extremadura.

El presidente de la Junta reconocía el miércoles que la sanidad tiene un problema de financiación. No hay dinero suficiente para pagar los tratamientos, cada vez más caros, de una población cada vez más envejecida. O se acomete una reforma del sistema de financiación autonómico que contemple los cambios demográficos y sociales que se han producido, o la sanidad acabará resintiéndose. Y lo pagaremos todos en forma de desigualdad. Quienes tengan dinero recurrirán a la sanidad privada y quienes no lo tengan sufrirán el deterioro del servicio.

Fernández Vara alerta sobre la urgencia de abordar la financiación, pero la política española parece estar muy lejos de ocuparse de estos problemas. Llevamos un par de años encerrados con un único tema: el desafío independentista, y cualquiera que hable de otra cosa es visto como un alienígena. Todo gira alrededor del conflicto catalán y nadie cae en la cuenta de que la vida de las personas corrientes continúa al margen de juicios, presos, protestas, negociaciones, tsunamis, sentencias....

Extremadura es una de las comunidades en que es más importante que el Estado funcione. Se necesita que haya un sistema de financiación adecuado a las necesidades de una región que sigue sin alcanzar los niveles de PIB y renta medios. Disponer de un buen servicio sanitario es la mejor herramienta de igualdad, el más eficaz instrumento de solidaridad social. Si esa herramienta falla estamos averiando uno de los más eficaces medios de solidaridad.

La negociación de la financiación autonómica, retrasada una y otra vez 'para cuando haya gobierno', no debería esperar más. Pero va a esperar. Y queramos o no volvemos otra vez a hablar de lo mismo: de la inexistencia de un gobierno con plenas funciones y dedicado, a apagar fuegos (incluso físicos) en Cataluña, en lugar de a gobernar España. Y una y otra vez aplazamos lo importante, la sanidad, la educación, la dependencia, las pensiones, para atender lo urgente: el desafío independentista.

Sin embargo, con la crisis catalana convertida en un conflicto crónico que amenaza con perpetuarse años, si no décadas, ya no vale el argumento de que hay que atenderla con urgencia y casi con exclusividad. El próximo gobierno debería levantar la vista más allá de Cataluña y ocuparse del resto de España. De su financiación, de su sanidad, por descontado. Si no lo hace, a la vuelta de unos lustros es posible que no hayamos resuelto la histórica 'cuestión catalana' y además nos encontremos con un país para el desguace. Con más desigualdades en sanidad y educación y con cada comunidad, y hasta cada provincia, mirando de reojo a la de al lado para echarle la culpa de sus problemas. No olvidemos que el virus nacionalista, mutado en provincialismo o localismo, puede ser contagioso. Ahí tenemos la muestra con el surgimiento de un nuevo partido, Cáceres Vive, que empieza por echarle la culpa a 'Badajoz', de los déficits de Cáceres. La única vacuna contra el localismo es hacer una políticas de Estado. Solidarias, equilibradas y, sobre todo, valientes.