El parón en Extremadura complica la gestión de 563 millones de fondos europeos

Según explica la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, el principal problema se da en 413 millones de euros del programa operativo 2014-2020, que tienen como límite de gasto el 31 de diciembre de este año.

La ejecución de estos fondos ya está en marcha, por lo que el problema no es la licitación de esas obras, algo que no podría hacer un gobierno en funciones, sino las labores de certificación que hay que realizar una vez hecha la actuación. Primero la Junta hace el gasto y después hay que justificarlo para que la Unión Europea libere el dinero. Pero para eso hay que llevar a cabo una labor administrativa que se ve dificultada en la situación actual.

La Consejería de Hacienda indica que un Gobierno en funciones tiene limitaciones «que no permiten acometer los proyectos con las garantías que requiere este tipo de gestión».

La consejería señala que entre los proyectos en ejecución que se podrían ver afectados por esta situación se encuentran la obra de la primera fase del Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena, la Facultad de Medicina de Badajoz e infraestructuras hidráulicas como las depuradoras de Mérida, Trujillanos, Mirandilla, Esparragosa de la Serena, Salorino y Almendral.

En cualquier caso, a lo largo del último año, y ante la insistencia de grupos de la oposición como el PP, el Gobierno regional ha asegurado que no habría problemas para disponer de todos los fondos del programa operativo. Entre otras cuestiones, porque la pandemia de covid y la crisis generada por la guerra de Ucrania han llevado a la Comisión Europea a flexibilizar los criterios de ejecución y justificación de los gastos.

A esto se suman las limitaciones para ejecutar los fondos asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Hacienda señala que hasta la fecha se ha comprometido el 36% de los fondos asignados, lo que supone un total de 274 millones de euros. Dentro del proceso de ejecución presupuestaria, el compromiso equivale a la concesión de una ayuda dentro de una convocatoria de subvenciones o la adjudicación de un contrato. El siguiente paso es el obligado, que es cuando se reconoce el pago definitivo. El último sería el abono.

Pero antes del compromiso hay otra fase, la de autorizado, lo que equivale a una convocatoria de subvenciones o la licitación de una obra. Con eso se establece una primera retención del crédito de cara a su gasto efectivo.

La Consejería de Hacienda señala que dentro de las cantidades asignadas del Mecanismo de Recuperación hay 150 millones en estado de autorizado. «En el caso de que hubiese gobierno en Extremadura, se podrían comprometer de forma inmediata», añade, con lo que se sumarían a los otros 274 millones.

Esos 150 millones de euros se corresponden con actuaciones para las que ya se ha licitado la redacción del proyecto. Pero como una de las limitaciones que se establece para un gobierno en funciones afecta a la contratación de obras de importe superior a 5,38 millones de euros, en muchos casos no se podría dar paso a la ejecución de las obras.

El Gobierno regional recuerda que los fondos de recuperación están destinados a cuestiones como proyectos de energías renovables y vehículo eléctrico (61 millones de euros), los ocho centros comarcales de convalecencia y cuidados para mayores (45,6 millones), transformación digital en educación y empleo (28 millones) y depuración y saneamiento de agua (15,5 millones).