JOSÉ BOGAS GÁLVEZ CONSEJERO DELEGADO DE ENDESA

«Sería partidario de que siguiera Almaraz, pero lo que tenemos hoy no es eso»

José Bogas Gálvez (Madrid, 1955) lleva diez años como consejero delegado de Endesa, compañía a la que llegó hace más de cuatro décadas y en la que ha ocupado puestos como director general de España y Portugal y director general de Generación. Ingeniero industrial, también trabajó para el Ministerio de Industria en los años 80. Es por tanto uno de los referentes del sector energético nacional.

–¿Cómo ha cambiado Extremadura en estos cuarenta años?

–He visto unos cambios tremendos en toda España. Y Extremadura, que era una zona donde la gente se iba fuera a estudiar y trabajar, ahora es cada vez más próspera y con más desarrollo. Le faltan cosas, como el AVE, pero ha tenido una gran evolución.

–¿Cuáles son las inversiones de la compañía en Extremadura?

–Fundamentalmente de dos tipos, las renovables y la red de distribución para propiciar una mayor integración de las renovables y poder atraer industria. La abundancia de energía que hay en Extremadura facilita muchísimo que la industria alta consumidora pueda instalarse aquí.

–¿Hay margen de crecimiento para la fotovoltaica en la región?

–Todavía queda, y no solo de crecimiento, sino de mejora de lo que ya hay instalado. Se puede hibridar con baterías para optimizar mejor su funcionamiento.

–Sobre el futuro de la central de Almaraz, de la que Endesa tiene el 36% de la propiedad, ¿qué posibilidades reales hay de que se aplace el plan de cierre?

–Intelectualmente, estoy a favor de la energía nuclear. Y es un complemento y un elemento a tener en cuenta en la transición. En 2019, con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, se llegó a un acuerdo de cierre ordenado. Pero se tenía que dar una serie de condiciones, y creo que alguna no se ha dado. Podría hacerse una revisión de las hipótesis y las consecuencias que puede tener el cierre de las nucleares. Pero hay lo que hay. Almaraz tiene poco tiempo para poder revertir la decisión de cierre. Yo sería partidario de que siguiera, sin duda, pero lo que hoy hay no es eso. Y la revisión del cierre podría darse a lo mejor con otras centrales, por tener más tiempo, nada más.

–¿Qué condiciones no se han cumplido en el plan nacional?

–Se preveía un incremento de demanda muy grande, lo que no se ha dado, y una entrada de renovables, que va con cierto retraso. Y lo que es más importante, la complementariedad de las renovables con la nuclear, supliéndola en la potencia firme con baterías. Y la baterías todavía no han llegado. Así que podemos tener problemas de garantía de suministro. Yo no digo que se mantenga para siempre, pero no pasa nada si nos damos cinco años para tener tiempo para tomar las decisiones correctas. Pienso que daría una mayor seguridad.

–¿Han planteado la prórroga a sus socios en la planta, Iberdrola (tiene el 53%) y Naturgy (11%), y al Gobierno?

–Todo esto se habla a nivel de sector, y ahí sí hemos hablado. Por ahora, el regulador quiere mantener el plan pactado en 2019, y lo respetamos. Otra cuestión es que promovamos el debate para acertar en la decisión que sea más razonable desde un punto de vista económico y ambiental.

–¿Qué inversiones serían necesarias para mantener Almaraz?

–En España cada diez años hay una revisión del Consejo de Seguridad Nuclear sobre las inversiones necesarias, por motivos de regulación y modernización. De modo que son plantas que están con la última tecnología. En Almaraz se han bajado las inversiones, pensando que se cierra en 2027 y 2028. Pese a esto, ahora mismo se está invirtiendo unos 50 millones de euros al año. Antes eran casi 100.

–Las redes de distribución son de vital importancia para suministrar la energía. ¿Está Extremadura bien cubierta?

–No está mal cubierta. En la parte de la distribución, con el 53% de la provincia de Badajoz y un 73% de los clientes, estamos invirtiendo cerca de 80 millones en planes trianuales. Esto ha hecho que sea una red menos saturada que en otros sitios de España. Con todo, creo que es importante facilitar el crecimiento de la industria para no perder oportunidades. Y para esto hay que hacer un esfuerzo mayor. El Plan de Energía y Clima recoge que, para poder cumplir el crecimiento de demanda previsto, hay que invertir 53.000 millones de euros de 2021 a 2030, 5.300 millones al año. Sin embargo, hay un tope dentro de la regulación que no te permite invertir más de 2.500 millones. Es decir, prácticamente hay que invertir el doble de lo que se está haciendo para dar resistencia a la red, digitalizarla, mejorar la calidad y permitir una mayor capacidad de inyección de renovables y de consumo de nueva industria.

–Han pedido eliminar ese tope a las inversiones, ¿es posible?

–Creo que sí y que se hará, sin duda. Pero mientras más retrasemos la decisión, más incertidumbre se crea. Son oportunidades que se pierden. Hay que hacerlo cuanto antes.

–¿Se han dado casos de proyectos en Extremadura que no han salido adelante por falta de capacidad de la red?

–Sí, sí, sí. Se han dado casos. Fundamentalmente, de crecimiento de industria que ya existe, a la que hemos tenido que decir que hay que retrasar la inversión porque no es posible.

–Con la red troncal pasando por la región, ¿el hidrógeno verde ofrece una nueva oportunidad?

–Creo que es absolutamente indispensable para conseguir el 100% de la descarbonización de la economía. El vector más eficiente, desde el punto de vista económico y técnico, es la electricidad. Pero hay actividades en las que la electricidad no puede competir con el hidrógeno. Dicho esto, todavía es muy caro. Así que veo dos fases, una primera de desarrollo próximo al consumo y una segunda que pueda plantearse una red troncal. Y esto es una oportunidad para Extremadura: tiene muchísima energía renovable, una cierta capacidad en las redes si solucionamos el problema de capacidad, y podría ser un foco de atracción.

–¿La legislación ambiental supone un problema para el desarrollo de proyectos?

–Esta es una de las regiones más avanzadas en estos temas. Hemos estado en una planta viendo una instalación fotovoltaica con un proyecto pionero con refugio para aves esteparias en peligro de extinción. Tenemos 1.227 megavatios en plantas que hemos construido en los últimos cinco años y hay múltiples proyectos de integración en el entorno. Esto ha hecho que Extremadura no sea una región especialmente conflictiva. Por eso pienso que tiene posibilidades todavía, por terreno y por cómo se han hecho las cosas. Hay otras zonas donde hay una creciente oposición, que podría crear muchas dificultades. Es una asignatura pendiente que tenemos las eléctricas, hacer comprender que pueden ser instalaciones industriales perfectamente integradas.

­–En sus intervenciones incide mucho en la necesidad de seguridad jurídica, ¿no la hay?

–Creo que hay una seguridad jurídica razonable, pero lo que no puede ser es lo que hemos vivido últimamente. Está justificado, por el covid, la guerra de Ucrania y la crisis energética, que han llevado a múltiples cambios regulatorios. Muchos cualquiera los puede entender, porque han tratado de adaptar los precios a una determinada circunstancia. Pero una vez que recuperamos una cierta normalidad no tiene sentido que permanezcan. Esto crea incertidumbre, y eso hace que las inversiones se retraigan.

–En esa seguridad jurídica entra la política fiscal. El Gobierno ha anunciado que el impuesto a las energéticas, creado en principio para 2023 y 2024, se prorrogará pero con cambios. ¿Qué le parece?

–Puedo justificar que se haya pedido una contribución especial al sector. Pero creo que no se hizo correctamente. El impuesto podría estar captando fondos de beneficios extraordinarios, pero no tiene nada que ver con los ingresos brutos. Alguna compañía energética ha entrado en pérdidas por este impuesto. En segundo lugar, Europa puso unas condiciones con respecto a los precios de la energía y el consumo del gas. España también lo hizo, con mayor dureza. Sin embargo, Europa decidió que no había beneficios extraordinarios y no puso ese impuesto. Esto hace que competidores nuestros no tienen que pagar y tienen más solidez, para plantear una OPA o para desarrollar redes. Y aunque podría comprender ese esfuerzo especial por esta situación, una vez que desaparece ya no tiene ningún sentido. Creemos que afecta a la competitividad de las empresas y a su capacidad de inversión.

–Ese tributo se creó por el aumento de los precios de la electricidad, ¿cree que ya han llegado a su moderación?

–Ha llegado un momento de normalización. Llevamos un comienzo de 2024 con precios excesivamente bajos, por unas circunstancias muy especiales: el precio del gas está débil, el precio del CO2 ha bajado, también se ha dado un invierno con temperaturas suaves y la demanda no está creciendo suficientemente. Y ha habido mucha producción de renovable, sobre todo de hidráulica. Se normalizará.

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