Las víctimas extremeñas de ETA reciben el perdón oficial

«Se agradece el cuaderno, está bien que no se olvide lo que pasó, pero se queda corto para compensar todo lo sufrido durante muchos años», dice Segundo Hernández, uno de los ocho niños a los que ETA dejó huérfanos de padre cuando ninguno de ellos había cumplido la mayoría de edad. El 30 de noviembre de 1978, un hombre y una mujer entraron en el Centro Nacional de Formación Profesional de Irún, donde trabajaba como conserje Alejandro Hernández Cuesta, 43 años entonces, natural de Jerte. La pareja preguntó por él, esperó a que llegara, y cuando le tuvo delante, le dispararon y se fugaron en un Seat 134 que les esperaba en la calle. La banda dijo que le había asesinado por haber sido miembro de la Guardia de Franco y colaborar con la policía.

«Mi madre tenía entonces 38 años y se quedó con ocho hijos a su cargo –recuerda Segundo, que es el sexto de ellos–. El más pequeño tenía entonces 17 meses, y el mayor 17 años. Era ella quien solía atender el bar que tenían mis padres. Entonces es cuando mi madre necesitaba ayuda».

Esa mano que la mujer necesitó en aquel momento tardó muchos años en llegar, asegura su hijo. «No nos han tratado igual a todas las familias –lamenta Segundo Hernández–. Unas empezaron a recibir ayudas económicas pronto, mientras que a otras no nos llegaban. Como a los autores del asesinato de mi padre no los cogieron... Fue una injusticia brutal. La administración tenía que haber luchado más por tratarnos a todas las familias igual. Pasaron veinte años hasta que mi madre empezó a recibir el dinero que le correspondía. Para cuando le llegó ya estábamos todos sus hijos criados».

Ampliar

Quizás por esto, el hijo de Alejandro Hernández Cuesta recibe el Cuaderno como un gesto con un alcance emocional limitado. Ni Segundo ni su madre ni sus hermanos acudieron a recogerlo a Bilbao el pasado 17 de diciembre. Pero el dossier de su padre está elaborado y se lo enviarán a Irún, confirma la Consejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco.

«No podemos devolveros la vida, pero sí restituiros la dignidad», le dijo a las familias en ese acto la consejera Beatriz Artolazábal. Su departamento explica que cada Cuaderno contiene «información sobre quiénes fueron, cómo vivieron y cómo murieron las víctimas del terrorismo de ETA». También «un documento firmado por el Lehendakari Íñigo Urkullu, en el que expresa solemnemente el reconocimiento institucional del Gobierno vasco a la familia de la víctima, como una contribución al derecho a la verdad y a la justicia».

En ese escrito que llegará próximamente a casa de la viuda del conserje, Urkullu «subraya la injusticia de cada asesinato y comparte con toda la familia de la víctima y sus personas más queridas el recuerdo, reconocimiento y homenaje a una persona que vio injustamente truncado su derecho a la vida», explica el Gobierno vasco. «Mantener su memoria –añade– contribuye a evitar que algo parecido pueda volver a repetirse», concluye ese texto que también tiene ya la familia de Valentín Godoy Cerezo.

«Hemos entregado ya al Gobierno vasco información de los casos hasta 1981, y seguimos trabajando»

CARMEN LADRÓN DE GUEVARA

Asesora jurídica de la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo)

Nacido en Santa Amalia, murió con 27 años, cuando llevaba seis meses como practicante en la enfermería del cuartel de la Policía Armada de Vitoria. Su asesinato lo reivindicó el grupo 'Doble G' (por Gazte Gudaroste, Ejército joven en español). Le pegaron tres tiros a corta distancia mientras estaba en un Renault 12, junto a la carretera N-1. Estaba soltero, y fue su hermana Carmen quien acudió hace unas semanas a Bilbao a recoger el Cuaderno, en cuya elaboración ha participado la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

«En un primer momento no se hicieron los dosieres sobre víctimas anteriores al año 1977, porque hasta entonces no existía la Audiencia Nacional», explica Carmen Ladrón de Guevara, la asesoría jurídica de la AVT. Esa instancia centraliza la información judicial sobre terrorismo, y hasta su nacimiento, la mayoría de la documentación sobre los atentados estaba repartida por tribunales de medio país. «Ahora estamos trabajando cronológicamente», explica la abogada, que en gran modo ha sido la encargada de recopilar los datos sobre cada caso sin resolver.

Ampliar

«Para cada cuaderno hemos utilizado fuentes abiertas, porque hay información que no se puede gestionar sin la autorización de la familia, por la ley de protección de datos», explica Ladrón de Guevara, que detalla también que ya le han entregado al Gobierno vasco toda la información sobre casos ocurridos hasta el año 1981. De ser así, dos familias extremeñas recibirán su dossier en la próxima remesa.

Una de ellas sería la de Aurelio Prieto Prieto, natural de Llerena, agente del servicio de información de la Guardia Civil destinado en San Sebastián y que fue asesinado el 21 de noviembre de 1980 cuando le iba a pedir el DNI a un sospechoso junto a la ermita de la Virgen de Izaskun, en Tolosa. Su presunto asesino es Eugenio Barrutiabengoa, alias 'Arbe', que está en Venezuela, prófugo de la justicia española.

Y el otro extremeño víctima del terrorismo etarra en 1980 es Benito Morales Fabián, asesinado el 2 de octubre de ese año. Era de Santibáñez el Bajo, estaba casado, tenía tres hijos y trabajaba como taxista. ETA justificó su asesinato «por la presión ante la insatisfactoria solución del proceso autonómico vasco». Su caso fue sobreseído provisionalmente en mayo de 1981. Esto mismo ocurrió con el expediente de Anselmo Durán en octubre de 1979, o sea, al año de ser abatido.

«Mi familia está muy disgustada con la actuación tanto del Estado como de la Guardia Civil en la investigación relativa al asesinato de mi padre», cuenta su hija mayor en 'Sangre, sudor y paz: La Guardia Civil contra ETA' (Editorial Península, 2017), el ensayo firmado por el escritor Lorenzo Silva, el periodista Gonzalo Araluce y el mando de la Benemérita Manuel Sánchez.

Ella es quien cuenta en este libro que despidieron a su padre sin misa y sacando el féretro por la puerta de atrás. «Mi madre –relata la hija de Durán– tardó 17 ó 18 meses en cobrar la primera paga de viudedad, teniendo seis hijos que dependían de ella en la época del atentado, con edades comprendidas entre los tres y los 19 años. Tuvimos que desalojar el pabellón enseguida, y marcharnos de Guipúzcoa. Mi madre tuvo que ponerse a trabajar en el colegio de huérfanos del cuerpo Juncarejo, en Valdemoro».

En 1987, perdería a su hermano Luis, también guardia civil, al ser embestido su vehículo por otro que conducía un hombre borracho. «Mi hermano Luis –cuenta la hija mayor del cabo primero Anselmo Durán–, que en el momento del asesinato de mi padre tenía trece años, se pasó toda la noche del atentado en el cuartel de la Guardia Civil de Elgóibar, viendo fotografías de terroristas, llegando a identificar a uno o dos, uno de ellos el autor material de los disparos. Sin embargo, ni en la Guaria Civil ni en el sumario constan tales investigaciones. Casi 40 años después, el asesinato de mi padre y de las supuestas investigaciones, los autores siguen siendo un misterio».