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J. López-Lago
Sábado, 24 de octubre 2020, 09:00
Antonio B. da clase a sus alumnos en el instituto Cuatro Caminos de Don Benito. No quiere que la última sentencia a su favor se personalice pues se acerca más bien a una victoria colectiva. Y es que este fallo del tribunal va a dar esperanzas a los más de tres mil docentes interinos en Extremadura en su pretensión de que les sean reconocidos los días de septiembre que Educación acostumbra a no pagar.
En ese mes, la Junta de Extremadura ahorra varios miles de euros cada curso cuando hace efectivas las contrataciones de maestros y profesores, una vinculación laboral que suele retrasar lo máximo posible para acercarla al inicio de las clases.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Mérida reconoció a este docente, representado por los servicios jurídicos del sindicato PIDE, el derecho al pago y al reconocimiento de la experiencia docente desde el 1 de septiembre hasta el comienzo del curso, días en los que no estaba contratado. La retroactividad afecta a los últimos cuatro cursos, lo cual, de extenderse su aplicación, significaría tener que pagar unos mil euros a los profesores y sobre dos mil euros a los maestros.
El docente explicó a HOY que él hace el mismo trabajo que los demás funcionarios de carrera, desde asistir a claustros cuando aún no está en vigor su contrato a preparar documentación y demás materiales lectivos. Sin embargo, considera injusto que a él le descuenten varios días al mes de su nómina. Además, añade que si la Ley 13/2015 de la Función Pública considera la figura de interino como la de un profesional para cuestiones de «necesidad y urgencia». No ve lógico que él lleve más de 25 años consecutivos en la docencia y cada mes de septiembre le descuenten varios días de su nómina.
PIDE destaca que esta es la primera sentencia firme ganada por el sindicato a la Junta en esta cuestión y manifiesta la ilegalidad de la actuación de la Administración regional, pues corresponde una continuidad de contrato al tener adjudicación de vacante por curso completo. La sentencia es de 30 de marzo y firme desde el pasado 4 de septiembre pues, al contrario de lo que se esperaba, la Junta de Extremadura no la ha recurrido.
Según el representante de PIDE, Alfredo Aranda, lo que su sindicato plantea es que la Junta no siga dilatando el proceso y extienda de oficio esta sentencia a los más de 3.100 docentes afectados, lo que le ahorraría mucho dinero a la Administración, ya que entonces solo tendría que atender la deuda de un año, no de cuatro. Esto supondría tener que pagar más de cuatro millones de euros si hubiera que pagar por cuatro cursos, y en torno a un millón por uno solo, según los cálculos de este sindicato.
Otra derivada que aún puede dar más quebraderos de cabeza es la readjudicación de puntos por esos días trabajados no reconocidos en el caso de aspirantes a plazas de funcionarios que se hayan quedado sin ella tan solo por unas décimas, añade Aranda.
Esta sentencia del ámbito educativo ganada a la Junta obedece a una reclamación que no es nueva. El litigio de los docentes interinos por cobrar los días de septiembre que transcurren hasta el inicio de curso es un clásico que hasta ahora se va resolviendo con sentencias favorables a los trabajadores. Pero el siguiente paso de la Junta siempre ha sido interponer recurso hasta apurar plazos e instancias judiciales, lo cual le sirve para ganar tiempo y ahorrar dinero a la Administración.
En noviembre de 2018, un fallo del TSJEx confirmaba una sentencia anterior del Contencioso número 2 de Mérida por la cual los maestros y profesores interinos deben incorporarse a sus puestos el 1 de septiembre. Anulaba así una resolución de la Consejería de Educación y Empleo de julio de 2017 que ordenaba que estos trabajadores debían tomar posesión el 11 de septiembre, que fue cuando ese año comenzaba el curso. La sentencia se basaba en una quiebra del principio de igualdad y una discriminación respecto a los funcionarios, que empiezan a trabajar el 1 de septiembre. La reivindicación la hacen suya varios sindicatos.
alfredo aranda, sindicato pide
CSIF señalaba entonces que el coste laboral en Primaria es de 80 euros brutos al día, mientras que el de Secundaria asciende a 100. No parece una suma muy alta contemplada de manera individual. Si se aplica con carácter retroactivo a los cuatro años que marca la ley suponen unos mil euros a los profesores por 14 días adeudados, ya que ellos suelen incorporarse el 6 o el 7 de septiembre porque han de atender exámenes en esa época. En el caso de los maestros la suma es mayor, de unos 2.000 euros cada uno, ya que estos tienen 36 días adeudados al incorporarlos Educación prácticamente cuando se inicia el curso, por lo que tienen más días acumulados pendientes a contar desde el 1 de septiembre.
Nada más conocer que la sentencia de Antonio B. es firme, el sindicato PIDE preparará para sus afiliados un documento de extensión de sentencia para que todos los afectados puedan exigir su aplicación. Aranda opina no obstante que «si la Junta la aplicara de oficio sería menos gravosa y la aceptaría mucha gente. Además, negociaríamos también el pago aplazado pues entendemos que económicamente son momentos delicados parte de la Administración. Ahora mismo la pelota está en su tejado».
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