PIDE demanda a Educación por obligar a los docentes a incorporarse el 1 de junio

El sindicato PIDE ha demandado judicialmente a la Consejería de Educación por la instrucción que obliga a los docentes a incorporarse a los centros a partir del 1 de junio y ha pedido su anulación como medida cautelar.

Según ha informado en una nota, este jueves ha interpuesto un recurso contencioso administrativo para la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales frente a la instrucción conjunta, de 26 de mayo, de la Secretaría General y de la Secretaría General de Educación que obliga a los docentes a acudir a los centros.

El sindicato presenta esta demanda porque considera que con las medidas publicadas «no se puede garantizar la salud del personal docente y no docente» de los centros educativos extremeños y reclama medidas cautelares, al concurrir circunstancias de especial urgencia, para dejar sin efecto la instrucción.

PIDE insiste en que los centros no pueden abrirse hasta septiembre, porque existe un «riesgo innecesario» de contagio de la COVID-19 a toda la comunidad educativa y, por ende, a la sociedad.

«No hay necesidad de abrir los centros, porque está funcionando la educación a distancia y se han habilitado procedimientos telemáticos para todas las gestiones burocráticas, incluida la escolarización», añade en este sentido.

A su juicio, obligar a parte del claustro de profesores y del personal no docente a acudir a los centros educativos cuando el curso lectivo está próximo a su finalización es «una irresponsabilidad y un atentado contra la salud pública exento de explicación racional».

Entre los derechos fundamentales que se invocan en la demanda, y susceptibles de protección jurisdiccional al amparo del artículo 53.2 de la Constitución Española, figura el derecho a la vida y la integridad física, «puesto que no se han tomado las medidas y protocolos sanitarios exigidos por riesgos laborales para garantizar, con total seguridad, tales derechos».

Asimismo, apela al derecho a la educación porque «no podemos obviar que la educación en condiciones higiénico-sanitarias deficientes en plena pandemia no es tal derecho de educación».