17 poblaciones de Extremadura con riesgo de incendio alto tienen una sola vía de evacuación

De las 17 poblaciones afectadas, cuatro son pueblos con ayuntamiento propio: Cabañas del Castillo, Jarilla, Manchita y Santibáñez el Alto. El resto son pedanías o alquerías: Estorninos (que dependen de Alcántara), La Calera (pedanía de Alía), Trevejo (Villamiel), La Fontañera (Valencia de Alcántara) y nueve alquerías hurdanas: Horcajo, Avellanar, Ovejuela (todas dependientes del Consistorio de Pinofranqueado), Casarrubia, La Huetre (las dos pertenecen a Casares de Las Hurdes), Cambrón, Huerta (Caminomorisco), y por último, El Gasco y Aceitunilla (Nuñomoral).

El alcalde de esta último municipio asegura que «de El Gasco –afirma– mandamos a la Junta hace años lo que nos pidió, pero no volvimos a saber nada, y para Aceitunilla no han movido nada».

De la relación anterior saldrá próximamente Santibáñez el Alto (Sierra de Gata), ya que el último Consejo de Gobierno de la Junta ordenó la publicación del decreto que declarará urgente la ocupación de bienes y derechos para ejecutar las obras de mejora del acceso a la localidad. Esta, explica el Gobierno regional, «cuenta con una orografía complicada, con elevadas pendientes en el tramado urbano, y solo puede ser evacuada por su zona este, a través de la carretera CC-56 o por un camino hormigonado». «Esta situación –añade el Ejecutivo autonómico en la reseña de su último Consejo de Gobierno– dificulta que se pueda realizar una evacuación del pueblo, o la entrada de medios de emergencia, lo que justifica la urgencia en la expropiación de los terrenos».

«Lo que se va a hacer es una carretera de 2,8 kilómetros, con sus dos carriles y arcenes», adelanta Rubén Francisco, alcalde socialista de la localidad, cuyos vecinos ya saben qué se siente al ver cerca un incendio forestal y no tener una salida de emergencia. «El pueblo está encima de una montaña y rodeada por bosques de robles», sitúa el regidor, que recuerda que «hace diez o doce años ya tuvimos un incendio al lado y nos quedamos todos en el pueblo».

Francisco explica que los primeros trámites para solucionar este inconveniente se hicieron en el año 2017. «Entonces intentamos conseguir la cesión de los terrenos, y aunque una mayoría de vecinos aceptó hacerlo, dado que era por una causa que beneficia a todos, hubo varios que se negaron», explica el alcalde. «Estos nos obligó a iniciar un proceso de expropiaciones largo y tedioso, y además nos encontramos con otro problema, y es que de las 84 fincas por las que pasará la carretera, unas 50 son de personas que o no viven aquí o no sabemos quiénes son». «De hecho –continúa–, en estos años hemos publicado en el DOE (Diario Oficial de Extremadura) entre 25 y 30 anuncios de expropiación de terrenos de propietarios desconocidos».

«El Ayuntamiento, con sus propios fondos, dedicará unos 78.000 euros a pagar expropiaciones, y la Junta hará la carretera, con una inversión cercana a los 700.000 euros». «Me consta –concluye el regidor de Santibáñez el Alto– que la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio está encima del tema».

Se refiere a Begoña García Bernal, que en el año 2016 explicó en la Asamblea de Extremadura que tras el incendio del verano de 2015 que arrasó 8.000 hectáreas en la Sierra de Gata, encargaron un estudio de poblaciones con una única vía de evacuación. Y el resultado fue que había 22 con ese problema. Desde entonces hasta hoy, se ha actuado en cinco de ellas: Sauceda, Aldehuela (alquerías de Pinofranqueado), El Pino, Jola (pedanías de Valencia de Alcántara) y Herrera de Alcántara.

«En el resto –explica la Junta–, no ha podido llevarse acabo ninguna actuación, pese que se han redactado estudios de ocupaciones, anteproyectos y/o proyectos». Cita la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dos motivos. «En unos casos, porque los ayuntamientos no han podido conseguir o acreditar la disponibilidad de los terrenos, casi siempre un paso imprescindible para poder actuar sobre ellos». Y en otros, la causa de no haber solucionado el problema es «que ninguna de las alternativas estudiadas ha resultado viable, por entrañar graves riesgos tanto para la población como para los equipos de extinción de incendios». La Junta añade que está previsto actuar en La Huetre.