Policías nacionales y guardias civiles se harán cargo de la seguridad en las cárceles extremeñas

Agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil se harán cargo de la seguridad exterior de las cárceles extremeñas a partir del 1 de enero. Así lo han confirmado a HOY fuentes del Ministerio del Interior, desde donde han aclarado que se trata de una medida temporal para cubrir las funciones de los vigilantes privados al quedar las prisiones de la región sin este personal por la quiebra de la empresa que gestionaba el servicio.

Interior se ha visto obligado a tomar esta decisión tras la quiebra de Ombuds, la empresa que llevaba hasta ahora a cabo esta tarea, y quedar desierto el concurso para adjudicar la seguridad privada en las prisiones de la región.

De momento no han especificado qué número de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil se dedicarán al control exterior de las cárceles de Cáceres y Badajoz. También se aplicará esta medida excepcional en la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, ya que el lote ofertado que ha quedado desierto estaba compuesto por las prisiones de estas tres regiones.

Los policías nacionales y guardias civiles se harán cargo de la vigilancia y control externo en estas cárceles de manera provisional hasta que sea adjudicado el nuevo concurso de seguridad que ya se está preparando. De momento, el nuevo pliego está en proceso de redacción y desde Interior indican que podría estar finalizado «en breve, en unos 15 o 20 días» para posteriormente sacarlo a concurso. Hasta que se adjudique a una nueva empresa, algo que parece improbable que pueda estar resuelto antes de final de enero por los plazos necesarios, el trabajo lo realizarán los agentes designados de la Policía Nacional y Guardia Civil.

En verano saltaban las primeras alarmas sobre la situación de la empresa de seguridad Ombuds al aparecer en prensa informaciones sobre su delicada situación financiera. De hecho, la compañía presentó un preconcurso de acreedores en junio. Precisamente un mes después, en Extremadura se hacía pública la denuncia de la situación de impagos que sufrían los cerca de 150 trabajadores de esta empresa en la región.

En el caso de las dos prisiones, desde el sindicato USO ya mostraron su preocupación el pasado mes de julio por la importante labor que realizan los vigilantes de seguridad en estos entornos.

El problema se ha agravado tras quedar desierto el concurso para cubrir la seguridad privada exterior en los centros penitenciarios de Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha.

Para la contratación de estos servicios de apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior se destinó un presupuesto total de 37 millones y medio de euros divididos en cinco lotes. Cuatro de los lotes fueron adjudicados el pasado noviembre, pero el correspondiente a las 15 cárceles de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha, valorado en 8,35 millones de euros quedó desierto al no presentarse ninguna oferta. El ministerio ha iniciado ya un nuevo expediente para sacar a concurso la seguridad privada en las prisiones de estas tres comunidades autónomas.

Además de los centros penitenciarios de la región, en Extremadura Ombuds gestiona la seguridad para varias empresas de la región.