![La ponencia que estudia el Constitucional propone suspender la demolición del complejo de Valdecañas](https://s3.ppllstatics.com/hoy/www/multimedia/2023/06/15/valdecotravez-Rrls00PLEZ15fvUkknIiJvK-758x531@Hoy-kftD-U200560724473VSC-1200x840@Hoy.jpg)
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R. H.
Jueves, 15 de junio 2023, 12:11
La ponencia que estudiará el Tribunal Constitucional (TC) en su Pleno de la próxima semana propone suspender de forma cautelar la demolición del complejo urbanístico de la Isla de Valdecañas, ubicado en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo (Cáceres), hasta resolver ... los recursos presentados contra la orden del Tribunal Supremo (TS).
Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que el borrador redactado por el magistrado Enrique Arnaldo se muestra a favor de conceder la medida cautelar solicitada por los recurrentes, así como que sus compañeros ven razonable frenar la demolición hasta que haya una decisión definitiva sobre el futuro del proyecto.
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El punto de partida de esta batalla judicial se sitúa en 2011, cuando el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura anuló el visto bueno de la Junta de Extremadura a la Isla de Valdecañas, ordenando devolver los terrenos a la situación anterior a la aprobación del proyecto.
El Supremo confirmó las resoluciones del TSJ, pero en 2021, una vez abierto el trámite, el tribunal extremeño declaró la imposibilidad de ejecutarlas, acordando hacerlo solo de forma parcial, lo que implicaba demoler lo no terminado y conservar el hotel, las viviendas, el campo de golf y otras instalaciones ya construidas.
Ya en 2022, el alto tribunal, estimando el recurso de Ecologistas en Acción-CODA, ordenó derruir también lo ya construido, siendo esta última resolución la que ahora combaten en el TC la Junta de Extremadura, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, y la comunidad de propietarios del complejo norte, centro y sur de la Isla de Valdecañas.
Con división de posturas entre sus magistardos, en noviembre, el TC admitió entrar a conocer del asunto y admitió a trámite los recursos de amparo planteados por los dueños, los dos ayuntamientos y la propia Junta contra la sentencia del Supremo.
En marzo, la Fiscalía del Tribunal Constitucional se pronunció a favor de derribar el resort. El Ministerio Público dejó patente su postura favorable a echar abajo el complejo. Se oponía a los argumentos defendidos por la Junta para mantener las construcciones de lujo junto al embalse cacereño.
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