Luz verde del Consejo de Gobierno para debatir una ley que sustituya a la de Memoria Histórica

Aunque la portavoz del ejecutivo extremeño, Victoria Bazaga, no se ha referido a este punto en su comparecencia posterior, la reseña del Consejo de Gobierno recoge que este organismo ha manifestado su conformidad respecto a la «tramitación de la propuesta de ley de concordia por la que se deroga la Ley 1/2019, de 21 de enero, de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura».

La derogación de la ley de la memoria histórica de Extremadura formaba parte de los acuerdos entre PP y Vox que hicieron posible la investidura de María Guardiola y es una de las exigencias de Vox para negociar la aprobación de los Presupuestos regionales de 2025.

Vox registró en la tercera semana de noviembre en la Asamblea de Extremadura la propuesta de Ley de Concordia, con la que pretende derogar la Ley de memoria histórica y democrática de Extremadura, del año 2019.

La aprobación de esta ley estaba incluida en el acuerdo de investidura con el PP, que desde el primer momento se mostró a favor de elaborar un nuevo texto legal. Sin embargo, tras la ruptura del gobierno de coalición los populares habían señalado que ya no es una prioridad. Después de la vacaciones navideñas, cuando se reanude la actividad parlamentaria, el PP deberá definir por tanto su postura, si decide aprobar el nuevo texto de Vox y deroga la ley existente, o lo rechaza. Previsiblemente, PSOE y Unidas por Extremadura no respaldarán un cambio legislativo.

Según indica Vox, esta iniciativa representa «un compromiso firme con la reconciliación, la libertad ideológica y la unidad de los extremeños», frente a una legislación que considera instrumentalizada para «imponer un relato sesgado del pasado».

El diputado de Vox Álvaro Sánchez-Ocaña, historiador y docente de profesión, afirmó que la ley extremeña no ha servido para fomentar la convivencia, sino para dividir a los extremeños, «limitando derechos fundamentales como la libertad de pensamiento y de cátedra».

«La Ley de Concordia no reabre heridas, sino que busca cerrarlas», apuntó Sánchez-Ocaña. «Con esta iniciativa garantizamos que cada ciudadano pueda mantener y expresar libremente su memoria personal y familiar, sin la injerencia de las instituciones en su conciencia».

Vox destaca que el texto recoge medidas que reconocen los derechos de todas las víctimas del conflicto civil y garantiza que las actuaciones relacionadas con las exhumaciones o la investigación documental se realicen con el máximo respeto «y sin instrumentalización política».

Junto a esto, pretende eliminar «cualquier intromisión de los poderes públicos en la fijación de un relato único, devolviendo a historiadores y expertos la responsabilidad de analizar los hechos históricos con el máximo rigor y veracidad».

Asimismo, apuntó que se busca que todo el dinero destinado a memoria histórica vaya para las exhumaciones, «no a asociaciones y charlas». De hecho, la propuesta de ley recoge la disolución de «comisiones, organismos e instituciones de carácter público autonómico» creadas bajo el amparo de la ley de 2019.

Sánchez-Ocaña afirmó que el PP conoce esta propuesta de ley desde el pasado mes de mayo, antes de que se rompiera el gobierno de coalición. También desligó su presentación del debate de los Presupuestos de 2025. «Son cosas del calendario», dijo.