El pacto de gobierno saca músculo en la Asamblea

Los grupos que forman la nueva mayoría del Parlamento regional votaron juntos en dos ocasiones a favor de la supresión de las comparecencias previas, tanto para que la modificación de la ley se pudiera aprobar en un solo trámite por el procedimiento de lectura única (para lo que se necesitaron tres intentos por errores en el sistema o fallos de los diputados) como para la derogación del artículo en cuestión.

Las comparecencias de altos cargos de la Junta (directores generales y gerentes de organismos públicos, entre otros) antes de su nombramiento fueron introducidas por el PSOE en 2019 en un ejercicio de transparencia. Pero implican que no pueden empezar a trabajar hasta que acuden a la comisión correspondiente en la Asamblea a presentar su currículo, dar a conocer sus bienes y someterse a las preguntas de los diputados.

En su primera aplicación, en la pasada legislatura, esta exigencia causó retrasos en algunos nombramientos. En esta ocasión, el tiempo que se han llevado las negociaciones entre PP y Vox, así como la investidura y la constitución del Ejecutivo de María Guardiola, ha hecho que estemos a las puertas del mes de agosto, inhábil en la Asamblea, sin que se hayan llevado a cabo esas comparecencias.

De ahí que el PP las quisiera eliminar de la ley del estatuto de cargos públicos. El nuevo portavoz del Grupo Popular, José Ángel Sánchez Juliá, quien se estrenó con solvencia, afirmó que las comparecencias previas no tienen «ningún tipo de valor ni político ni jurídico», ya que corresponde al Ejecutivo autonómico nombrar a los altos cargos. A su juicio, más que ayudar lo que hacen es retrasar la constitución del gobierno y la toma de decisiones. Según defendió, de no suprimir estas comparecencias sería necesario esperar al mes de octubre para que la Junta de Extremadura empiece a trabajar.

Unos argumentos en los que coincidió el portavoz de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, para quien las comparecencias previas que introdujo el PSOE no cumplen con el propósito de mejorar la transparencia, sino que simplemente duplican la actividad de la Asamblea y retrasan la formación del gobierno. Como indicó, agosto es inhábil y con este trámite los nombramientos se podrían demorar hasta octubre «o más allá». Además, en su opinión tiene más sentido que los altos cargos comparezcan una vez hayan tomado posesión y definan su línea de actuación, lo que puede ser «más útil y más eficaz».

Por parte del PSOE, José María Vergeles indicó que María Guardiola está incumpliendo uno de sus propósitos cuando accedió al gobierno, abrir las puertas y ventanas de la Junta. «No rompa con la transparencia, este puede ser, tras perder el patrimonio de la palabra, el único patrimonio que le quede», añadió. En su lugar, planteó al PP que retirara su propuesta y que se nombre a los altos cargos con el compromiso de que comparezcan en septiembre. Por su parte, el PSOE se comprometería a no presentar ningún recurso por el incumplimiento de la norma. El portavoz popular rechazó esta oferta.

Aún fue más duro Joaquín Macías, de Unidas por Extremadura, quien también dejó una crítica a los socialistas. Afirmó que las primeras leyes de un gobierno son premonitorias. Como recordó, en la pasada legislatura el PSOE suprimió de esa misma ley la limitación de mandatos para el presidente de la Junta y ahora PP y Vox se unen para quitar las comparecencias previas de altos cargos. Algo que, a su juicio, contradice el mensaje de transparencia que defiende María Guardiola. «Sus acciones traicionan sus discursos», apuntó. «Es la segunda vez que la propia presidenta falta a su palabra».

La nueva mayoría también se notó en las imágenes del día. Los consejeros ocuparon por primera vez la primera fila en el hemiciclo, que estrenó el cambio de ubicación de los grupos, con PSOE y Unidas por Extremadura a la derecha (desde la Mesa de la Cámara) y PP y Vox a la izquierda.

El acuerdo de gobierno también se hizo notar en la constitución de las comisiones sectoriales, los grupos de trabajo adaptados a la estructura de las consejerías. Siguiendo el criterio de proporcionalidad, cada una cuenta con cinco diputados del PSOE, cinco del PP, dos de Vox y uno de Unidas por Extremadura.

Los socios votaron juntos para repartirse las presidencias de las comisiones, cargos a los que corresponde ordenar los debates. Siguiendo la distribución de las consejerías, Vox presidirá la de Gestión Forestal y Mundo Rural y PP el resto. Excepto la de Hacienda, que, como es tradicional, se cedió a la oposición. Estará al frente José María Vergeles, quien también formará parte de la Comisión de Administración Pública, de ahí que fuera el encargado de intervenir en el pleno.

El exconsejero de Sanidad no estará en la Comisión de Salud, en la que sí participará la también exconsejera Gil Rosiña, además de en Hacienda y Agricultura.