Primera pieza de las cinco abiertas contra sindicatos y empresarios

Sí se les considera autores de un delito de fraude de subvenciones consistente en urdir un sistema que les permitía pagar parte de las nóminas de los empleados con el dinero procedente de los cursos. «Tanto el sindicato como la fundación vinculada subcontratada lograban abaratar o minorar la carga salarial que soportaban debido a las amplias plantillas con las que por entonces contaban, financiándolas indirectamente por esta vía irregular».

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«No consta acreditado que el sindicato hubiera adoptado modelo alguno de organización o gestión encaminado a la prevención de la comisión de posibles delitos cometidos por sus responsables o empleados en el desarrollo de tal actividad, ni planes o medidas conducentes a ello», se añade

Este escrito de acusación ya ha sido enviado por la Fiscalía al juzgado instructor, que decidió hace meses abrir el procedimiento abreviado, paso previo a la apertura del juicio oral. A ese auto se opuso el sindicato CCOO, que lo tiene recurrido ante la Audiencia Provincial de Badajoz, cuya sección tercera, con sede en Mérida, debe pronunciarse. Si el tribunal confirma la apertura del procedimiento abreviado, el sindicato presentará el escrito de defensa y se abrirá juicio oral, que deberá celebrarse en un juzgado penal de Mérida.

En todo caso, este procedimiento solo es una de las cinco investigaciones en marcha por los cursos de formación. Las otras cuatro piezas judiciales afectan a la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), la Confederación Empresarial Cacereña, la Federación Empresarial Placentina, Coeba, UGT y la fundación Ifes.

El origen de esta causa está en el año 2015. Fue un 6 de marzo cuando la Junta de Extremadura, presidida por el popular José Antonio Monago, lleva a la Fiscalía un presunto fraude cuantificado en 3 millones de euros en los cursos de formación dirigidos a personas ocupadas. La Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, dirigida por María de los Ángeles Muñoz, dio la voz de alarma por unas presuntas irregularidades que pronto llegarán a juicio.