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Ana B. Hernández
Lunes, 22 de abril 2024, 07:16
«No voy a conseguir la plaza que quiero en mi localidad, voy a perderla de hecho, porque la administración se niega a computarme como ... experiencia ocho años en los que he impartido la asignatura de Religión en colegios públicos».
Esta docente, que prefiere no dar su nombre, es una de las seis que en la región han decidido acudir a la vía judicial «para defender nuestros derechos». Representadas por el letrado Alonso Ramón Díaz, especialista en derecho contencioso-administrativo, presentarán un recurso ante los juzgados de Mérida por discriminación.
Se trata de maestras y profesoras con plaza en propiedad en centros públicos de Extremadura que están participando en el concurso de traslados en marcha para optar a otro destino. Un sistema de movilidad previo a las oposiciones que es, quizás, la mejor herramienta de conciliación en el ámbito educativo, porque a través del mismo los docentes pueden trasladarse a otras localidades. Lograr la plaza que se desea depende del lugar que se logre en la lista, en función de los puntos que se consigan sumando los años de experiencia.
En el caso de estas docentes, todas acumulan años de experiencia como interinas de Religión. «Años que se nos contabilizaron en el concurso-oposición que todas hemos superado para tener una plaza en propiedad en el sistema educativo extremeño», aclara esta docente de Educación Infantil.
Algunas de sus compañeras en esta batalla judicial son maestras de Infantil como ella, otras de Educación Primaria y las hay también de Secundaria. Todas tienen ahora el mismo problema: «La administración se niega a computarnos como experiencia en el concurso de traslados los años que trabajamos como interinas de Religión, los que sí se nos tuvieron en cuenta para optar a una plaza en propiedad».
Es el motivo por el que tras recurrir los listados provisiones y definitivos de los participantes en el concurso de traslados, y después la adjudicación de las plazas sin haber obtenido respuesta afirmativa por parte de la administración, han decidido acudir a los tribunales de justicia.
«No tenemos otro camino, porque la Junta ha rechazado hasta el momento todos nuestros recursos en vía administrativa», señala la docente. El motivo alegado, explica, es que «nuestra situación no está regulada y que solo se nos puede valorar la experiencia como funcionarias de carrera porque no existe el cuerpo de profesores de Religión».
Alonso Ramón Díaz
Abogado
Antes de iniciarse el concurso de traslados, de hecho, «mantuvimos una reunión con la secretaria general de Educación, porque nos temíamos lo que después ha ocurrido, que se han contabilizado los años de interinidad en otras materias, pero no en Religión».
La consejería no atendió su petición entonces y las explicaciones que les ha dado después no han convencido a las docentes, así que el asunto lo tendrá que dirimir la justicia. «Mantenemos que tenemos experiencia previa como interinas y que se nos debe tener en cuenta; no pedimos más que competir en igualdad de condiciones con el resto de participantes en el concurso de traslados».
El abogado Alonso Ramón Díaz presentará en su nombre un recurso ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de Mérida, «porque se les está discriminando por ser docentes de Religión». Y, desde su punto de vista, «la administración no puede discriminar por la forma de prestación del servicio, que es lo que está haciendo la Junta».
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