Estos son los programas electorales de cada organización agraria extremeña

La coalición de Asaja Cáceres y Apag Extremadura Asaja vuelve a presentarse. Lo hace con un programa de medidas que abordan tanto la creación de nuevas ayudas como la reclamación de una mayor simplificación administrativa y que las zonas de protección ambiental se reduzcan. De forma concreta, Asaja solicita la creación de un fondo de crisis para la compensación de la subida en los insumos (gasoil, luz, fertilizantes, fitosanitarios, etc.). En cuanto a ayudas concretas, pide incrementar las ayudas integradas del olivar en 50 euros por hectárea y la creación de una ayuda integrada para el cereal de invierno de 150 euros por hectárea.

En clave 'verde', Asaja apuesta por una desregulación de las zonas ZEC, ZEPA, LIC´s y Reserva de la Biosfera, esto es, una rebaja de la protección ambiental que facilitan en esas zonas las prácticas agroganaderas. La autorización de la quema controlada de rastrojos por motivos fitosanitarios es otra de sus propuestas. Y en clave administrativa, Asaja pide unificar las competencias de Transición Ecológica en la consejería de Agricultura.

UPA-UCE presenta un decálogo de medidas como base de su programa electoral. Entre ellas, la organización agraria liderada por Ignacio Huertas incluye que el Ministerio y las comunidades autónomas deben publicar los costes de producción en los distintos sectores para que se contemplen en los contratos. La Junta «debe poner en marcha una autoridad de ejecución para asegurar el seguimiento y control de las prácticas comerciales en la región». Vinculado a este aspecto, ante el aumento de los costes de producción, solicita que el Gobierno «controle la especulación» que se produce.

En cuanto a la PAC, exige que sea «más justa, que apoye más a las explotaciones familiares y profesionales a través de la puesta en marcha de techos de ayuda, de ayudas redistributivas y de la modulación de las ayudas acopladas».

Respecto a los seguros agrarios, propone la aplicación de un techo de ayudas y modulación en ellas para favorecer a ese tipo de explotaciones antes indicada. Mientras, para favorecer el relevo generacional, UPA-UCE plantea recuperar el cese anticipado de la explotación o el diseño de una medida similar para favorecer el relevo tan necesario en nuestra región».

La Unión señala que se puede conseguir que la agricultura se «dignifique y sea vista como una profesión de futuro». La entidad que lidera Luis Cortés Isidro aboga por poner el foco en un plan de rejuvenecimiento del campo extremeño. «Tenemos que convencer a la Administración de que los recursos para los expedientes de incorporación a la actividad agraria deberían ser los prioritarios en la confección del próximo PDR (Plan de Desarrollo Rural). Los fondos invertidos en incorporar jóvenes al sector es la mejor inversión», se explica.

Al mismo tiempo, se reclama abordar una modernización del sector agrario en un doble sentido. De un lado, «hay que tener una tecnología y maquinaria muy avanzada para ser competitivo». De otra parte, sobre los regadíos también se debe aplicar ese objetivo. «No podemos tener 120.000 hectáreas regadas por inundación, con canales de distribución a teja abierta y con pérdidas en los mismos superiores al 20 % de la dotación». Se debe diseñar un proyecto de consolidación de riegos localizados, con utilización de energía solar para conseguir la presión y «solo de esta manera tendremos suficiente volumen de agua para los nuevos regadíos».

Juan Moreno Campillejo se mantiene al frente de la Coordinadora Agraria de Extremadura. La entidad se presenta estas elecciones sin el apellido de COAG por un conflicto judicial sobre el uso de la sigla aunque cuenta con el respaldo de la asociación nacional. Moreno, el representante más veterano del sindicalismo agrario activo extremeño, recalca se debe prestar más atención al mercado y no tanto a las ayudas.

«Hablamos mucho de la PAC y de las ayudas. Claro que hay que hablar de eso pero también mucho más del mercado. No hay que olvidar que el 75% de los ingresos de los agricultores llegan por sus ventas, no por las ayudas directas», avanza.

En este sentido, la Coordinadora Agraria reclama que se desarrolle la Ley de Cadena Alimentaria. Que las administraciones controlen más los contratos que se firman entre productores y vendedores y que los primeros no deban recibir menos dinero de lo que les cuesta producir. «Hay que controlar más esos contratos y que se publique en un registro». Otro aspecto claves para Moreno pasa por una reparto «justo» de las ayudas. «Defendemos una agricultura social y profesional, no de fondos de inversión».

La nueva organización agraria que se presenta a los comicios, a falta de elaborar un programa electoral detallado, esboza dos o tres medidas básicas para intentar recabar el apoyo de los electores. La primera es económica. Conseguir una Política Agraria Común con más dotación de dinero. «Las últimas reformas de la PAC han perdido presupuesto y el campo ha ido perdiendo ayudas, algo que no ha sucedido en otros sectores económicos como el automovilístico. Cada vez los agricultores y los ganaderos tienen menos fondos. Los fondos existentes por parte de las administraciones son insuficientes», recalca a este diario José María Álvarez Lebrijo, presidente de Aequum Agrum.

En segundo lugar, Álvarez afirma que hay mucho que hacer en cuanto a la simplificación administrativa. «Los controles administrativos se deben notar también en una mayor agilidad a la hora de resolver expedientes y reducir la lentitud administrativa que afecta a la gente del campo. En este terreno no se ha avanzado lo suficiente». Por último, el presidente de Aequum Agrum apuesta por una agricultura y ganadería profesional. «Nuestro objetivo es lograr una mayor profesionalización del campo extremeño».