Los propietarios de Santa Bárbara se sienten discriminados y niegan que su intención sea especular

La plataforma creada por varias decenas de propietarios de viviendas ilegales de la Sierra de Santa Bárbara de Plasencia y su entorno afirmó ayer que se sienten discriminados por el Ayuntamiento. Negaron que la modificación del Plan General Municipal (PGM) que han propuesto para poder regularizar la situación de sus casas, y que el Consistorio ha anunciado que no aprobará, tenga fines especulativos, sino que tan solo quieren poder vivir en sus casas «con los papeles en regla y pagando lo que corresponda».

Los propietarios aseguraron que la propuesta, que recibió en mayo el visto bueno medioambiental de la Junta de Extremadura, persigue que los dueños de estas casas tengan «los mismos derechos» que los demás ciudadanos de Plasencia y del resto de localidades extremeñas, donde es posible iniciar procedimientos regularización con arreglo a las condiciones fijadas por al Ley del Suelo. Por eso han encajado muy mal el anuncio del gobierno local, que ha manifestado su negativa a seguir adelante con la modificación del PGM a menos que se cambie para hacerla más restrictiva.

Los afectados acusan al gobierno local de dar «justificaciones ambiguas» a la negativa de llevar a cabo la modificación en las reuniones que han mantenido con ellos hasta ahora. Consideran que no existen motivos legales para oponerse, más allá de que «se cuestiona subjetivamente» y por una cuestión de gustos personales si la ciudad debe tener o no viviendas en la sierra. «Se cuestiona un modelo de ciudad que son los políticos, y no los técnicos, los que deben decidir cuál es», afirman para criticar que el gobierno local esté argumentando su negativa en informes elaborados por los técnicos municipales. «El Ayuntamiento pretende no modificar el plan en la generalidad para todos los placentinos, sino modificar por zonas y tener la arbitrariedad de permitir unas viviendas y otras no, por lo que existiría una clara discriminación entre los ciudadanos que sí podrían regularizar y los que no por el simple hecho de que le guste o no al Ayuntamiento», insisten. En un escrito presentado el pasado viernes en el registro municipal, los propietarios han pedido, entre otras cosas, los datos y las tareas concretas de todos los políticos y funcionarios que están interviniendo en el procedimiento. «Debemos empezar a tener en cuenta y valorar la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento en caso de que se reclame por los propietarios afectados la no posibilidad de edificación en sus terrenos por la condición de preservar el paisaje de la ciudad, no por una cuestión ecológica o medioambiental sino para salvaguardar las vistas», indican, al tiempo que avisan de que «esto se puede convertir en unas huertas de La Isla multiplicado por cien». Recuerdan en ese sentido que ya existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que condena al Consistorio y a la Junta a indemnizar a los dueños de las casas singulares de los Sánchez, en la avenida Juan Carlos I, por incluirlas en el catálogo de protección y no permitirles aprovechamiento urbanístico.