La prostitución se afianza en pisos de alquiler en Extremadura

Explica que la apertura de casas de citas en bloques de vecinos comenzó hace una década aproximadamente en la región. «Al comienzo era algo residual en zonas determinadas, barrios periféricos sobre todo, pero después poco a poco se ha ido extendido». Fueron a más en plena pandemia, cuando las restricciones impuestas por la covid obligaron a cerrar los clubes de alterne. Entonces la prostitución se centró especialmente en los pisos, ahora persiste en ellos y la mayoría ya no están ubicados ni mucho menos en barrios periféricos.

«Es un problema vecinal porque genera inquietud en la mayoría de los casos», resume el presidente de la organización que aglutina aproximadamente a unos 160 administradores de fincas en la región. «Un problema que los vecinos detectan desde el primer momento, sobre todo por el trasiego de gente extraña en el bloque, y que nos reclaman que zanjemos».

Sin embargo, dice Juan Antonio Martín, «la actuación que podemos llevar a cabo es muy limitada porque la prostitución no está regulada ni penalizada». Aun así, «se toman medidas cuando se complica la convivencia vecinal». El trasiego de personas, las llamadas a los telefonillos a horas intempestivas, que se queden las puertas de los bloques abiertas, las peleas, los ruidos, la suciedad... «Estamos hablando de una actividad molesta en algunos casos y, por eso, se pueden iniciar acciones judiciales para ponerle fin».

La Ley de Propiedad Horizontal establece el protocolo de actuación. Como primera medida se contacta con el dueño del inmueble, que puede rescindir el contrato y resolver la situación. «Pero normalmente su colaboración es nula», afirma Juan Antonio Martín, administrador en Cáceres. «Los caseros no tienen problemas porque tienen asegurado el pago de una renta regular», resume Maricarmen Expósito, administradora en Badajoz. «Lo que suelen responder es que es un problema de la comunidad, que a ellos les pagan religiosamente», añade Miguel Ángel López, administrador de fincas en Cáceres, Villanueva de la Serena, Don Benito y Castuera.

El siguiente paso suele ser la presentación de una denuncia en vía judicial por parte de la propia comunidad de vecinos. «Pero se trata de un proceso largo y de resultado incierto», reconocen los administradores. Por eso son más las veces en las que los vecinos optan por llamar a la policía cuando se producen esas molestias, «no son cosas banales en el día a día de la convivencia», o deciden instalar cámaras de vigilancia en las zonas comunes. «Son efectivas», afirma Martín Carlos García, administrador de fincas en Plasencia. «Los implicados en la actividad buscan discreción y, por eso, tanto las llamadas a la policía como las cámaras suelen disuadir», ratifica Juan Antonio Martín.

Aunque no siempre. «Es lo habitual, he tenido algún caso en el que en menos de un mes se ha resuelto; pero ha habido otro que se ha prolongado durante más de cuatro años».

La discreción

También Miguel Ángel López asegura que la solución no es siempre rápida. «En lo que va de año he tenido dos casos en diferentes comunidades de vecinos, una de Don Benito, en la que el piso destinado a la prostitución se desalojó en poco más de 15 días, y otro en Villanueva, donde se enquistó más». Aunque en ambos casos la actuación de la comunidad fue similar. «Nuestra única herramienta para hacer frente a estas situaciones, que los vecinos nos reclaman que resolvamos, es tratar de evitar la discreción que persiguen». Y por la que procuran también evitar las molestias.

«El negocio se ha sofisticado, lo de las llamadas al telefonillo a horas intempestivas apenas se produce ya por ejemplo, precisamente para evitar las molestias que puedan generar a los vecinos, así que en no todos los pisos en los que se realiza esta actividad hay problemas ni mucho menos», asegura Martín.

No obstante, deja claro el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Extremadura, «la actuación por parte de una comunidad de vecinos no resuelve el problema, simplemente lo traslada a otra; se van de un piso de alquiler para iniciar la actividad en otro».

En cualquier caso, si bien «la prostitución se ha asentado en los pisos de alquiler y quizás haya habido un pequeño repunte tras la pandemia, no es un problema extendido en la región, siguen siendo casos puntuales», aclara el presidente del colegio. «Otra cosa es que, en la comunidad que toca, se convierte en un quebradero de cabeza para los vecinos». Pero, concluye Maricarmen Expósito, «poco se puede hacer, porque la prostitución no es una actividad delictiva ni ilegal».

La okupación

Las quejas y petición de soluciones por parte de los vecinos cuando sospechan que en un piso de su bloque se ejerce la prostitución, aun no siendo un problema extendido en la región, no es el único al que tienen que hacer frente los administradores de fincas. De hecho, hay quienes consideran que «tenemos más problemas con los pisos okupados que con los destinados a la prostitución», afirma Miguel Ángel López, administrador de fincas en Cáceres, Villanueva, Castuera y Don Benito.

En esta última localidad, «en un bloque de 44 viviendas hay cinco okupadas, y esto es un problema para los vecinos porque son muchos los problemas de convivencia que generan».

Desde su punto de vista, «especialmente en los dos últimos años, la okupación ha crecido en la región y va a más». Aunque es una opinión que no comparten otros administradores. «En Extremadura no se dan muchos casos y hablamos, sobre todo, de viviendas con las que se han quedado las entidades bancarias», dice Juan Antonio Martín, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Extremadura. Su predecesora en el cargo, Teresa Lechado, asegura que «igual depende de las localidades y las comunidades que se lleven, pero creo que en la actualidad ni los pisos dedicados a la prostitución ni los okupados son un problema en la región».

De hecho, los datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) respecto a los procedimientos judiciales abiertos por okupación de viviendas en la región, ponen de manifiesto que se trata de casos puntuales y que si bien su número ha crecido en los juzgados no es porque se produzcan más denuncias, sino por el tiempo que conlleva su resolución.

En el primer trimestre de 2019, antes de la pandemia por tanto, a los juzgados extremeños llegaron nueve casos por okupación y había entonces 16 en trámite. Durante el mismo periodo de 2022 fueron ocho casos nuevos y en el primer trimestre de este año han sido 10, pero el número de procesos en trámite asciende ya a 32.