El provincialismo retoñece

Nuestro Estatuto de Autonomía se aprobó en el Congreso el 22 de febrero de 1983. Ese día, 'El periódico Extremadura', por entonces de circulación solo cacereña, incluía un 'suelto' firmado por 'Polilla' (un seudónimo), que decía: «Hoy a las cinco de la tarde, en la plaza de todos los españoles, será toreada, picada, banderilleada y muerta a estoque la provincia». También incluía la primera parte de un artículo (la segunda se publicó al día siguiente) titulado 'Nulidad absoluta del Estatuto'. El autor sostenía que la norma que ese mismo día convertía a Extremadura en comunidad autónoma era ilegal porque en lugar de dividir a partes iguales la representación de cada provincia en la Asamblea, la hacía proporcional a la población de cada una, incumpliendo con ello, según él, el principio de igualdad y consagrando «una eterna mayoría» de Badajoz sobre Cáceres.

Cuatro años después de la aprobación del Estatuto, en junio de 1987, Rodríguez Ibarra, el presidente que había estado ese tiempo al frente del Gobierno regional, afirmaba que el mayor éxito del autogobierno extremeño era «haber roto el biprovincialismo». Y añadía: «Me daría miedo que ese esquema se cambiase».

Vengo acordándome del clima de desconfianza en que nació el Estatuto y los recelos que generaba el modelo autonómico, del que se temía que condenara a la provincia como unidad de medida de las élites políticas, a raíz de las reacciones habidas al anuncio de una empresa que quiere explotar una mina de litio en el pueblo cacereño de Cañaveral y fabricar baterías para coches en la Plataforma Logística de Badajoz. La mayoría de las reacciones habidas a ese anuncio han destacado, con la muy notable y significativa excepción del alcalde de Cañaveral, el 'intolerable agravio' que supone para Cáceres que Badajoz pueda tener una fábrica cuya materia prima se extraiga en Cáceres. Seguro estoy de que hubiese habido menos reacciones de rechazo (o incluso ninguna) si la empresa anuncia que la fábrica de baterías la lleva a Salamanca o a Estocolmo. Porque la fábrica, como lúcidamente escribió el domingo aquí Pablo Calvo, es la excusa.

Nada en este asunto que no fuera esperable. ¿Nada? No. Me ha resultado inesperado, y a la vez triste, leer el pasado viernes en estas páginas cómo el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, abraza también la teoría del agravio provincialista. Sus manifestaciones a Claudio Mateos en estas páginas («la Plataforma Logística de Badajoz ahonda en un problema de desequilibrio entre las provincias»; «hay un desequilibrio económico obvio por la razón que sea»; «falta sensibilidad ante lo que está ocurriendo en Cáceres») me causan una áspera tristeza. Comprobar que el espíritu del provincialismo está arraigado también en políticos como Salaya, que por ideología –pertenece al partido que ha gobernado la Extremadura autonómica en todas las legislaturas menos en una– y por biología –nació en 1988, un año después de que Ibarra considerara roto el biprovincialismo–, debería tenerlo superado. Pero no. Lo que el expresidente daba por muerto en 1987 goza hoy de buena salud y hasta tiene retoños.