El PSOE considera imposible construir 3.000 viviendas en dos años

Tras la firma del acuerdo entre el Ejecutivo regional y once entidades bancarias para financiar las obras de 3.036 viviendas de protección oficial en régimen especial hasta 2027 en Extremadura, Gil Rosiña recordó que los socialistas han instado a la Junta en distintas iniciativas parlamentarias sobre la necesidad de que aplique la ley estatal de vivienda, ya que «no lo está haciendo», según recoge Europa Press.

Asimismo, se preguntó si el Gobierno de Guardiola ha «cambiado de opinión» respecto a la situación del mercado inmobiliario regional, porque «hasta hace poco» negaba que hubiera zonas tensionadas en Extremadura.

Gil Rosiña puso como ejemplo la situación de los alquileres para universitarios en Cáceres para conocer la realidad a la que se enfrentan las familias extremeñas, para las cuales los socialistas reclaman la aplicación de la ley estatal de vivienda.

«La Junta tiene que reconocer las zonas tensionadas y declararlas», afirmó. «Esto no ocurre sólo en las grandes urbes de nuestro país, está ocurriendo ya también en Extremadura».

Sobre el plan anunciado por Guardiola, dijo que los socialistas no creen «ni un ápice que en dos años vayan a hacer 3.000 viviendas», porque «es imposible».

En todo caso, y tras recordar que «ya ha habido planes de vivienda en esta región donde se ha contado con las entidades financieras», la portavoz socialista reprochó a la presidenta extremeña que no haya aclarado «cuánto dinero va a poner la Junta, porque se lo han preguntado y no ha sabido responderlo».

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, criticó el acuerdo de colaboración firmado por la Junta con once entidades bancarias para el impulso de la promoción de más de 3.000 viviendas de protección oficial hasta 2027, ya que considera que el Ejecutivo regional quiere ceder suelo público para que los bancos «hagan negocio con la vivienda».

«Nos parece que es una propuesta que parece que la Junta lo único que quiere es lavarse las manos, porque no es vivienda pública y no va a formar parte del parque público. Es una manera de que los ayuntamientos cedan suelo para que los bancos hagan negocio», señaló en declaraciones recogidas por Europa Press.

Para Irene de Miguel, «es imposible que la señora Guardiola diga que la ley de vivienda no es útil cuando ella ha decidido no aplicarla» y añadió que no cumplirla ha hecho que el alquiler en Extremadura haya aumentado un 11% en el último año.

«Seguimos reclamando que se le ponga tope a los alquileres y que se fría a impuestos a aquellos grandes tenedores de viviendas que tienen más de diez viviendas vacías y no las sacan al mercado», expuso Irene de Miguel, quien se mostró en contra de unas recetas que «son las que nos han traído hasta aquí».

«No va a haber ningún mecanismo que impida que estos propietarios puedan revender esta vivienda al precio que les dé la gana, ni que ponga un tope a los alquileres», añadió.

Por ese motivo, la portavoz de Unidas por Extremadura aprecia «más sombras que luces» en este anuncio. «Es ilusorio pensar que en 2027 va a haber 3.000 viviendas más porque, como ha declarado el sector de la construcción, directamente no tienen trabajadores suficientes para poder acometer estas obras», añadió.

Además, subrayó que con presupuestos la Junta de Extremadura planteaba construir 180 viviendas y sin cuentas aprobadas supuestamente va a haber 3.000 más. «Pues bienvenido sea no tener presupuestos», afirmó.

Por todo ello, Irene de Miguel sentenció que Unidas por Extremadura teme que este proyecto de la Junta «no venga a solucionar el problema de la vivienda, sino a alimentar la burbuja que estamos viviendo».