El PSOE y el PP descartan actuar contra los alcaldes del Jerte mientras la condena no sea firme

La Audiencia considera probado que los alcaldes Félix Díaz Ramos (Rebollar, PP), José Antonio Recio (Tornavacas, PSOE), María Fe Plata (Cabrero, PSOE), José Antonio Moreno (Navaconcejo, PP) y Natalio Núñez (Cabezuela del Valle, PSOE), cometieron un delito de prevaricación al permitir, y en algunos casos promover, el vertido de cerezas en lugares que no estaban autorizados. Los tres primeros son los únicos que siguen siendo alcaldes a día de hoy, si bien María Fe Plata ya no lo es de Cabrero, sino de Carcaboso, por lo que serían esos tres los que tendrían que abandonar sus cargos en caso de que la condena llegue a ser firme.

El PP no ha profundizado más en el contenido de la sentencia, pero sí lo ha hecho el secretario provincial del PSOE de Cáceres, Miguel Ángel Morales, quien la considera «injusta», ya que a su parecer de las pruebas practicadas durante el procedimiento y exhibidas en el juicio «no se pueden acreditar los hechos» por los se condena a los alcaldes. Anuncia por lo tanto que desde el PSOE tienen la intención de recurrir «hasta donde haga falta» para conseguir la absolución de los regidores.

La sentencia emitida por la Audiencia Provincial establece como hechos probados que en junio de 2014 fue certificada la finalización de unas obras de recuperación de zonas degradadas en la comarca cacereña del Valle del Jerte, que consistieron en la clausura y recuperación de los vertederos de Tornavacas, Cabezuela del Valle, Rebollar, Navaconcejo y Cabrero, entre otros. A estos efectos, se remitió una carta a los alcaldes afectados, entre ellos los cinco acusados, «haciéndoles saber su obligación de control y supervisión municipal para evitar nuevos depósitos en lugares que no están legalmente autorizados».

Pese a esa advertencia, el tribunal considera que los acusados procedieron a la apertura de zanjas destinadas al destrío de cerezas sobre las superficies recuperadas por el proyecto antes mencionado sin recabar ningún tipo de autorización o permiso. También declara acreditado que durante su mandato como alcaldes «permitieron durante un tiempo amplio estos vertidos y no adoptaron medidas algunas que lo impidiesen».

En los casos concretos de Rebollar, Cabrero y Tornavacas los acusados, según la Audencia, «llegaron a estimular con colocación de carteles y el dictado de bandos municipales que los propios vecinos del pueblo o bien cualquier tercero interesado pudiese arrojar residuos en las zonas recuperadas».