El PSOE privatiza la política

El PSOE regional decidió ayer por unanimidad derogar la ley de enero de 2014, cuando gobernaba José Antonio Monago, por la que se limitó a no más de dos legislaturas consecutivas el periodo de permanencia en la Presidencia de la Junta de una misma persona. Esta norma, de continuar vigente, impide a Guillermo Fernández Vara optar a la Presidencia de la Junta en 2023. A partir de ahora, y toda vez que basta la mayoría absoluta socialista para suprimirla, el presidente no tendrá limitación para seguir postulándose al cargo que tiene.

Llama la atención la urgencia con que los socialistas quieren solventar este asunto, que saltó a la actualidad el pasado 31 de julio, con ocasión de la entrevista -la primera tras su reelección- que hizo el periodista de HOY Pablo Calvo a Fernández Vara, y en la que éste ya mostró su disposición a cambiar esa ley. Ayer, el portavoz regional, Juan Antonio González, insistió en la urgencia al señalar que la intención de los socialistas es acometer ese cambio «cuanto antes».

Desde el 31 de julio hasta hoy no he encontrado ningún argumento que invite a pensar que el PSOE desempolva este asunto por considerarlo importante para la política extremeña. La urgencia con que quiere aprobar la derogación de la norma de Monago, a pesar de que no urge porque estamos a cuatro años de las elecciones autonómicas y de que el mismo portavoz señalaba ayer que se trataba de un debate «ya superado por los ciudadanos», es una muestra más de que son los socialistas los únicos interesados en acometer ese cambio legislativo.

No estamos ante un asunto de interés general, sino particular, atajar las turbulencias sucesorias de los socialistas utilizando la Asamblea. Es la privatización de la política. El PSOE no se ha esforzado en disimularlo: podría haberle reconocido la importancia, al menos estética, que merece, pero no lo ha hecho a pesar de que le hubiera resultado fácil porque tanto los partidarios como los detractores de la limitación de mandatos tienen a su alcance argumentos sólidos para defender su posición apelando a intereses de vuelo más alto que los privados. Hay a mano de cualquiera ejemplos de democracias sólidas donde existe esa norma (Estados Unidos) y donde carecen de ella (Alemania). No es, por tanto, la piedra sobre la que descansa la salud del sistema democrático, pero tampoco «deteriora la democracia», como señaló ayer el portavoz socialista. En Extremadura, donde hemos tenido taza y media de caudillismo, el PSOE debería haber hecho un esfuerzo argumental suplementario para razonar la necesidad de cambiar esa ley evitando que los ciudadanos pensemos que podrían volver maneras de gobernar que creíamos felizmente superadas.

El PSOE se abstuvo cuando se aprobó la limitación de mandatos que ahora derogará. Incluso el entonces jefe de la oposición, Fernández Vara, dijo que le parecía «bien». En 2014, los socialistas no apreciaron ni «deterioro de la democracia» ni «una anomalía», como González dijo ayer. Ya se sabe: las palabras cambian según interese.