Juan Ignacio Gilete (alcalde de Santiago de Alcántara)

«No puedo llamar a un electricista porque sabe que no le vamos a pagar»

Un día antes, este lunes por la tarde en la Casa de la Cultura, este nuevo alcalde que salió de las elecciones del 28 de mayo había convocado a todo el pueblo «para explicar más detalladamente la relación de deudas y la situación en que nos hemos encontrado el Ayuntamiento», decía el comunicado. Allí se podían atender preguntas o mostrar facturas.

Según Gilete, historiador de formación que trabajaba en un centro de interpretación y llegado a la política de la mano del PSOE, nunca antes había visto a tantos vecinos en la Casa de la Cultura. «La sensación era de indignación total», resume sobre el ambiente que percibió en este municipio donde ha ejercido de alcalde los últimos doce años Eusebio Batalla, del PP, hasta que este año los socialistas sacaron cuatro de los siete concejales en juego. «Algo nos temíamos y por eso nos presentamos a las elecciones, pero no nos esperábamos esto ni que se debieran facturas desde hace cinco años».

Eusebio Batalla, anterior primer edil, niega la mayor. Defiende su gestión y aunque asume que hay deuda a proveedores «como en todos los ayuntamientos», asegura que cuando él dejó el cargo el 29 de mayo todas las nóminas de los trabajadores municipales estaban al día. Sobre el tamaño de la deuda, de más de un millón según cifra el nuevo alcalde socialista, Batalla explicó ayer que cuando él llegó al Consistorio en 2011 ya era de unos 700.000 euros, calcula. «Yo ya cogí una deuda muy grande por créditos de la anterior Corporación (...). Además hemos tenido que sumir gastos, como adecuar la residencia de mayores a la normativa o drenar el embalse y arreglar el muro de una presa cuando se vació y nos quedamos sin agua en el pueblo, lo cual fueron gastos extraordinarios muy altos», rebatió ayer.

Según su versión, las cifras que se acaban de dar a conocer a los vecinos no son reales ni están avaladas por el interventor. «Hay deuda, sí, pero no es cierto del todo. Es todo política, lo que están haciendo es una especie de 'vendetta'», indicó ayer a este diario.

Con este panorama su sucesor en el cargo, Juan Ignacio Gilete, critica que la nueva oposición que ahora encabeza Batalla no haya aparecido por los plenos más importantes. Entre ambos, reconoce el alcalde, tampoco hay contacto para que su antecesor pueda explicarle detalles de dónde viene semejante agujero en las cuentas.

Según explica Gilete, Ferias y Fiestas es el área donde más se ha derrochado dinero público. La población de Santiago de Alcántara ha contratado en ediciones anteriores grupos de música para el festival Folk que celebran cada año por 8.455 euros, otro por 5.324 y otro por 2.704; también orquestas para las fiestas patronales o luces de navidad, un dinero que luego el Ayuntamiento no abonaba, por eso solo en esta categoría deben 138.243 euros de los que solo 84.639 pertenecen a 'orquestas' fruto de una deuda que llegó a ser de 139.000 en 2019 y que estaban liquidando poco a poco. Al nuevo primer edil también le llama la atención, por ejemplo, «que un escenario se alquilara por seis días a 11.011 euros cuando después han comprobado que comprar esa misma instalación nueva sale por 15.000». Un asombro parecido han sentido cuando han consultado precios en empresas pirotécnicas para saber por qué el Consistorio debe 12.335 euros de los fuegos artificiales de 2022.

Pero si hay un capítulo que acapara más de la mitad de la deuda es el relativo a Administraciones y Bancos, donde la deuda que se explicó este lunes a los vecinos asciende a 574.279 euros de los que prácticamente la mitad son créditos. En el caso de los proveedores se deben 131.140 euros repartidos en conceptos que van desde los 85.112 euros que se adeudan a Iberdrola a los 1.635 que aún no han pagado a una monitora de meditación. Además, hay que sumar deuda a proveedores de alimentación (24.702 euros) y construcción (126.059 euros), según el documento repartido esta semana a los vecinos.

A la hora de divulgar todas estas cifras el nuevo equipo de Gobierno habla de un «ejercicio de responsabilidad y transparencia».