«No queda otra que la demolición completa»

Abogado con una larga trayectoria en la región, Ángel García Calle es también coordinador de la federación extremeña de Ecologistas en Acción, que junto a Adenex, llevó Marina Isla Valdecañas a los tribunales hace doce años.

-Sí, porque lo dice una sentencia del Tribunal Supremo que ratifica una anterior del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura, no porque lo diga Ecologistas en Acción. Es una urbanización declarada ilegal dos veces. Se construyó sobre una zona protegida, afectando de modo importante al medioambiente y contraviniendo la Ley del Suelo de Extremadura de aquel momento. La única salida es demoler.

-Es evidente, no podemos negarlo, que su construcción generó puestos de trabajo y riqueza. Pero hoy en día, no beneficia a la zona. Porque sigue afectando al medioambiente y cada vez lo hará más, tal como ha dicho la Estación Biológica de Doñana. Y porque es radicalmente mentira que el complejo esté creando empleo. En abril de 2014, el paro en Berrocalejo era del 100% (había 13 desempleados, según el dato de paro registrado del Servicio Público de Empleo Estatal). Y en El Gordo era del 60%, el doble que la media regional.

-El TSJ ya dijo que no le quedaba otra que aplicar la ley, y que por tanto, no puede tener en cuenta los datos socioeconómicos para decidir sobre la demolición. Que si los tomase, tampoco su decisión será distinta de la que propone Ecologistas en Acción. Al TSJ lo único que le queda es ejecutar la sentencia. No es de recibo que una empresa haga una obra ilegal en una zona protegida y no tenga que demoler porque implique a apellidos como Aznar o López Ibor. La ley es igual para todos.

-Lo que plantea la Estación, y nosotros desde un principio, es una restauración activa. Es decir, que la zona, que originariamente no tenía antropización, vuelva a ese estado de nula presencia humana, salvo espontáneamente a efectos de ganadería o similar. La Junta o a quien le corresponda, tendrá que hacer una inversión para conseguir esto. Además, el desmantelamiento, porque en Ecologistas en Acción no nos gusta hablar de demolición, supondría una inversión fuerte en la zona, según el estudio que hemos encargado a un grupo de arquitectos.

-No es eso lo que dice la Estación. (García lee a continuación un párrafo de la página 1.083 del informe). Dice que «la evidencia disponible sugiere que la isla contenía uno o más tipos de hábitats protegidos por la legislación europea. Antes de las obras, la isla tenía valor para las aves de la zepa, y en el interior de la misma había especies de plantas de interés biogeográfico y de conservación. Los hábitats de la isla eran potencialmente utilizables por el 72% de las aves terrestres de la zepa en época de reproducción y por el 61% en época invernal».

-No recuerdo que dijese eso, sinceramente. [En la página 1.082, el informe resume lo que ya planteó en la 263 y dice lo siguiente: 'Antes de las obras, la isla no destacaba por su calidad ambiental en comparación con otros hábitats terrestres abundantes en el entorno de la zepa']. En cualquier caso, lo que dice el dictamen es que el lugar merecía una protección, y que por eso estaba en una zepa. La Estación le pega un buen rapapolvo a la Junta por la falta de datos sobre la zona. Y parece increíble que en un lugar en el que se pretende hacer una urbanización así, no se hiciese antes un estudio de impacto ambiental serio. Aquí, la administración ha tenido una absoluta despreocupación por lo que se iba a hacer allí y por lo que se estaba haciendo. Se dejó caer en los brazos de los promotores pensando que aquello era la panacea económica para la zona, y no es así.

-No es lo que yo crea. Sencillamente, hay una sentencia que cumplir, nos guste o no. Con el informe de Doñana en la mano, el TSJ tiene poco margen de maniobra. No queda otra que demolerlo completo. La única posibilidad que yo contemplo, a título personal, no como representante de Ecologistas en Acción, sería llegar a un acuerdo con los promotores para que se demoliese lo que más daño hace, y tratar de mantener algo que sea aprovechable medioambientalmente. Quizás, el TSJ debía haberle planteado a la Estación si esto era factible.

-No. En absoluto. Porque nadie lo ha planteado. Si la Junta o los promotores hubieran sido listos, entre las preguntas a responder por la Estación habría incluido una sobre la posibilidad del derribo parcial.

-Porque la Junta y los propietarios no han querido. Cuando el Supremo confirma la sentencia del TSJ, los ecologistas planteamos la ejecución, y la Junta la inejecución. Lo que ha pasado desde entonces es alargar el tema, darle carrete a los propietarios, propiciar la política de los hechos consumados. Cuando la Junta y los propietarios y los ayuntamientos ya sabían que la urbanización era inviable legalmente, se siguieron vendiendo chalés, para que hubiera ocupados 180 en vez 100, y facilitar así una presión importante de los propietarios para intentar evitar la demolición. La mala fe ha presidido la actuación de propietarios, Junta y ayuntamientos desde el principio. Ya con la Declaración de Impacto Ambiental planteamos que aquello era ilegal. La Junta tenía que haber sido la primera en advertir la situación y paralizar las licencias. No se hizo, y eso es prevaricación. En Ecologistas en Acción plantearemos en su momento una querella contra los políticos que hicieron caso omiso a las sentencias que se estaban dictando y no tomaron ninguna medida cautelar para evitar que se siguieran ocupando aquellas viviendas.

-Efectivamente. A lo mejor la querella alcanza a todos esos diputados, porque esa reforma amparaba lo que se sabía que era ilegal. Y también afectaría a los técnicos.

-Decidido no está. Hay que esperar el auto del TSJ sobre la demolición o no. Queremos que ese procedimiento termine antes de iniciar otro.

-Cumplir las leyes. No podemos darnos unas leyes y luego moldearlas para un promotor, por muy ilustres que sean los apellidos que le acompañan. Y no solo me refiero a Valdecañas, sino también a la Legio que se está planteando ahora, y contra la que articularemos los recursos oportunos en el día de mañana.

-Totalmente. Cuando intervine en la Asamblea, invitado por el grupo parlamentario de Podemos, ya advertí que se estaba haciendo una ley 'ad hoc', para los inversores.

-Sí. Estamos convencidos.

-No lo sé. Puede ser. Pero los que hay los ha declarado la región, y si lo hemos hecho es porque obteníamos algún beneficio. Estudiemos si conviene que haya zonas que dejen de estar protegidas para darles otro carácter, pero en Ecologistas en Acción no consideramos que sean demasiados.

-El problema de estos proyectos es que se plantean en zonas protegidas o sensibles medioambientalmente, como Villuercas, Sierra de Gata o la zona de la Montaña de Cáceres. La Junta debería tener un plan sobre qué Extremadura quiere, si la industrializada como en el siglo XIX, con minería en algunos casos a cielo abierto, o una región orientada hacia el turismo verde y el desarrollo sostenible. Y debería acompañar las iniciativas con planes de empleo serios y planes de inversión para pymes. Si solo apostamos por darle dinero a (Alfonso) Gallardo, es muy difícil.