«Lo que quieren es recuperar su tutela y regresar a su país»

«Él en todo momento me dice que le gustaría ver a su hijo; lo que quieren es recuperar su tutela y regresar a su país», asevera Ángel Luis García Sanz, abogado de la defensa, sobre este hombre que llegó a España unos días después de las primeras detenciones. Cabe recordar que son otras cuatro las personas investigadas por este suceso: la madre biológica, de 28 años; la pareja, de 42 y 43 años, que supuestamente compró al bebé; y el hermano del varón detenido unas horas después, todos ellos, de nacionalidad rumana.

Supuestamente, el hombre de 42 años habría confesado la compraventa en su primera declaración a la Policía Nacional. «La Policía ha ratificado su versión, nosotros estamos en contra ya que en ningún momento mi representado ha confesado nada, no reconocemos los hechos que se le imputan», insistía este miércoles el letrado que añadió que los médicos «no han aclarado nada» con su declaración.

En relación al testimonio de este quinto investigado, el padre biológico del bebé, argumentó en sede judicial que su idea era venir a vivir a España, «pensando que era mejor dar a luz aquí porque las condiciones sanitarias son mejores y querían quedarse a trabajar, pero ahora solamente quieren regresar con su hijo».

El menor sigue con una familia de acogida, mientras que se mantienen las medidas cautelares sobre el matrimonio y la madre gestante que están en la libertad provisional con obligación de comparecer en el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes, así como la retirada del pasaporte y la prohibición de acercarse al recién nacido a menos de 150 metros.

Con la declaración del quinto investigado se da por concluida la instrucción de este caso a la espera de que el fiscal califique los hechos. «Iremos a juicio si realmente se estima que se ha producido algún delito», sostiene García Sanz.

Cabe recordar que la investigación se inició la madrugada del 28 de marzo cuando una mujer de 28 años dio a luz a un varón. Los trabajadores del centro hospitalario avisaron a la Policía Nacional por las sospechas surgidas, al comprobar que los datos que aparecían en la filiación de la madre no coincidían con su aspecto físico. Según pudo conocer entonces este diario, uno de los detalles que despertaron sospechas es que la madre natural no estaba operada de apendicitis, tal y como aparecía reflejado en la documentación.

El matrimonio reside en Don Benito desde hace veinte años, pero según los primeros datos de la investigación que han trascendido, la compraventa se pactó con la madre gestante en Rumania a cambio de la cantidad de 2.000 euros. Así, están acusados de un presunto delito de adopción ilegal y de falsedad documental. Se enfrentan a una pena máxima de ocho años.