La rebaja de la protección del lobo en la UE añade incertidumbre al futuro de la especie en la región

El cambio no obliga a los estados a nada, pero sí les da más flexibilidad para decidir sus políticas de control poblacional, que en esencia se hace cazando. Ahora está en la mano de cada país decidir cuál es su estrategia. Precisamente España fue el único que votó en contra junto a Irlanda, ya que la premisa del gobierno de Pedro Sánchez en este capítulo es fomentar la convivencia del 'canis lupus' con el medio rural en general y la ganadería extensiva en particular.

«Estamos en contra de la decisión, que la Unión Europea toma por la presión de algunos gobiernos europeos que se hacen eco de demandas de los sectores cinegético y ganadero», apunta Alejandro Palomo, presidente de la Sociedad Extremeña de Zoología (SEZ). «La directiva Hábitat de la UE –explica– establece que no se puede autorizar la caza de una especie estrictamente protegida, y sí se puede hacer con una que esté catalogada como protegida. Pese a esto, lo cierto es que en nuestro país se están cazando en varias comunidades autónomas, algo que está denunciado por varias asociaciones».

Palomo aporta otra clave. «El cambio –asegura– trata a todos los lobos por igual, sin tener en cuenta a las subespecies». «España es el país con más lobos, unos dos mil, más unos trescientos en Portugal, y solo en la Península Ibérica habita el lobo ibérico, con el que debería hacerse una excepción».

Otra opinión tienen en el sector cinegético. «Celebramos la decisión, que supone apostar por la convivencia del lobo con la ganadería y otras actividades del medio rural», valora la Fundación Artemisán, una organización privada sin ánimo de lucro que defiende «el aprovechamiento sostenible de especies cinegéticas» e integra a las federaciones de cazadores.

«Es un gran paso adelante –añade– hacia un modelo que tenga en cuenta la situación real de las poblaciones de la especie, dejando de lado argumentos ideológicos alejados de los criterios científicos y técnicos». «De hecho –abunda–, sorprende que sea España, el país con mayor población de lobo, el único que se ha mostrado contrario a flexibilizar su estatus, haciendo caso omiso al aumento de las poblaciones registrado en los últimos años, cifrado en un 26% en el informe de la Fundación Artemisán con datos regionales y remitido a la Comisión Europea».

¿Y qué dice ese informe sobre Extremadura? Lo siguiente: «No se reconoce en ella la existencia de ninguna manada estable de lobo, pero ya desde el año 2020 la Junta confirma la existencia de individuos en zonas limítrofes con Ávila y Portugal». Aporta un dato: en el año 2021 se estimaron cero manadas y diez individuos.

Tiene más cifras Fondenex (Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura). «En la provincia de Badajoz hubo ejemplares de 'canis lupus signatus' (lobo ibérico) en Cornalbo hasta 1960 y en sus sierras centrales de Hornachos y Oliva de Mérida hasta 1963», desgrana Francisco Blanco, presidente del colectivo conservacionista. «En la provincia de Cáceres –continúa–, existieron en la Sierra de Gredos hasta 1960, cuando se cazaron los últimos en Madrigal de la Vera. En las sierras del Tajo, en Monfragüe, los últimos lobos se capturaron en 1964. En Villuercas sobrevivieron hasta 1966. En la frontera con Portugal, en la zona de Zarza la Mayor, sobrevivieron hasta 1969, y en 1971 se exterminaron en Las Hurdes y Sierra de Gata. Por último, a finales de los años noventa desapareció la última población estable de la región, en la Sierra de San Pedro, donde sobrevivían a duras penas unas tres decenas de ejemplares».

Las últimas noticias oficiales son de febrero del año 2022, cuando la Junta informó de que un laboratorio portugués al que había enviado varias muestras recogidas en la región confirmó la presencia de al menos un ejemplar avistado en el término municipal de Villanueva de la Vera, en la zona más alta de la Sierra de Gredos, lindando con Ávila.

«Es importante destacar que en Extremadura no tenemos detectada la presencia permanente del lobo», valora la Junta. «No obstante –añade la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible–, si esta decisión (la rebaja de la protección) va encaminada a favorecer el trabajo de los ganaderos y es en pro de su labor, para la Junta es una buena decisión».

«La decisión de la UE es importante porque dará a los estados más opciones para gestionar las poblaciones de la especie, pero en España esa gestión no es posible porque el lobo ibérico está incluido en el LESPRE (Listado de Especies de Protección Especial), con lo que esta novedad no tendrá repercusión en nuestro país», sitúa José María Gallardo, presidente de la Federación Extremeña de Caza. «Esa inclusión en el listado –sigue– fue una decisión política, impulsada por el Gobierno central y apoyada por las comunidades entonces mayoritariamente del mismo signo político. Se tomó tras una votación en la que participaron todas las comunidades, entre ellas varias donde no hay lobos, como Canarias, Baleares, Murcia o Valencia, entre otras. Ganó el sí con una diferencia de una autonomía».

Según la Fundación Artemisán, desde su inclusión en ese Listado, los ataques al ganado aumentaron un 33%.

También aplaude el cambio la organización agraria Asaja Extremadura. «Ayuda a restablecer el equilibrio entre el mantenimiento del lobo, que es necesario para los ecosistemas, y las necesidades de los ganaderos», opina su presidente, Ángel García Blanco. «Al lobo, que no está tan amenazado, hay que controlarlo, porque si se desmanda, el perjudicado es el ganadero, que es el sostén del mundo rural. Sin ganaderos, no existirían muchos pueblos», amplía García Blanco, que asegura que en la región sí se han producido ataques de lobos al ganado. «La directora general de Conservación de la Junta pudo comprobarlo con sus propios ojos en Cedillo», afirma el representante de Asaja.

Según Fondenex, «la conservación del lobo no se puede hacer a costa de los ganaderos, por lo que la administración debe tener un presupuesto para pagar posibles daños a precio de mercado, como mínimo», expone Francisco Blanco, que además, pone un ejemplo. «La Comunidad de Madrid –detalla– paga hasta 500 euros por oveja o cabra, y mil por vaca o caballo cuya muerte se pruebe fehacientemente que ha sido causada por lobos».

Alejandro Palomo introduce otra variable en el análisis: el Plan de recuperación de la especie. «La normativa –explica el presidente de la SEZ– dice que todas las especies en peligro de extinción deben tener uno, y en Extremadura no lo tiene. Se hizo un intento en la anterior legislatura, con un programa Life de la UE, pero la Junta actual cambió el criterio y sacó al lobo de ese Plan, que limitó al lince ibérico».

Y a este complejo panorama hay que sumar dos sentencias recientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ambas del pasado mes de julio. Una sobre un caso en Austria que veta la caza del lobo mientras su situación poblacional sea desfavorable. Y otra que considera que la norma de Castilla y León que autoriza su caza va contra la directiva comunitaria de protección de hábitats. En definitiva, un escenario marcado por la incertidumbre sobre futuro de la especie en Extremadura, España y Europa.