La recuperación impulsa las cuentas públicas extremeñas

El sistema de financiación se basa en el reparto entre las comunidades de una serie de fondos y de su participación en la recaudación por impuestos como el IVA, asociado al consumo, y el IRPF, vinculado fundamentalmente al empleo. Para ello, el Ministerio de Hacienda elabora una previsión de ingresos y consigna unas cantidades mensuales para cada región, que se conocen como entregas a cuenta. En realidad no son más que anticipos. Cuando se conocen los ingresos reales, lo que tiene lugar dos años después, se realiza una liquidación definitiva. Si recibieron de más, los gobiernos regionales deben devolver dinero. Si la Administración central se quedó corta, debe abonar la diferencia.

Para entender las previsiones de 2024 hay que remontarse a 2020 y los efectos del covid. Las entregas a cuenta de ese ejercicio se calcularon en función de la evolución económica, que apuntaba a una senda de crecimiento. Pero la pandemia trastocó las previsiones y hundió la recaudación, sobre todo en los impuestos vinculados al consumo, como el IVA, debido primero al confinamiento y después a las limitaciones a la movilidad. Y la paralización de la actividad afectó al empleo y por tanto al IRPF, aunque medidas como la financiación de los expedientes de regulación temporales minimizaron su impacto.

Sin embargo, el Gobierno decidió mantener sus previsiones de recaudación para 2020 y con ello las entregas a cuenta para las comunidades autónomas, que de esa forma tuvieron dinero para sostener sus servicios, especialmente la sanidad. A esto se sumó un fondo adicional para hacer frente al covid.

Dos años después llegó otra ayuda adicional. Como se ha explicado, las comunidades reciben un anticipo por la recaudación prevista y cuando se conocen los ingresos reales hay que ajustar cuentas. En 2020 tuvieron más de lo que les correspondía porque se mantuvieron las previsiones pese al covid. Pero como cayó la recaudación por la pandemia, tenían que devolver ese dinero en 2022. Sin embargo, el Gobierno decidió condonar esa deuda. Para la Junta de Extremadura supuso un ahorro de 213 millones de euros, cantidad que pudo destinar a mantener los servicios públicos sin recortes.

En 2021 y 2022 se mantuvieron además los fondos covid y en ese último año también se percibió una compensación de 93 millones de euros por la reforma del IVA de 2017, que supuso una merma de ingresos para todas las comunidades autónomas.

Todo esto permitió que la crisis por la caída de ingresos por la pandemia no se reflejara en las cuentas públicas. Algo a lo que también han contribuido los fondos europeos de recuperación, que aún no han desplegado todos sus efectos pero que ya han sido consignados en los Presupuestos regionales. Estas medidas de política económica contrastan con las que se produjeron diez años antes, tras la crisis financiera. En aquel momento se optó por ajustar el gasto y realizar recortes, lo que se tradujo en una caída del empleo y del consumo, con el consiguiente efecto en el IRPF y el IVA. Sin embargo, ante el covid se decidió inyectar más fondos públicos en la economía, aunque fuera a costa de elevar el endeudamiento.

Sin duda, esa palanca ha contribuido a que la recuperación tras la pandemia sea más rápida de lo esperado, lo que ha llevado a disponer todavía de más fondos del sistema de financiación. Los ingresos por los tributos gestionados por la Agencia Tributaria (entre ellos IRPF e IVA) cayeron un 8,8% en 2020 respecto al ejercicio anterior. Esto condicionó el cálculo de las entregas a cuenta de 2021, un año para el que además se esperaba un crecimiento económico moderado por el efecto de la pandemia.

Pero no fue así, sino que hubo un crecimiento de la recaudación del 15% respecto a 2020 (del 5% sobre 2019, mejorando por tanto las cifras antes del covid). Esto hizo que la liquidación de 2021 por el sistema de financiación autonómica, que se ha practicado este año, haya sido favorable a las comunidades autónomas. Extremadura ha recibido este ejercicio una aportación adicional de 264,6 millones de euros por lo que debería haber percibido realmente ese año.

En 2022 ocurrió lo mismo. Hubo una previsión modesta todavía condicionada por las malas cifras de 2020. Pero el crecimiento fue de nuevo mayor de lo esperado, con un 14,4% más de recaudación que en 2021. La recuperación económica impulsó además la subida de los precios, a lo que también contribuyó la guerra en Ucrania, y con ello los ingresos por IVA. Y con más actividad y subidas salariales, como en el sector público, también creció el IRPF.

En consecuencia, los ingresos en 2022 fueron otra vez mucho mayores de lo previsto. Y la liquidación del sistema de financiación de ese año se hará el próximo ejercicio. De ahí que el proyecto de Presupuestos extremeños para el próximo año prevé recibir por ese concepto 582 millones de euros, 318 millones más que este año. Y como la previsión de crecimiento económico sigue al alza, contará por las entregas a cuenta con casi 300 millones más que en 2023.

En resumen, durante la crisis del covid las Administraciones públicas dispusieron de fondos adicionales para sostener su actividad. Esto compensó la caída de la recaudación y permitió acelerar la recuperación. A su vez, esa merma de ingresos condicionó las entregas del sistema de financiación, que debido a la reactivación se quedaron cortas en 2021 y 2022. Y esto se traduce en una liquidación positiva que ya se ha hecho notar en 2023 y será aún mayor en 2024.

En líneas generales, lo ocurrido con las comunidades autónomas vale también para explicar el aumento de ingresos previsto el próximo año por las entidades locales, aunque su sistema de financiación es distinto.

En las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de más de 75.000 habitantes o que sean capitales (en la región, por tanto, son Badajoz, Cáceres y Mérida) se emplea un sistema de cesión de un porcentaje de la recaudación por los principales impuestos (entre ellos IVA e IRPF) más un fondo complementario. Para el resto se calcula una participación que depende de la evolución de los ingresos estatales. Ambos casos, por tanto, se ven beneficiados por la recuperación económica. Y también por la liquidación con dos años de desfase.

El mejor ejemplo se aprecia en la Diputación de Badajoz. Sus cuentas para 2024 llegan a casi 311 millones de euros, un 9,6% más que este ejercicio. La entidad principal, sin los órganos dependientes, tendrá casi 204 millones, 5 más que en 2023, pero no es mayor por la caída en transferencias para inversiones. Por el contrario, las transferencias corrientes suben en más de 18 millones. Y especialmente el Fondo Complementario de Financiación, que pasa de 149,6 millones este año a 170,6 el próximo. El pasado año esta partida fue de 138,5 millones, por lo que en apenas dos ejercicios habrá crecido más de un 23%. Una muestra más de los efectos de la recuperación y el alza de los precios en los Presupuestos de las Administraciones públicas extremeñas.