La decisión del Ayuntamiento de Acehúche de celebrar un referéndum para preguntarle a sus vecinos si quieren seguir adelante con el trámite para que la fiesta local de las Carantoñas sea declarada de interés turístico internacional tiene en Extremadura varios precedentes equiparables. Son casos de ... consistorios que ante un asunto controvertido de interés municipal controvertido, optaron por pedir opinión a los residentes, unas veces cumpliendo el trámite legal establecido, como ha hecho ahora el gobierno local socialista de Acehúche, o por la vía informal, que las más de las veces consiste en habilitar una urna en alguna sede pública, usualmente el edificio consistorial.
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En el año 2013, Villar del Rey se encontró con un jaleo urbanístico que resolvió mediante una consulta popular. Se trataba de aclarar qué quería el pueblo que se hiciera con 'El ejido de la horca', un terreno municipal de 1,6 hectáreas que una corporación anterior había cedido a Urvipexsa, empresa dependiente de la Junta de Extremadura, para que construyera sesenta viviendas de protección oficial a sesenta mil euros cada una. Tras acordarse la cesión, el Gobierno regional informó al ayuntamiento de Villar del Rey de que esta no era posible, porque los terrenos no eran municipales sino comunales, o sea, de todos los vecinos. La cuestión era más compleja aún, porque cuando se convocó el referéndum, las obras ya habían comenzado, lo que llevó a quien había hecho la inversión, o sea, a la Junta, a reclamar 400.000 euros en el caso de que no pudiera seguir adelante con el proyecto.
Como el episodio no fuera lo suficientemente complejo, se complicó aún más tras la votación. Porque ocurrió que las dos opciones posibles (ceder los terrenos o no hacerlo y asumir la indemnización a la Junta para recuperar luego ese dinero vendiendo una parte de la finca) obtuvieron los mismos apoyos. O sea, un empate. 220 votos a favor y 220 en contra. Unos días después, en la segunda convocatoria, el asunto ya sí quedó resuelto. Los vecinos decidieron que no cedían el terreno. El motivo de la oposición, según explicó el alcalde de entonces, fue que las viviendas iban a costar 90.000 euros en vez de los 60.000 anunciados, y que en las obras no estaba trabajando gente del pueblo.
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Cuatro años más tarde, en 2017, el ayuntamiento de Aldea del Cano convocó un referéndum legal, o sea, autorizado por el Consejo de Ministros como se ha hecho ahora con el de Acehúche. La pregunta que se planteó entonces fue cuándo querían los habitantes de la localidad que se celebrara la romería, si el segundo domingo de mayo o el segundo sábado de ese mismo mes. Al año siguiente fue Guadalupe quien optó por la vía de la consulta popular autorizada por el Consejo de Ministros. Entonces fue para que los vecinos eligieron la ubicación del mercadillo entre las dos opciones posibles.
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Otro ejemplo más: Aldeacentenera, también en el año 2018. 'Aldeacentenera hace una consulta popular sobre la defensa de su PAC', titulaba el HOY del 20 de octubre de ese año. La noticia informaba de que las alternativas eran apoyar los acuerdos pactados con el Servicio Extremeño de Salud, o por el contrario, abandonar las negociaciones y optar por movilizarse para reclamar que el Punto de Atención Continuada se mantuviera en las mismas condiciones con que venía funcionando.
Y un último caso, el más mediático e importante. Uno que ocupó decenas de informaciones en la prensa regional y nacional. Y más reciente. En concreto, se celebró el 20 de febrero de 2022 y todavía hoy se habla de él. Fue la consulta popular autorizada por el Consejo de Ministros en la que los empadronados en Don Benito y Villanueva de la Serena votaron para decidir si las dos poblaciones querían unirse y formar así la tercera ciudad extremeña por población. Ganó el sí, pero la fusión no se ha hecho porque las elecciones municipales de mayo del año pasado colocaron en el poder a 'Siempre Don Benito', partido cuya bandera electoral principal era su negativa a esa fusión.
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