La reordenación de las líneas de autobús enfrenta a la Junta y Transportes

Transportes lleva años trabajando en un nuevo mapa concesional. Un estudio elaborado por la consultora pública Ineco, presentado en 2022, recoge que el diseño actual lleva sin cambios más de treinta años y ofrece relaciones no funcionales, implantadas a partir de peticiones de los operadores, lo que supone muchos añadidos. De los 79 contratos, sólo 25 son rentables; y había 44 caducados y siete anulados. Además, cerca del 20% de los viajeros son de conexiones dentro de una misma región.

La Ley de Movilidad Sostenible, en fase de tramitación, recoge la obligación de diseñar ese nuevo mapa en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta norma y mediante un acuerdo del Consejo de Ministros. Asimismo, el texto recoge que las concesiones estatales tendrán preferentemente origen y destino en capitales de provincia o en poblaciones principales; y que las paradas intermedias serán también en las poblaciones principales del itinerario. comprendidos en el territorio de una comunidad autónoma.

El consejero extremeño de Infraestructuras y Transportes explicó ayer que el ministerio ha iniciado una ronda de contactos con las comunidades autónomas para dar a conocer su propuesta, que consiste en pasar de 76 concesiones nacionales a 22. En el caso de Extremadura, el encuentro tuvo lugar el pasado 16 de mayo, con una propuesta «bastante cerrada» para la región.

Según el Gobierno regional, de esos 22 nuevos corredores sólo dos pasarían por Extremadura, uno vinculado a la Ruta de la Plata y otro para las conexiones entre Madrid y Badajoz. A esto se sumaría un pequeño ramal de la línea con Salamanca y Ávila para dar servicio a Coria y localidades del norte de Extremadura. En la web del Ministerio de Transportes se recoge que, de 77 contratos nacionales actualmente en vigor, una decena pasa por Extremadura, de los que siete tienen la concesión caducada.

Martín Castizo expuso que el Ministerio de Transportes estima que este cambio afectaría a 219.000 viajeros de la región. Pero recalcó que para ello ha usado datos de 2019, antes de la pandemia y por tanto de las medidas implantadas en los últimos años para el fomento del transporte público, como los abonos gratuitos. Para la Junta de Extremadura, la modificación perjudicaría a 427.000 usuarios.

El consejero apuntó que los cambios afectan a 164 municipios que suman más de 800.000 habitantes, un 75% de la población regional. En 126 localidades la supresión sería total, dejando sin paradas a pueblos que en algunos casos tienen en estas rutas su única posibilidad de acceso al transporte público. Puso como ejemplo que los más de 17.000 viajeros que en 2019 usaron la ruta de Madrid para ir de Cáceres a Navalmoral de la Mata se quedarían sin servicio. Igualmente, los vecinos de La Albuera que quieran ir a Sevilla deberían trasladarse a Badajoz para coger un autobús «que después pasaría por la puerta de su casa».

«La Junta no aceptará esta propuesta ni cualquier otra que nos deje más aislados», afirmó el consejero, quien pidió al ministro de Transportes que reúna a la conferencia sectorial y se explique la reforma ante todas las comunidades autónomas, no con reuniones bilaterales.

Asimismo, ha enviado una carta a los alcaldes de las localidades afectadas para que acudan a una reunión este jueves día 6 con el objetivo de informarles de la situación y tratar de coordinar acciones conjuntas. «Debemos ir todos de la mano», apuntó.

El Gobierno regional pide a Transportes que «tire a la basura esta propuesta» y elabore un mapa en el que no sólo se tenga en cuenta la viabilidad económica, sino también la social. «No vamos a permitir este recorte», añadió Martín Castizo, quien indicó que la Junta no descarta acudir a los tribunales.

Por su parte, Transportes afirma que «no se van a eliminar rutas de autobús», sino que se está trabajando en un rediseño del mapa actual de concesiones para determinar qué Administración Pública debe ofrecer ese servicio.

Tras las quejas mostradas por el consejero de Infraestructuras, el Ministerio de Transportes afirma que no se suprimirá ningún servicio, sino que cambiará la Administración que estará encargada de prestarlo.

«Se está trabajando en rediseñar el mapa concesional para redistribuir la titularidad de las rutas entre el Estado y las comunidades autónomas en función de la naturaleza de la demanda y funcionalidad de cada una para ofrecer un servicio más eficiente y eficaz», apunta.

De esa forma, considera que deben ser los gobiernos regionales los que asuman el servicio, principalmente en aquellas relaciones que están incluidas en contratos estatales pero que en realidad son relaciones interiores de las comunidades autónomas.

El Ministerio recalca que el Gobierno aportará 25 millones de euros a las comunidades como compensación por asumir «las rutas de naturaleza intrautonómica». A esto se suman otros 15 millones por los ingresos que genera su explotación. Pero no define cómo se repartiría ese dinero por cada territorio, una propuesta que está trasladando a los gobiernos regionales por separado.

El Gobierno ha ofrecido a la Junta de Extremadura una compensación de 900.000 euros por la supresión de rutas de autobús en la región correspondientes a concesiones estatales. A su juicio, no se trata de un recorte de servicios, sino de que las comunidades autónomas asuman las conexiones interiores en su territorio. Pero eso implica un coste añadido para las Administraciones regionales, por lo que ofrece una compensación que, en el caso de Extremadura, sería de 900.000 euros. Para el Ejecutivo autonómico se trata de una cifra insuficiente, ya que no cubre el gasto y además se trataría de un pago único, no de una cantidad que se abonaría todos los años.