Las residencias de mayores privadas piden a la Junta más dinero para concertar plazas

Esta entidad aglutina a 22 empresas que gestionan 27 residencias de mayores de la región, con 1.500 trabajadores y 3.000 camas, entre las que se encuentran la mayoría de las concertadas por la Junta de Extremadura.

En el último concurso público el Sepad sacó 1.160 plazas a concierto, para poder dar respuesta a una demanda que supera la oferta de plazas públicas. De ese total de plazas, las residencias que integran Asorex asumieron en 2022 el 82% (950 plazas), y otras empresas que operan en la región, las 210 restantes.

La duración del contrato firmado entonces estableció una duración de tres años prorrogables otros dos. «Pero no queremos esa prórroga y lo que pedimos es un nuevo concurso en 2025 con un nuevo pliego de condiciones», resume Juan Carlos Campón.

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«El motivo es la situación agónica en la que nos encontramos las residencias privadas, porque el dinero que recibimos de la Junta por cada plaza concertada no alcanza los costes», argumenta.

Las plazas que concierta la administración son de cuatro tipos, en función de las necesidades y cuidados sanitarios que requieren los usuarios. De las 1.160 plazas concertadas en la actualidad, la mayoría, casi 800, corresponden al tipo 3. «Salieron a concurso con un precio de 48 euros por día y se adjudicaron por debajo de 40», afirma el presidente de Asorex. «Un precio que no se ha modificado a pesar del incremento de costes, energéticos y de alimentación, especialmente, que se han producido, y el aumento también que ha habido en las retribuciones salariales».

De hecho, «lo que la Junta nos paga por cada plaza de tipo 3 es una media de 1.200 euros al mes, y la realidad es que su coste mensual se sitúa en un mínimo de 1.400 euros», asegura José Luis Palomares, del Grupo Ciudad Jardín, socio de Asorex y propietario de una decena de residencias en la provincia de Cáceres. De ellas, siete son privadas y tres municipales, pero en dos de ellas ya no cuentan con plazas concertadas.

«No concurrimos al último concurso, que se adjudicó en 2022, pero que salió en plena pandemia porque los números ya no cuadraban, porque los precios eran bajos y la inflación y el aumento de costes se estaba produciendo», recuerda Palomares. «No tomamos la misma decisión para todas, y concurrimos al concurso para tener plazas en algunas residencias para que usuarios que llevan años con nosotros pudieran seguir», explica. «Pero los números no cuadran, es urgente que se modifique el sistema de conciertos».

Especialmente, ahonda José Luis Palomares, porque a pesar de la distinción que se hace con respecto a la tipología de las plazas que concierta la administración, «el 90% de los usuarios de las residencias son personas dependientes y cada vez más; es decir, esta situación, lejos de reducirse, va a más».

La prolongación de la esperanza de vida está detrás de la realidad que se da cada día en las residencias de mayores. «Las personas viven más, pero a medida que cumplen años sufren más patologías, la mayoría se cronifican y, por tanto, los cuidados y servicios que requieren también van en aumento».

De ahí que desde Asorex se insista en que se ponga en marcha un nuevo modelo de conciertos que contemple esta realidad y que asuma los costes económicos que precisa.

«De lo contrario, en los próximos concursos habrá plazas que queden desiertas y que no se puedan concertar porque, simplemente, no podemos seguir perdiendo dinero», deja claro el responsable del Grupo Ciudad Jardín, con residencias también en Toledo y Guadalajara.

Tanto Campón como Palomares aseguran que cumplirán con los conciertos firmados. «Es un compromiso que hemos adquirido y estamos hablando de personas, así que daremos el servicio hasta el final». Pero reclaman que ese final sea en 2025 y no se prorrogue más allá.

«No podemos continuar más tiempo en esta situación agónica; una prórroga sería algo catastrófico», insisten. «Es preciso que se trabaje ya en nuevo pliego de concertación», demandan. El objetivo prioritario es que el precio pierda peso en los criterios de baremación. «Porque no se puede continuar con un mercadeo que perjudica al sector, porque la atención de calidad a la persona debe primar sobre cualquier otra consideración», resume el presidente de Asorex.

Con este fin han presentado a los responsables del Sepad un estudio comparativo con la concertación que se da en otras comunidades autónomas «para poner de manifiesto que el cambio es posible». Asorex reclama un modelo en el que se fije un precio por plaza que impida que se pueda licitar por debajo de él, «para garantizar precisamente que se mantiene una atención de calidad», y que el nuevo pliego recoja también la posibilidad de revisar esos precios. «De tal manera que si se produce un incremento notable en los costes, como el que hemos sufrido en los últimos años, en el que los gastos corrientes han aumentado un 25% y las retribuciones salariales un 16%, las tarifas se puedan revisar al alza», zanja Juan Carlos Campón.