Los residentes en pueblos de menos de 3.000 habitantes tendrán una deducción del IRPF

Los residentes en localidades de menos de 3.000 habitantes de Extremadura podrán beneficiarse de nuevos beneficios fiscales, que formarán parte de la Ley de medidas contra el reto demográfico gracias a un acuerdo de última hora entre PSOE y PP.

Esta norma plantea un marco de actuación general para combatir la despoblación. En su mayor parte, sienta las bases para asegurar una misma calidad en la prestación de servicios en todas las localidades de la región. Pero también incluye medidas concretas, como garantizar el funcionamiento de los colegios rurales en localidades que cuenten al menos con cinco alumnos o incluso menos en función de la demanda prevista.

También recoge beneficios fiscales, entre ellos que la compra o rehabilitación de una vivienda en una localidad de menos de 3.000 habitantes tendrá una deducción del 10% en el impuesto sobre la renta, así como tipos reducidos en transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Esta ley fue presentada por los cuatro grupos con representación parlamentaria, lo que aseguraba un alto grado de consenso. Durante la fase de presentación de enmiendas PSOE, Ciudadanos y Unidas por Extremadura acordaron varias modificaciones, pero el PP hizo varias propuestas que no han sido admitidas.

El pleno de hoy en la Asamblea debate el texto final de la propuesta de ley y durante la sesión el PSOE ha presentado tres transaccionales (enmiendas que modifican otras enmiendas) a otras tantas iniciativas del PP. El diputado popular Diego Sánchez Duque ha anunciado que aceptará dos de ellas, con lo que se incorporan al texto definitivo de la ley.

Una de las medidas recoge que los contribuyentes con residencia habitual en localidades de menos de 3.000 habitantes podrán deducir el 15% de la cuota íntegra autonómica, la cantidad sobre la que se aplican las deducciones y que determina el resultado final a devolver o a ingresar. Para ello, se exigirá que las sumas de la base imponible general y del ahorro no superen los 28.000 euros en tributación individual y 45.000 euros en conjunta. Estas cantidades son las que marcan la renta disponible sobre las que se aplican los tipos del impuesto.

Junto a esto, el PP ha aceptado otra propuesta del PSOE que consiste en que los residentes en poblaciones de menos de 3.000 habitantes tendrán esos mismos límites de la base imponible general y del ahorro, 28.000 euros en la declaración individual y 45.000 en conjunta, para acogerse a las deducciones autonómicas por partos múltiples, cuidado de familiares discapacitados o hijos de hasta 14 años, viudos, compra de viviendas por jóvenes o víctimas del terrorismo, alquiler de vivienda habitual y material escolar. Actualmente, el tope está fijado en 19.000 euros en tributación individual y 24.000 en conjunta. Esto hará que muchas más personas puedan acogerse a esos beneficios fiscales. Además, en el caso de familias numerosas no habrá ningún límite.

Sánchez Duque ha señalado que la intención del PP es que la ley no fuera solo una declaración de intenciones, sino que contuviera medidas concretas. De ahí que planteara enmiendas, especialmente en materia fiscal, sobre las que se ha podido llegar a un acuerdo de última hora con el PSOE a pesar de que su redacción inicial era más ambiciosa.

Por su parte, el diputado socialista Carlos Labrador ha recalcado el mensaje de consenso que se traslada con la aprobación de esta ley. En cuanto a la fiscalidad diferenciada en función del número de habitantes y la renta disponible, ha destacado que pretende incentivar la economía con una discriminación positiva en zonas rurales.

Fernando Rodríguez, de Ciudadanos, ha subrayado el carácter excepcional de la ley contra el reto demográfico, ya que parte de un consenso entre los grupos parlamentarios que no ha sido fácil de conseguir. A su juicio, esa es la mejor medida de la nueva norma.

Por último, Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, también ha incidido en la importancia del consenso, para lo que su grupo ha debido renunciar a enmiendas. También ha afirmado que la despoblación no solo se combate con medidas fiscales y que los impuestos son necesarios para pagar los servicios públicos.

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