La resurrección de Valdecañas

De tiempo en tiempo el caso de la Isla de Valdecañas reaparece en la prensa. Nos habíamos olvidado del famoso complejo turístico cuando una nueva noticia viene a recordarnos que el asunto no está ni mucho menos resuelto. Les refresco la memoria: la isla de Valdecañas es una urbanización de lujo promovida hace más de una década y que fue considerada ilegal por los tribunales después de que una organización ecologista presentase una demanda por considerar que el proyecto no respetaba las normas de protección ambiental de la zona. Tras una larguísima tramitación judicial los jueces dieron la razón a los demandantes y dictaminaron que el proyecto se había levantado no se ajustaba a derecho. Caso juzgado.

Sin embargo, antes de ordenar la demolición de las viviendas, el hotel y el complejo en su conjunto los jueces decidieron pedir un informe a la Estación Biológica de Doñana sobre el impacto en la población de aves de la zona. Porque hay quien argumenta que el complejo no solo no ha dañado la fauna, sino que la ha favorecido.

Hace más de tres años que se pidió ese informe y todavía no se ha entregado. Tampoco se han dado explicaciones de por qué es preciso un plazo tan largo para evaluar la situación de la avifauna y las consecuencias ambientales de derruir o conservar el complejo turístico.

El resultado de esta demora es que se mantiene empantanado un asunto que tenía que estar resuelto hace años y se alarga sine die la inseguridad jurídica. Quien posee una vivienda o un negocio allí no sabe si se la acabarán tirando; quien tiene un trabajo ligado al complejo no tiene ni idea de si lo perderá; y los pueblos beneficiados por la actividad turística -El Gordo y Berrocalejo, principalmente- y que han ganado población gracias a él, tampoco saben cuánto durará la incertidumbre.

¿De verdad la justicia española no tiene herramientas para resolver con más rapidez asuntos que afectan a la vida y la hacienda de las personas? ¿Tenemos que resignarnos a que un pleito se demore más de una década en los juzgados?

Si un Estado de Derecho se caracteriza por algo es por la seguridad jurídica. Hay unas leyes aprobadas democráticamente y un sistema judicial que garantiza que se respetan. Sin embargo, ese principio es inservible cuando la dilación para dictar sentencias produce más daño del que debería evitar. No se puede estar diez sin saber a qué atenerse.

La resurrección del caso de la Isla de Valdecañas ha coincidido con otra resolución judicial que también afecta a la seguridad jurídica: la sentencia sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas, los bancos o los clientes. La desastrosa gestión que ha hecho el Tribunal Supremo del asunto ha dado lugar a que se levanten sospechas sobre la independencia del poder judicial. Y eso es muy grave porque daña la confianza que los españoles depositamos en los jueces y tribunales. Los ciudadanos necesitamos tener la seguridad de que la justicia es independiente y de que sus resoluciones solo obedecen a la ley. No a intereses particulares ni a presiones subterráneas. Si perdemos esa confianza el sistema democrático sufrirá una grave avería.

Ni el retraso desesperante en la resolución de conflictos, como ocurre en Valdecañas, ni los bandazos y tropiezos que se han visto en las hipotecas prestigian a la justicia. Los tribunales, que en su afán de no mancharse con la melé política, reclaman su tiempo y su ritmo (a ningún juez le gusta que la sociedad le urja a resolver) deberían ser conscientes de que su independencia no está en absoluto reñida con conocer a fondo y estar comprometidos con la sociedad a la que sirven.

Sus resoluciones no son ejercicios de teoría del Derecho destinados a resolver conflictos entre seres de ficción, sino que afectan, y de qué manera, a personas de carne y hueso. Y en el caso de Valdecañas, hasta a los pájaros. Ser independiente no debería significar estar blindado y ciego a lo que ocurre alrededor. Su reino sí es de este mundo. Aunque a veces no lo parezca.