«Ruego al SES que no vuelva a derivar a una clínica el aborto que tienen que hacer ellos»

Esta le daría la mala noticia. El feto venía con una malformación, exencefalia (ausencia de cráneo), que le hacía incompatible con la vida fuera del útero. Informó a los padres de sus dos opciones: llevar el embarazo a término para donar los órganos o decidirse por una interrupción del embarazo.

María Rosa y Carlos se quedaron de piedra. Comentaron con familiares, hablaron entre ellos y decidieron parar el embarazo en ese momento. Les enviaron al trabajador social y allí les explicaron que serían derivados a la única clínica privada autorizada para practicar abortos en la región, Los Arcos. Se miraron y no comprendieron por qué María Rosa, de 35 años en ese momento, no podía ser intervenida en la sanidad pública para que le fuera practicado el aborto terapéutico ante la imposibilidad de que el bebé pudiera vivir. Le explicaron que el Hospital Materno Infantil de Badajoz no practica este tipo de operaciones por la objeción de conciencia de todos sus médicos. En realidad, ningún hospital lo hace en Extremadura.

No es el primer caso. En octubre, Natalia Calderón expuso su experiencia en HOY con el mismo objetivo que María Rosa: que no volviera a pasar. Que las mujeres embarazadas de fetos incompatibles con la vida puedan interrumpir el embarazo en la sanidad pública, con toda la infraestructura de un hospital y menos riesgos. «Ruego al SES que no vuelva a derivar una clínica el aborto que tienen que hacer ellos», asegura María Rosa, que finalmente perdió el útero.

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Ella y su marido recibieron cita para Los Arcos el día 2 de enero de 2019, cinco días después de conocer la mala noticia. Llegaron a las once de la mañana a las instalaciones, unos 45 minutos antes de la cita, y estuvieron hasta las tres y media de la tarde viendo a otras mujeres entrar y salir del quirófano.

La operación de María Rosa se inició a las 15.54 horas y Carlos empezó a preocuparse cuando pasaba el tiempo y su mujer no salía. Hasta que el médico se dirigió a él, le dijo que ella tenía un «pequeño sangrado» y debían trasladarla al Materno Infantil en ambulancia. Carlos la vio en la camilla: iba despierta y repetía que tenía mucho frío. Eran las 17.43 horas.

En uno de esos momentos, dentro de la clínica, Carlos asegura que le dijeron que no entendían cómo el SES había derivado a una mujer con una cesárea reciente (de su única hija, dos años antes) para esa intervención. El informe del SES, por su parte, recoge que María Rosa llegó a Urgencias con puntos realizados en la clínica, donde le habían ejecutado también medidas de compresión y transfundido sangre. «En este caso, parece que la hiperplacentación de la cicatriz de cesárea anterior podría explicar la mayor debilidad de esa zona y un mayor riesgo», recoge el SES en el expediente de responsabilidad sanitaria elaborado tras las reclamaciones de la familia.

Al llegar a Urgencias del Materno, Carlos advirtió el «despliegue» en torno a su esposa y solo tiene palabras de agradecimiento para los sanitarios.

El ginecólogo salió en varias ocasiones a hablar con él. La primera, para decirle que su mujer estaba «muy grave» y que le habían colocado un balón para tratar de parar la hemorragia. La segunda para explicarle que el sistema no había funcionado, la cavidad uterina estaba llena de sangre y que lo más recomendable era extirpar el útero.

Carlos se resistió en ese momento. María Rosa y él habían estado hablando mucho en los últimos días. Ese segundo hijo era muy deseado y estaban dispuestos a intentarlo de nuevo. Así que le dijo al médico que siguieran intentando salvar el útero. «Me arrepiento tanto de haber dicho eso en ese momento, de haberla puesto en peligro», dice llorando tres años después.

El ginecólogo salió por tercera vez y fue claro. Había muchas posibilidades de que María Rosa no saliera del quirófano. Había perdido mucha sangre y su temperatura estaba en 33 grados. Había que someterla a una histerectomía sin esperar más. Así que cedió. Su esposa perdió el útero y la cerviz. Le conservaron los dos ovarios para que pudiera seguir hormonando.

Los médicos volvieron a salir y le comunicaron que todo había ido bien. Pero que la situación seguía siendo muy grave, que dependía de cómo tolerara la cantidad de sangre que le habían transfundido. Que aún estaban preocupados y que las 48 horas siguientes eran cruciales.

La derivaron a la UCI del Perpetuo Socorro, donde estuvo seis días ingresada.

María Rosa salió viva el 9 de enero, el día que empezó otra cruzada física y mental. Tardó cuatro meses en volver a su trabajo. Tenía el hierro por los suelos, la herida le dolía, le costaba moverse, «no podía ponerme ni un calcetín». A todo esto se unió el dolor psicológico por no poder tener más hijos. Querían seguir aumentando la familia y darle un hermano a Natalia, su única niña.

María Rosa y Carlos han sido discretos con esta experiencia, que han conservado en la intimidad hasta ahora. Saben que muchos amigos se van a enterar de lo que han pasado a través de esta denuncia en HOY, pero quieren hacer público su caso para que ninguna otra extremeña pase por una situación como la suya.

En los últimos tres años sí han presentado reclamaciones a la clínica y al SES.

Siguen preguntándose si María Rosa podría seguir teniendo hijos si esa intervención se hubiera realizado en el Materno Infantil de Badajoz, con los medios humanos, materiales y técnicos de los que dispone. «En la clínica nos dijeron que solo tenían una bolsa de sangre y se la habían puesto. En el hospital tienen un banco de sangre».

Entienden que los médicos tienen derecho a la objeción de conciencia, pero ellos insisten en que su embarazo era deseado y que ellos no hubieran optado por el aborto si el bebé hubiera tenido opciones de vida. «Pero no las tenía».

No comprenden que un caso de este tipo (falta de cráneo en el feto) se pueda incluir en la objeción de conciencia y que ni un solo ginecólogo del SES en Badajoz estuviera dispuesto a interrumpir el embarazo. Como tampoco que le hablaran de llevarlo a término, mantener el embarazo seis meses más sabiendo que el niño no iba a sobrevivir, para donar los órganos. Ni siquiera que el SES no tenga un servicio de acompañamiento psicológico para casos como el suyo.

El expediente de responsabilidad sanitaria del SES elaborado tras las reclamaciones de la familia recoge que el caso de María Rosa es la única interrupción practicada en Los Arcos que ha cursado con complicaciones y de la que tienen conocimiento desde que comenzaron a colaborar en julio de 2010. También que María Rosa firmó un consentimiento informado donde figuran los riegos de una intervención de este tipo que, aunque no sean frecuentes, se dan. El SES considera que se actuó bien.

En cambio, ellos se sienten desamparados y van a llevar su caso a los juzgados.