La ley sancionará a quien alquile pisos para prostíbulos, una práctica en aumento

Otras de las novedades de la nueva ley es que será sancionado también con hasta cuatro años de prisión quien promueva la explotación a través del alquiler de un local o vivienda para las víctimas.

Desde su ámbito territorial, el fiscal de Extranjería de la provincia de Badajoz, Antonio Luengo, estima de gran interés la recuperación del delito en su día suprimido por la reforma operada por Ley Orgánica 10/1995.

Se refiere precisamente a la tipificación penal de la conducta de quienes, sin ser autores de delitos de trata o de explotación sexual, los faciliten mediante el alquiler de pisos, locales o alojamientos, la llamada tercería locativa o proxenetismo locativo.

De salir adelante, este artículo actuaría sobre una de las tendencias que están observando los expertos. La actividad en los clubes de alterne ha bajado, lo que ha ocasionado un resurgir de la prostitución en pisos particulares.

En 2011 el Ayuntamiento de Badajoz redactó una ordenanza que impedía la prostitución callejera que todavía existía en la avenida Joaquín Costa. Se podía sancionar con hasta 3.000 euros a los clientes, cuyo anonimato se preservaba. Aquellas prácticas desaparecieron.

«La ley tiene que poner el foco en el putero porque si no existiera, no habría prostitución; hay que ser contundente»

Gloria Angulo

Asociación Malvaluna

Con la pandemia por la covid, los clubes de alterne en Extremadura redujeron su actividad considerablemente desde la primavera 2020, si bien hoy el intercambio de sexo por dinero se sigue dando en pisos particulares.

La prostitución en España es alegal. Pese a que ejercer la prostitución libremente no está penado, no siempre las condiciones que la rodean son legales, por eso es la Brigada de Extranjería la que persigue irregularidades en este ámbito.

Según explican desde la Jefatura Superior de Policía de Extremadura, durante la pandemia cerraron obligatoriamente todos los clubes de alterne de la región, en torno a cuarenta, pero casi un año después, en marzo de 2021, habían reabierto cuatro que cesaban y reanudaban su actividad de manera intermitente en función de las restricciones.

En estos momentos, casi un año y medio después y sin restricciones por la pandemia, las cifras siguen siendo las mismas. «Hay tres o cuatro clubes operando a la vez, pero no siempre los mismos, cierran unos y abren otros, por eso la cifra fluctúa, pero se ha dado un incremento de pisos abiertos», señalaban esta semana desde la Jefatura Superior de Policía, donde confirman que el perfil de las mujeres prostituidas en la región no ha variado: 90% extranjeras de entre 20 y 40 años, la mayoría colombianas y rumanas y al frente del negocio tanto hombres como mujeres.

Lo que puede hacer cambiar algunas cosas en este sórdido paisaje es que el Gobierno prepara su ley, que podría empezar a multar a algunos clientes incluso con penas de cárcel. Para evitar la dispersión normativa que hay, el martes pasado el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto para perseguir de manera más contundente la trata de seres humanos.

El Consejo General de la Abogacía Española valoró como eje vertebrador de la ley «la adecuada asistencia y protección de las víctimas».

Esta persigue todo tipo de explotación, también la laboral, pero en el ámbito de la sexual da un paso adelante rompiendo la cadena del negocio desde el principio. En el caso de la prostitución contempla concienciar a los clientes potenciales, pero también multarlos si la mujer es víctima de trata o explotación sexual.

Para Gloria Angulo, de la asociación feminista Malvaluna, la prostitución es violencia machista, por eso esta asociación se declara sin ambages a favor de que se prohíba esta práctica. Teniendo en cuenta esta posición, para Angulo la nueva ley que salga debe contener varias premisas. Una es que recoja como manifestación de la violencia machista porque si se reconoce esto las mujeres quedarían amparadas por los recursos de la ley integral de violencia de género.

La otra, prosigue, que queden claras las causas que provocan la situación de prostitución y las consecuencias en la vida de las mujeres «porque así podemos legislar promoviendo recursos y medidas de prevención». Pero sobre todo, incide Angulo, «la ley tiene que poner el foco en el putero, porque si no existiera entonces no habría ni trata ni prostitución y en este aspecto se ha de ser contundente y articular medidas para amparar a las mujeres».

Pilar Llop, ministra de Justicia, habló esta semana de «un antes y un después» de esta ley, que todavía debe superar no solo trámites parlamentarios sino la diferencia de criterio entre PSOE y Unidas Podemos, que gobiernan en coalición. En el seno del socio minoritario no consideran eficaz multar al cliente de servicios sexuales porque esto podría tener un impacto negativo en las víctimas. Prefieren incidir en medidas educativas, no sancionadoras.

En cuanto a la persecución de los clientes de mujeres prostituidas, la ministra habló el miércoles pasado de medidas para desincentivar la demanda y «tratar de romper la cadena de negocio que se genera utilizando a los seres humanos como mercancías»

Desde la Junta de Extremadura la posición es clara. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y la consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, Isabel Gil Rosiña, ya se han declarado partidarios de la abolición de la prostitución varias veces.

Desde Igualdad consideraron esta jueves la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual «como una de las formas más crueles de violencia contra las mujeres».

E indicaron que se necesitan avances legislativos. Según Gil Rosiña, su titular, «valoramos como un paso valiente y necesario que la norma contemple sanciones y medidas punitivas a los puteros (...). Es un cambio social el que persigue esta legislación, siendo España el primer país de Europa en consumo de prostitución, es decir, en esclavizar a las mujeres».

Ampliar

Los clientes serán multados si tratan con víctimas de tráfico de seres humanos

El fiscal de Extranjería de la provincia de Badajoz, Antonio Luengo, se encuentra inmerso precisamente en un juicio por tres delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Como especialista y conocedor del anteproyecto de la ley, incide en que el cliente que sería sancionado es solo el que mantenga relaciones con una víctima de trata o explotación sexual.

Por otro lado, matiza que quedará exento de responsabilidad penal quien, habiendo utilizado sólo ocasionalmente servicios sexuales de víctimas de trata, lo denuncie, colaborando así a esclarecer estos delitos de trata porque ello forma parte de una batería de medidas para desincentivar la demanda de prostitución y servicios sexuales.

Luengo resalta además las medidas del artículo 7, referidas al ámbito de la educación de los jóvenes. También las que aluden a limitaciones de publicidad en medios de comunicación social y las de corte social y sanitario.

Además, el fiscal resalta como una forma agravada de violencia contra la mujer el castigo penal del proxeneta de su propia pareja sentimental –lo que se conoce como rufianismo–, independiente y acumulado a los delitos de violencia de género en cada caso.