Los sanitarios extremeños piden un mapa de riesgo de las agresiones y guardias de seguridad

Para eso, subraya la representante sindical, «es imprescindible que las agresiones se denuncien como accidentes de trabajo, para disponer de unas estadísticas reales que ahora no tenemos. Son 38 las agresiones a médicos que se comunicaron a los colegios en 2024, según los datos que han dado, pero no son ni mucho menos todas las agresiones que se han producido».

Aun así, solo con estos números, Extremadura se sitúa como la región donde los médicos sufren más agresiones en su puesto de trabajo. La región tiene la tasa más alta por cada mil facultativos colegiados, según los últimos datos del Observatorio Nacional de la Organización Médica Colegial. El índice es de 5,80, una tasa que duplica a la media nacional, que está en 2,71.

Pero las agresiones sufridas por el personal sanitario de la región son más. Según los datos facilitados por la Policía Nacional y la Guardia Civil, el número de denuncias registradas el pasado año asciende a 58.

La Guardia Civil registró 20 en la provincia pacense, 17 por insultos y amenazas y tres por agresión en las localidades de Jerez de los Caballeros, la Roca de la Sierra y Zafra. El resto tuvieron lugar en los centros sanitarios de Castuera, Monesterio, Montijo, Zalamea de la Serena, Cordobilla de Lácara, Los Santos de Maimona, Puebla de Alcocer, Villanueva de la Serena, Badajoz y Cabeza del Buey.

En la provincia cacereña la Guardia Civil sumó siete denuncias, tres de ellas también por agresión en Guadalupe, Cabezuela del Valle y Navalmoral de la Mata. El resto en Coria, Tiétar y Alcuéscar.

En total 27 denuncias que se suman a las 31 registradas en la región por la Policía Nacional: diez en Mérida, nueve en Badajoz, cinco en Cáceres, cinco en Plasencia y dos en Don Benito. Datos con los que Mérida y Badajoz se sitúan entre las 12 ciudades en las que más agresiones se denunciaron en 2024 y que ponen de manifiesto, aun sin cifras completas, cuál es la realidad de las agresiones a los profesionales sanitarios de la región.

«Disponer de unas estadísticas reales es imprescindible para conocer de verdad la situación a la que nos enfrentamos y poner las medidas preventivas oportunas», insiste Emilia Montero. «Solo conociendo esa realidad se puede actuar; si sabemos cuáles son las zonas calientes, los centros de salud con mayores problemas se puede disponer que estos al menos tengan guardias de seguridad».

Extremadura cuenta con el llamado botón del pánico en los centros de salud, el mecanismo al que pueden recurrir los sanitarios para ser auxiliados en un conflicto, y también con profesionales guía. Son ocho sanitarios, uno por cada área de salud, que acompañan al que ha sufrido una agresión para ayudar a enfrentar la situación.

Ambas medidas están recogidas en el protocolo elaborado en 2022, «pero aún quedan otras muchas más por implementarse», destaca Luis Tobajas, responsable de las agresiones en el Colegio de Médicos de Cáceres. «Es necesario que contemos con el observatorio que llevamos tanto tiempo demandando, porque urge tener un mapa de riesgo que nos permita tomar medidas en los puntos críticos y analizar también los motivos que los convierten en tales».

«No podemos normalizar la violencia hacia los sanitarios como una forma aceptable de resolver conflictos o expresar descontento, no se puede normalizar que algunos pacientes consideren que agredir a un médico, a cualquier trabajador de un centro sanitario, es una forma válida de expresar su frustración», expone Luis Tobajas.

«Tolerancia cero a las agresiones», resume Emilia Montero. «Los ciudadanos deben entender, y tenemos que trabajar de verdad de manera urgente para eso, que hay muchas formas de reclamar y plantear una queja, pero que ninguna pasa por una agresión ni física ni verbal».

Los colegios de médicos de Cáceres y Badajoz han pedido al fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, en un encuentro reciente, «mayor firmeza a la hora de las sentencias condenatorias, para que estas conductas agresivas sean erradicadas de una vez por todas», dice Tobajas.

Pero el secretario general del colegio cacereño reconoce que «nos encontramos ante un fenómeno preocupante que requiere una respuesta multifacética. Es esencial por eso, contar con el observatorio, para tener el mapa regional de las agresiones, implementar medidas preventivas y también analizar y abordar tanto las causas subyacentes como las manifestaciones visibles del problema».

En la misma línea, la responsable de sanidad de CSIF destaca la importancia de analizar esas causas. «No podemos tampoco criminalizar a los usuarios, hay que analizar las causas que motivan el comportamiento y corregirlas. Por ejemplo, aumentar el personal y reducir el tiempo de espera para ser atendido».