El sector de obra pública teme perder la compensación por el aumento del coste de materiales

CNC recuerda que los materiales empleados en las obras han visto incrementados sus precios una media del 35 % desde enero de 2021. Un escenario, subraya, les hace imposible ejecutar las obras asignadas. Para compensar estos incrementos, la Junta aprobó una disposición adicional en la ley de presupuestos de 2022, que posibilita «el restablecimiento del equilibrio económico de dichos contratos». HOY ya contó en abril pasado que se avecinaba conflicto con el Ejecutivo central por este asunto.

La medida fue seguida por otras comunidades autónomas pero un informe del Consejo de Estado trasladado al Gobierno dice que invade una competencia estatal. La patronal indica que ante el conflicto jurídico planteado por el Estado a las regiones que han aplicado esas medidas, los Ejecutivos regionales tienen nulas opciones de ganarlo y algunos como la Xunta de Galicia ya ha eliminado la disposición adicional vigente. CNC dice que eso mismo pasará en Extremadura.

Preguntada por esta cuestión la Consejería de Hacienda y Administración Pública no se ha pronunciado a preguntas de HOY.

«Queremos hacer un reconocimiento al esfuerzo que ha desempeñado la Junta en la búsqueda de una solución que solventara estas desviaciones económicas en los contratos y que nos permitiera poder llevar a cabo estas inversiones (...). Pero se va a ver obligada a retirar dicha disposición en un futuro inmediato. Todos estos contratos sólo podrán acogerse a la fórmula de revisión de precios que contempla el Estado», indican las empresas.

Esto implica que contratos que tendrían una compensación en el entorno del 30 % pasarán a una cercana al 12 % «en el mejor de los casos y »en muchos de ellos quedan excluidos de la posibilidad de ser revisados«

CNC hace «un llamamiento desesperado» para lograr una «solución real del problema que se ha planteado en estos contratos por causas sobrevenidas e imprevisibles y que en ningún caso son imputables al contratista, si es que de verdad queremos ejecutar dichos contratos».

«Es incomprensible», agrega, que a la hora de determinar si una obra tiene derecho a ser revisada tan solo se tengan en cuenta« cuatro materiales. Es incomprensible que el Estado ponga un tope del 20% a la cantidad máxima que se puede compensar en un contrato como resultado de la aplicación de esta revisión». Tampoco es de recibe, dicen las empresas de la construcción que desarrollan obra pública, que «la Administración tarde de media en formalizar un contrato más de 8 meses desde la presentación de las ofertas por parte del contratista y pretenda que todo este tiempo el incremento de los precios corra a costa de los empresarios».

Al mismo tiempo señala que «no podemos consentir que los últimos índices de revisión de precios publicados a fecha de hoy sean los de diciembre de 2021; esto implica que en la tramitación de un expediente quedan sin revisar adecuadamente los últimos 9 meses de ejecución de obra».

Si no se recoge la subida real de los materiales que intervienen en una obra, «nos veremos abocados a la resolución de infinidad de contratos y al abandono de multitud de obras». CNC estima que en la región actuaciones por más de 300 millones de euros están en riesgo de ejecutarse.

Desde la patronal Creex, su secretario general, Francisco Javier Peinado, recalca la complicada realidad del sector de obra pública y la urgencia de adoptar «alternativas» que le permita cumplir con el contrato de obra adjudicada.

Entre ellas, demanda Peinado específica que el Gobierno modifique la Ley de Desindexación de la Economía aprobada por el ministro Cristóbal Montoro que prohíbe revisar los precios. Que se cambie la ley o al menos de paralice temporalmente en este periodo de alza notable de los costes. Una petición de cambio de normativa estatal que también ha reclamado el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.