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«Es una vergüenza», cuelga enfadada. Teresa Carretero muestra el listado de llamadas de su móvil. Más de una quincena de intentos a diversos números. «Y no me han resuelto nada», añade.
Ella, que se ha desplazado a Badajoz desde Talavera, lleva más de una hora recorriendo distintos edificios, desde cerca de las once y media de la mañana. Ha pasado por el CAISS (el centro de atención e información de la Seguridad Social), pero allí solo se puede acceder con cita previa. De ahí, se ha dirigido a la Tesorería, apenas a 30 metros de distancia en la misma calle, donde trabajadores la remiten a una oficina de la Junta de Extremadura situada algo más lejos.
Las indicaciones se las dan miembros del personal de seguridad. Son los que está de cara al público. Los que atienden a los ciudadanos en primera instancia e impiden el paso a quienes carecen de cita.
Teresa Carretero
Vecina de Talavera
José pedro Macías
Vecino de Olivenza
Con el teléfono en la oreja, Teresa regresa a los 15 minutos. Allí tampoco era. Por lo menos ha conseguido que alguien descuelgue al otro lado de la línea, pero no consigue saber donde tiene que acudir. «Quiero información sobre una prestación no contributiva; necesito que alguien me atienda», repite casi palabra por palabra la conversación que ha tenido por teléfono. «Tengo claro que hoy me voy a casa sin resolverlo», lamenta Teresa.
No está sola en sus quejas. Camino del CAISS va Juan González. «Que te cojan el teléfono no es fácil», reconoce. Tiene cita previa, pero han tardado tres semanas en dársela. Por este centro pasan 70 usuarios todos los días y los plazos de espera se van alargando. Los sindicatos achacan el problema a la falta de personal que sufre la administración. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, reconocía hace algo más de un mes que a nivel nacional en los últimos ocho años la Seguridad Social ha perdido un 20% del empleo. Uno de cada cinco puestos.
En Extremadura también se nota la escasez de personal. Del otro lado del teléfono de cita previa del CAISS en Badajoz solo hay una persona, reconocen los trabajadores. «No puede atender todas las llamadas».
Javier González de la riva
Asesor laboral
Allí, el personal de seguridad filtra en la puerta a las personas que pueden entrar y solo lo hacen las que han pedido hora y día para ser atendidos y van a realizar un trámite. «Mi mujer se ha tenido que ir porque no la iban a dejar pasar; solo puedo hacerlo yo», expone José Pedro Macías, que hace un mes cogió a través de internet la primera cita que había. Ha viajado desde Olivenza para informarse sobre su pensión. Solo quiere resolver unas dudas, lo que significa que tendrá que volver para realizar el trámite correspondiente. «Está todo abierto, menos los edificios oficiales», busca la sombra de un pequeño árbol mientras cerca del mediodía espera en la calle a que le toque su turno. «¿Esto te parece normal?», pregunta. «Con el calor que hace».
Al mismo tiempo, varias personas tocan la puerta del centro de información y tratan de ver algo a través del cristal, porque el edificio está cerrado. «Solo están abiertos al público el registro del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) y el de Tesorería», explica amablemente el personal de seguridad. Para estos espacios no se necesita cita.
No se ha recuperado, según lo usuarios, la atención presencial que había antes de la pandemia. «Les ha venido bien; limitaron el acceso y no lo van a recuperar», dice una vecina de Badajoz que prefiere no identificarse. «Los usuarios de a pie están muertos ante la administración», apostilla Javier González de la Riva, que es asesor laboral.
La cantidad de trámites que solo se pueden hacer a través de internet y la imposibilidad de una atención personal complica a muchas personas su relación con la administración. «Se necesitan navegadores actualizados, la última versión de Java; no es sencillo», remarca este asesor.
Si los particulares tienen problemas para realizar los trámites, los profesionales están en una situación similar. «Los funcionarios ni atienden al público ni a los profesionales, no podemos hacer consultas ni acudir de manera presencial», se queja González de la Riva. «Tenemos que tramitar toda la documentación a través de la red CAISA (Coordinación, Atención y Soporte Integral al Autorizado)», detalla.
Esto, en su opinión, va en perjuicio de los ciudadanos. «Tengo un cliente al que le han duplicado un embargo, por lo que tiene inmovilizada la cuenta bancaria y la TPV de su negocio; es algo que sucede y antes ibas a la ventanilla, lo explicabas, el funcionario lo comprobaba y se levantaba uno de los embargos. Ahora eso no sucede, nadie te atiende y ese proceso por internet se puede prolongar hasta siete días en los que la persona afectada no puede operar en su negocio», ejemplifica.
Ante esta forma de actuar por parte de la administración, este asesor cree que la solución es que los usuarios defiendan sus derechos y pongan reclamaciones. «Es lo único que les hace daño, porque salta en las estadísticas», informa, a la vez que lamenta que la gente no lo haga. «No estamos acostumbrados a quejarnos; estoy seguro que las diez últimas reclamaciones que hay en la Seguridad Social de Badajoz son mías», insiste.
Por otro lado tampoco comparte la saturación de trabajo de la que hablan los sindicatos. «Ahora, los asesores hacemos el 80% del trabajo que hacían los funcionarios; somos nosotros los que tecleamos todo lo que antes tecleaban ellos», concluye.
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Lucía Palacios | Madrid
María Díaz y Álex Sánchez
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