El Seprona denuncia 355 infracciones en Extremadura por construcciones ilegales en dos años

Eran construcciones ilegales levantadas en el campo, bien de nueva planta o bien naves reformadas que solo pueden ser agrícolas pero fueron habilitadas como viviendas.

Solo en los dos últimos años, informa la Guardia Civil a HOY, la labor investigadora del Seprona ha posibilitado sacar a flote 355 infracciones en este terreno.

Más graves son las actuaciones consideradas como delitos por la Benemérita relacionadas por infringir la normativa de ordenación del territorio y urbanística. Se han detectado 24 entre 2023 y 2024. Por estos casos han sido detenido o investigados 39 personas entre las dos provincias extremeñas.

En el caso de Torre de Santa María, que saltó a la opinión pública en enero pasado, el Seprona ha tomado declaración como investigados a siete hombres y tres mujeres en un caso que ha pasado ahora al juzgado de Cáceres.

Un poco antes, el 20 de octubre pasado, HOY adelantó que una edil de Izquierda Unida en la localidad de Barcarrota (comarca de Olivenza, 3.473 habitantes censados), Dolores Asensio, construyó dos edificaciones y una piscina en una parcela que tiene la consideración de suelo no urbanizable siendo concejala de Obras dentro del gobierno local de coalición con el Partido Popular.

Una sentencia del juzgado de lo Penal número 2 de Badajoz recogía que Asensio inició la construcción de una vivienda unifamiliar aislada de 108,73 metros cuadrados de superficie y un porche de 35,60 metros cuadrados «en una fecha próxima a 2016» junto con una piscina.

También inició la construcción de una nave de aperos entre 2008-2011, para después ampliarla en 2013 y ponerle un porche en 2016 de 53 metros cuadrados. Ni ella ni su marido solicitaron la previa licencia «por tener perfecto conocimiento de que no se podía construir en el lugar».

Tampoco el matrimonio solicitó informe previo sectorial de carreteras para construir la nave dentro de la zona de afección de la carretera nacional 435.

El juzgado ha condenado a Asencio y a su marido a derribar lo construido al ser declaradas obras ilegales. Se les impone una pena de seis meses de prisión (si no cometen nuevos delitos y demuelen lo construido no pisarán la cárcel), inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante este tiempo y una multa de 4.500 euros.

La concejala se ha visto obligada de dejar su acta de edil. IU no ha cubierto aún su vacante en el Pleno de Barcarrota.

 

Sobre el problema de las edificaciones ilegales explica la Guardia Civil que según el daño causado por la construcción «o perjuicio al medio ambiente» se puede catalogar como infracción administrativa o delito.

En el Código Penal se contemplan varios comportamientos que son clasificados como delitos relacionados con el urbanismo. El delito contra la ordenación del territorio y urbanismo fija penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años.

Además incluye inhabilitación especial para la profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables.