El Seprona denuncia 376 construcciones ilegales en Extremadura en los últimos dos años

De ellas, 140 las realizó la comandancia de Badajoz y 236 la de Cáceres. En la mayoría de los casos eran obras sin permisos que cuando están acabadas se convierten en segundas residencias. En definitiva, casas de campo o ampliaciones de pequeños espacios para los aperos que pasan a ser el lugar de ocio de los fines de semana y el verano.

Los casos que se dan en espacios protegidos son menos, aunque también se encuentran con obras levantadas en suelos como las vías pecuarias o los parques naturales.

En concreto, desde el inicio de 2020 hasta el 5 de mayo de 2022 el Seprona ha puesto 15 denuncias relacionadas con zonas de especial protección medioambiental. De ellas, ocho fueron en la provincia de Badajoz y siete en la de Cáceres.

Son datos que ponen de manifiesto que la pandemia no ha paralizado el trabajo del Seprona. Es más, han intensificado su búsqueda para dar con quienes no cumplen la ley. De hecho, desde 2015, el año 2021 ha sido en el que se han registrado más denuncias sobre este asunto, con un total de 182.

Además, hay que tener en cuenta que estas cifras son solo una parte de las denuncias motivadas por este tipo de construcciones. Los particulares también pueden avisar de estas infracciones, al igual que los ayuntamientos, que deben velar por el control de la legalidad urbanística.

Sin embargo, pese a poner el foco en estas viviendas, pocas veces acaban en demolición, aunque es cierto que en los últimos años lo que parecía que no iba a llegar ya se está dando y algunos propietarios están viendo sus construcciones reducidas a escombros.

Hay casos en diferentes puntos de la región. Por ejemplo, en 2019, una familia cacereña vio cómo tiraban parte de la casa que construyeron a 15 kilómetros de Cáceres, en Sierra de Fuentes, una de las zonas conocidas en la provincia cacereña como lugar en el que se han construido viviendas ilegales. Una sentencia de 2013 les obligaba a demolerla por convertir una nave agrícola en vivienda en suelo no urbanizable y en una ZEPA (zona de especial protección para las aves).

En otros lugares, como Los Rostros, en Badajoz, el Ayuntamiento volverá a sacar a concurso las demoliciones este año después de que en 2021 la Policía Local se tuviera que dar la vuelta a la llegada a la urbanización porque se encontraron con los vecinos impidiendo el paso. Los agentes acompañaban a los funcionarios que formaban la comitiva previa a las máquinas para ejecutar los trabajos.

Son situaciones que alargan las demoliciones y, de hecho, a ese retraso en la ejecución de sentencias se refieren las diferentes memorias de las fiscalías. La de Cáceres de 2021 dice de forma explícita que «todas las sentencias de las condenas por delito sobre la ordenación del territorio han acordado la demolición de lo construido».

Sin embargo, matizan que «cuestión distinta» es lo que ocurre luego. Se refieren a la concesión de «suspensiones y aplazamientos, con la excusa de una futura modificación del planeamiento». Eso, concluyen, «supone que algunas ejecutorias lleven años en permanente conflicto por la demolición».

En las últimas memorias de las fiscalías, tanto de Badajoz como de Cáceres, aluden a muy pocas demoliciones. Una o dos por año como mucho.

Otras historias en torno a construcciones ilegales se convierten en auténticos calvarios, como el de Carlos Palomero, propietario de una vivienda en la sierra Santa Bárbara de Plasencia que recibió una orden de ingreso en prisión por incumplir una sentencia firme de demolición. Finalmente, tal y como ha publicado este diario, el juez ha suspendido su entrada y la de su mujer en la cárcel. De hecho, ya ha completado la demolición de su casa.

Precisamente, en Santa Bárbara (Plasencia), donde hay más de medio millar de viviendas, llevan tres décadas de conflicto por las construcciones y en todo este tiempo se han derribado cinco casas.

Lo sucedido en la sierra placentina se extiende a otros lugares de Extremadura y, aunque es imposible cuantificar el número de construcciones en zonas no urbanizables, hay un estudio en profundidad del geógrafo Víctor Jiménez. Ha tardado en elaborarlo más de cuatro años y el resultado es una tesis que fue presentada en la UEx en el año 2018 bajo el título 'Urbanizaciones ilegales en Extremadura'.

En ella detallaba que había unas 40.000 viviendas en suelo no urbanizable de la región y que Don Benito era el término municipal con mayor número, en concreto 1.730; seguido de Cáceres y Badajoz con más de 1.000 cada una. Según este estudio, en Extremadura hay más de 1.700 viviendas en zonas de riesgo de inundación.