Siete macroproyectos a la espera de hacerse realidad

En el verano de 2017 se anunció que el grupo árabe Al Khaleej Sugar se planteaba construir en Mérida una refinería de azúcar con una inversión de más de 400 millones de euros y la generación de 200 puestos de trabajo. La firma Ibérica Sugar Company SLU inició la tramitación ambiental y reservó 950.000 metros cuadrados en Expacio Mérida, casi la mitad del total de esta superficie industrial situada al sur de la ciudad. A finales de ese año recibió la declaración de impacto positiva, y antes de que terminara 2018 la empresa firmó un protocolo de colaboración con la Junta de Extremadura para el desarrollo del proyecto, que entonces se dijo que estaría operativo a lo lorgo del 2024. Sin embargo, desde entonces se han dado pocos pasos para que se haga realidad. A finales del año 2022 se anunció la concesión de 120 millones de euros para la financiación por parte del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva

(FAIIP), promovido por el Ministerio de Industria, pero tampoco supuso el inicio de las obras. La inversión se mantiene en la web de la compañía, pero hace años que se indica que está en estudio pendiente de otras ayudas de la Unión Europea. En abril del 2023 se prórrogó la Declaración de Impacto Ambiental El nuevo Gobierno regional no se muestra muy optimista y en Mérida ya surgen voces , incluso las del propio Consistorio, que piden que se tome una decisión para liberar el suelo comprometido y acoger a otras posibles iniciales industriales.

El macroproyecto de Castilblanco nació como una apuesta por hoteles con casinos y derivó en una ciudad inteligente de ocio y turismo que apuesta por la sostenibilidad. Tanto en un caso como en otro el germen está en una iniciativa que se puso en marcha a principios de siglo para construir un campo de golf con una urbanización junto a esta localidad pacense de la comarca de la Siberia. Sus promotores apostaron años después por una actuación de mayor calado, con 1.200 hectáreas de superficie y con el pantano de García deSola como gran atractivo. La región aprobó en 2018 una ley para facilitar precisamente su tramitación sin renunciar a exigencias ambientales, y en el año 2022 se aprobó el plan de ordenación, paso previo al inicio de las obras. Pero tras una demanda de Ecologistas en Acción el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha anulado hace unos días el decreto que aprobó ese plan porque considera que incumple la propia ley extremeña. La decisión judicial, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, no tumba en cualquier caso el proyecto. Por el contrario, estima que no afecta a zonas protegidas como argumentaba la asociación ecologista, lo que para la promotora supone un espaldarazo. El Gobierno regional tendrá que optar ahora entre elaborar otro decreto, como pide la empresa, o renunciar a su tramitación, lo que tendría que justificar. Por tanto, aún no se ha cerrado la puerta a una inversión de 18.000 millones de euros en varias fases que todavía presenta muchas incertidumbres sobre su viabilidad.

La gigafactoría de la multinacional chino-japonesa Envision AESC es el mayor proyecto industrial previsto en Extremadura para los próximos años. Después de haber ingresado ya los 300 millones de euros (200 en subvenciones más un préstamo de 100) del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), y tan solo un año y medio después de anunciarse el proyecto, la empresa tiene todo listo para iniciar la construcción de la planta en el momento en el que cierre los acuerdos comerciales de suministro de baterías con las marcas de automóviles con las que está negociando. La primera fase de la gigafactoría contempla una inversión de 1.311 millones de euros y 900 puestos de trabajo, con cuatro edificios de 118.950 metros cuadrados cada uno en ExpacioNavalmoral, además de instalaciones auxiliares. Envision prevé iniciar la producción de baterías dos años y medio después de que empiecen las obras. E

El proyecto completo, con horizonte en 2028, contempla cuatro fases hasta alcanzar una capacidad total de 94,24 GWh (gigavatios-hora) con una inversión final de 5.098 millones de euros. Es más del doble de la anunciada cuando se hizo público el proyecto en junio del año 2022. La filial española de la multinacional ha ampliado su capital social este mes de enero hasta alcanzar los 132,7 millones de euros y lleva ya varios meses ofertando puestos de trabajo de perfil técnico, como ingenieros o responsables de obra. El proyecto cuanta desde mayo de 2023 con el visto bueno medioambiental, que está condicionado a la construcción de una nueva planta depuradora capaz de gestionar el exceso de aguas residuales que genere la fábrica, requisito que no se antoja como un obstáculo. La iniciativa sería una gran alternativa para la comarca pendiente del cierre de los dos reactores de la central nuclear de Almaraz en 2027 y 2028.

Los dos proyectos que existen ahora mismo en España para extraer y procesar litio están en la provincia de Cáceres. El más avanzado es de la empresa Lithium Iberia en el yacimiento de Las Navas, en Cañaveral, que tiene solicitado desde enero de 2021 el denominado pase a concesión, es decir, el permiso para empezar a extraer el mineral. Para ello deberá recibir antes el permiso medioambiental que se está tramitando en la Junta de Extremadura y que se encuentra en fase de respuesta a las alegaciones. Lithium Iberia ha recibido una ayuda del PERTEVEC de 13,3 millones de euros para la planta de procesado anexa a la mina donde se producirá el hidróxido de litio, el compuesto que se utiliza para la fabricación de baterías, del que prevé generar 30.000 toneladas anuales durante los 30 años de vida de la explotación. Ha anunciado para ello una inversión de 340 millones de euros y la creación de 430 puestos de trabajo. Una plataforma integrada por distintos colectivos se opone al proyecto, pero no ha alcanzado aún gran repercusión.

El otro proyecto minero de litio es el de la firma australiana Infinity Lithium, que opera en la región con su filial Extremadura New Energies ENE). Lleva más de seis años tratando de obtener el permiso para explotar el yacimiento de Valdeflores, a apenas dos kilómetros del núcleo urbano de Cáceres. La empresa tenía intención de solicitar el pase a concesión antes de finalizar 2023, para lo cual debía presentar en la Junta de Extremadura los proyectos tanto de la mina como de la planta de procesado de litio, así como el estudio de impacto ambiental y el plan de restauración del terreno. Sin embargo, en diciembre anunció que esa presentación se retrasaría «varias semanas», sin que a día de hoy haya aún una fecha fijada, si bien se espera que sea dentro del primer trimestre de este año. También ha recibido financiación del PERTE VEC para su planta de procesado, 18,8 millones de euros. Su vida útil prevista es de 26 años, con una producción anual de 33.000 toneladas de hidróxido de litio. El proyecto que va a presentar la empresa es de extracción subterránea mediante galerías, una vez descartado el inicial de minería a cielo abierto. Eso dispara los costes, con una inversión de 1.430 millones de euros. Sigue existiendo una importarte contestación social en Cáceres a la mina de Valdeflores, aunque menor de la que había cuando el proyecto era de extracción a cielo abierto.

Fue en noviembre de 2019 cuando la sociedad cacereña se quedó sorprendida con el anuncio de que la ciudad tendría un gran complejo budista y una estatua gigante de Buda de cerca de 50 metros de alto. Tras el escepticismo inicial, el proyecto promovido por la Fundación Lumbini Garden fue calando hasta convertirse en tema habitual de conversación. Sin embargo, en estos más de cuatro años transcurridos los avances tangibles han sido escasos, más allá de los viajes oficiales que han realizado delegaciones extremeñas a Nepal, y viceversa, y del hermanamiento entre Cáceres y la localidad nepalí de Lumbini, que la tradición fija como la ciudad natal de Buda Gautama. El terreno elegido para construir la estatua y el complejo budista era el monte Arropez, una parcela de propiedad municipal junto a la carretera de Mérida que el Ayuntamiento iba a ceder para este fin, y que incluso llegó a ser bendecido según el rito budista. Pero los informes técnicos han determinado que la protección medioambiental que tiene el monte Arropez como ZEPA es incompatible con el desarrollo completo del proyecto budista, de modo que el Ayuntamiento, de acuerdo con los promotores, fijó a finales de 2023 una nueva ubicación, en el entorno de Cerro Romanos, cerca de la carrera de Badajoz. El suelo disponible en esta nueva parcela es menor que en Arropez, de manera que ahora es necesario redimensionar el proyecto, sin que haya a día hoy una previsión concreta para ni para el inicio de las obras ni para la puesta en marcha del centro espiritual. La inversión correrá íntegramente a cargo de donantes asiáticos.

No menos sospresa causó el anuncio de que Trujillo albergaría una fábrica de diamantes sintéticos vinculada desde el punto de vista publicitario a Leonardo di Caprio nada menos. El proyecto de Diamond Foundry, sin embargo, cuenta con 120 millones de financiación del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP) y 81 millones de subvención directa, y ya es visible, tanto que las torretas eléctricas que se han levantado han generado las protestas de los defensores del berrocal trujillano por su impacto visual. La asociación Fondenex también lo ha comunicado a los tribunales. La instalación ocupará una superficie de casi 84.000 metros cuadrados en el polígono industrial municipal y supondrá una inversión final de 670 millones de euros, 243 de ellos en la primera fase, ahora en ejecución. La creación de empleo se cifra en 300 puestos de trabajo, cuyo proceso de contratación ya está en marcha. En marzo del año pasado se puso la primera piedra de una fábrica de la que saldrán diamantes sintéticos para microchips.

Ligeros avances y con retraso sobre el calendario previsto inicialmente. La fábrica de supercondensadores planteada para la plataforma logística de Badajoz, proyecto que se dio a conocer en 2020, sigue cumpliendo con los trámites burocráticos, aunque lentamente. El último, se publicó en el DOE (Diario Oficial de Extremadura) a finales de octubre: la puesta a disposición pública la solicitud de autorización ambiental integrada.

Phi4Tech, la empresa protomora, insiste que la factoría estará operativa en el primer semestre de 2025. Es más de un año después de lo que plantearon en la presentación de la misma en julio de 2022. Incluso en mayo de este año comenzaron los movimientos de tierra en la plataforma logística de Badajoz, donde se ubicará, pero las obras apenas han avanzado desde entonces.