Sólo once residencias caninas son legales en Extremadura

Llegan las vacaciones y surge un dilema en muchas personas: qué hacer con sus mascotas. La solución tradicional era dejársela a un familiar o persona de confianza durante los días de ausencia, pero cada vez son más los que prefieren buscar una alternativa diferente.

Entre ellas, han surgido en los últimos años las residencias caninas como una posibilidad en auge entre los dueños de perros que prefieren no comprometer a terceros.

Sin embargo, según el registro proporcionado por la Junta de Extremadura, solo hay once residencias inscritas y operativas en la región. El resto, que son la mayoría, son ilegales.

Según Encarnación Meruelo, presidenta de Ascelcre (Asociación de centros legales de cría y cuidado responsable), es un problema generalizado en todo el territorio español. Calcula que alrededor del 70% de estos recintos son ilegales, pero asegura que la situación en Extremadura y Andalucía es «especialmente mala».

La legislación a la que se acogen este tipo de instalaciones es el Decreto de núcleos zoológicos elaborado en 1995 y la ley de protección animal. Además, también deben cumplir las ordenanzas municipales, que dependerán de cada localidad.

La normativa contempla numerosos requisitos. Para empezar, el terreno en el que situar la residencia debe ser el adecuado, ya que solo pueden ser ubicadas lejos de núcleos urbanos para evitar el ruido o posibles contagios de enfermedades que aparezcan.

También es necesario un informe de impacto medioambiental, unas condiciones mínimas de higiene y espacio, permisos del Ayuntamiento y de la Junta o dar de alta la residencia como actividad empresarial, entre otras obligaciones.

«Quizás eso es lo que echa para atrás a algunos, porque hay que hacer mucho papeleo, pero es a lo que obliga la ley y hay que cumplirla. Nosotros hemos estado dos años de trámites hasta que hemos abierto, pero es mucho más cómodo hacerlo de forma ilegal», asegura Laly Rodríguez Lobo, una de las propietarias de la Residencia canina Can de Luna.

Ellos han apostado por crear una residencia familiar, pequeña, de tan solo 12 cheniles. «Ampliaremos algunas plazas más, pero no queremos nada masificado», dice. El precio, además, no varía mucho entre las legales e ilegales.

Otro de los inconvenientes es la gran inversión económica necesaria para poner en marcha estas residencias. «Nosotros hemos tenido que pedir dinero al banco para poder construir y acondicionar todo. Encima las ilegales no pagan ningún impuesto y nosotros tenemos que declarar todo», se queja.

Desde la Asociación Cacereña para la Protección y Defensa de los Animales, argumentan que algunas de estas residencias ilegales no cumplen con las condiciones de salubridad necesarias para el bienestar animal. «Hemos visitado algunas en Cáceres y parecen casi un vertedero de basura», garantizan.

Hay otro problema añadido: los clientes no cuentan con cobertura legal de ningún tipo. «Si le ocurre algo a tu perro, no puedes reclamar a nadie, porque esa empresa consta como que no existe», señala Isabel Alcalá, vicepresidenta de la organización.

«Quizás en alguna residencia ilegal cuiden muy bien a los perros, puede ser, pero no cumplen la ley. Por el bien de los animales y por aquellas que sí lo hacen, tenemos que luchar contra ellas», afirman desde Ascelcre.

Tanto las asociaciones animalistas como las residencias caninas legales protestan por la pasividad de las autoridades ante este asunto. «La Junta de Extremadura no hace nada para acabar con ellas. No es difícil encontrarlas buscando en Internet, porque ni siquiera se ocultan, pero ahí siguen abiertas», declara Alcalá.

«Nosotros le pedimos a la Junta que haga un control más exhaustivo, pero parece que se venda los ojos ante el problema», añade.

Por otro lado, hay otro enemigo que constituye también una competencia desleal para las residencias legales: los 'canguros caninos'. Se trata de plataformas 'on line' que ponen en contacto a cuidadores con dueños que quieren dejar su perro a cargo de ellos durante unos días.

Desde las asociaciones animalistas advierten a la población de que estas páginas web también entrañan riesgos. «Muchos de ellos no tienen la formación necesaria y si ocurre algo grave puedes tener problemas. Y, por supuesto, tampoco están dados de alta», apuntan desde Ascelcre.

En definitiva, todos luchan para que los animales tengan en todo momento la protección necesaria. «Debería haber más vigilancia por parte de las administraciones, pero para eso hay que poner fondos o crear un organismo que se encargue específicamente de la protección animal, como tienen otras comunidades», sentencia Alcalá.

A finales de agosto la Consejería de Medio Ambiente añadió una nueva residencia canina a su registro. Se trata de la residencia Chow Chow en Cáceres.