«Todo es sórdido en la prostitución, no hay glamour»

El actual Gobierno trabaja en legislar –se habla incluso de abolir– la prostitución, por lo que es muy posible que en España cambie una situación que en Extremadura arroja datos como cuarenta clubes de alterne, los cuales están en las carreteras o en las afueras de las poblaciones, casi siempre en su polígono industrial. Ahora mismo todos están cerrados menos tres o cuatro debido a la pandemia, si bien reabren intermitentemente en función de las restricciones, ya que están dados de alta como hoteles o bares. En el más grande de Extremadura, Las Mazas, situado en el término de Arroyo de San Serván junto a la autovía A-5, la cifra de mujeres ronda la veintena, en el resto no suelen trabajar más de diez. La gran mayoría, el 90%, son extranjeras, sobre todo rumanas y colombianas cuya franja de edad oscila entre los veinte y cuarenta años. Un detalle inesperado es que al frente de estos negocios hay tanto hombres como mujeres y, al menos en el caso de Extremadura, no resulta evidente ni creíble que detrás pueda haber una amplia trama delictiva con una red internacional, como en ocasiones se da a entender, aunque los agentes no descartan conexiones de bajo perfil para reclutar chicas terminan siendo prostituidas cuando ése no era su plan inicial al venir a España.

Los datos los aporta la Brigada provincial de Extranjería y Fronteras desde Badajoz, que periódicamente realiza rondas por estos locales. Teniendo en cuenta que la prostitución en sí no es delito en el código penal, es esta unidad policial la que aborda este universo a menudo relacionado con personas extranjeras y que, en palabras del jefe de esta brigada, Fernando Rodríguez, «en Extremadura no tiene nada de glamour, es más bien cutre y sórdido. En estos locales hay una barra y poco más, es todo muy deprimente».

Junto a él trabajan en diferentes brigadas repartidas por la región –Mérida, Almendralejo, Don Benito-Villanueva o Cáceres– unos 35 agentes en total, varios de ellos mujeres.

Por completar la foto de este negocio, Rodríguez y su compañero Raúl Correa, este como Jefe de la Unidad de Extranjería y Documentación, añaden que la prostitución callejera ya casi no existe. «Es algo residual asociado casi siempre al consumo de droga», dicen. En cambio, la que se ejerce en pisos particulares está creciendo sin que sea sencillo cuantificarla porque cierran y abren pisos nuevos en función de la presión de los vecinos.

«La prostitución en pisos de citas es un cambio sustancial y tiene el problema de la inviolabilidad del domicilio. Ahí no puedes entrar como en un club», explica el jefe de la Brigada, al que le cuesta ponerle cifra en una ciudad como Badajoz. Estima que, con una media de tres mujeres por vivienda, puede haber más de diez y menos de cien pisos en la región, un arco tan amplio que da una idea de la invisibilidad hacia la que tiende el negocio de la prostitución, que ahora no exhibe luces de neón como reclamo. «Cuando se van a otro piso lo hacen por la presión que ejercen los vecinos del bloque sobre los clientes, que ponen cámaras o se concentran en el portal para grabarlos con sus móviles», señala.

Al jefe policial no le gusta hacer un perfil tipo de mujer o generalizar. Subraya que cada caso es diferente y a menudo esconde un drama. «El único patrón común que se aprecia es la necesidad», señala. También insiste en que son escasas las herramientas legales de que disponen para atajar situaciones donde se dan muchos indicios de injusticia.

Esta semana en la Asamblea Unidas por Extremadura aportó el dato de que en torno a 2.000 mujeres ejercen la prostitución en la región. Y la Policía Nacional, en su reciente campaña dirigida a los consumidores con el eslogan 'Sin clientes no hay trata', calculaba que ocho de cada diez mujeres ejercen la prostitución en contra de su voluntad. Que salgan de este círculo no es sencillo. El policía Fernando Rodríguez no tiene que ir a Madrid o la Costa del Sol para afirmar que, incluso en Extremadura, este negocio mueve demasiado dinero. De hecho, ha conocido casos de trabajadoras que prefieren seguir vendiendo su cuerpo por dinero. Sin un proxeneta o deudas de por medio hablan de unos ingresos mensuales que pueden alcanzar los 5.000 euros en algunos casos, todo sin tributar, en negro. «Junto con el tráfico de armas o de droga, el sexo mueve millones de euros», afirma Rodríguez.

Teniendo en cuenta que pagar y cobrar por sexo es legal, la razón por la que se aborda la prostitución desde el ámbito policial es porque a veces lleva delitos asociados. «La prostitución no está penada, lo que se castiga es si fuera obligada y por tanto hay una explotación. Se puede perseguir incluso siendo voluntaria pero que exista esa explotación, como que el club se quede con una parte del dinero, o que haya trata de seres humanos. Pero siempre se necesitan pruebas. Cuando visitamos los locales en cuanto detectamos algo iniciamos un protocolo pues hay que tener en cuenta que en la trata la víctima no suele venir a denunciar», señala Fernández mientras el inspector jefe Correa añade que «no es sencillo que estas mujeres confíen sus problemas a la Policía. «Se debe a que proceden de países poco democráticos con policía que abusa de ellas, o bien porque temen ser expulsadas del país. Ahora son menos, pero hubo un tiempo en que muchas mujeres estaban de manera irregular».

El agente Fernández apunta que para transitar legalmente de la prostitución a la trata, que sí está castigada, tiene que haber ausencia de consentimiento. Jurídicamente es complejo. «Esto se consigue –explica– ya sea por violencia, intimidación o un engaño, el cual puede estar viciado porque ella no sabe si está siendo engañada por su pareja, que le ha dicho que en cuanto reúnan dinero vuelven a su país, además de una situación de abuso que puede ocurrir por superioridad, vulnerabilidad o necesidad. Pero para todo ello se necesitan pruebas porque incluso si consigues la declaración de ella cuando declare él lo va a negar todo», insiste. De hecho, prosigue, los cierres de negocios que ha decretado un juez suelen tener su origen en fraudes administrativos. Un ejemplo reciente fue la clausura del club Halloween en Badajoz el año pasado, donde actuó la Policía junto a la Inspección de Trabajo, que certificó que había trabajadoras sin contrato, cuando lo habitual es que estén dadas de alta como camareras o relaciones públicas, oficios elegidos últimamente para bordear la ley, ya que no hace mucho eran supuestas inquilinas de un hotel.

Por todo lo anterior, el jefe de esta brigada en Badajoz destaca la necesidad de coordinación, y en este sentido alaba la implicación tanto del fiscal de Extranjería como de las oenegés, que en ocasiones consiguen superar barreras de confianza que la Policía no puede romper. Una de ellas es Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp), que además de un teléfono 24 horas (609 589 479) dispone de unidades móviles, también en Extremadura, con una metodología propia de acercamiento progresivo que ofrece asesoramiento y servicios útiles. Sus integrantes suelen ser mujeres provenientes del mundo de la explotación y la trata y que por tanto, pueden identificar la explotación mejor que nadie. No aceptan el término prostituta sino el de mujer prostituida.

En este contexto, y con informes que certifican que España es ahora mismo el paraíso en Europa para los hombres dispuestos a pagar por sexo, la prostitución está ahora mismo en la agenda del Gobierno. Qué hacer con esta práctica es, de nuevo, un punto de fricción en el Gobierno que comparten PSOE y Podemos.

Aunque en 2018 ya se ha apuntó la posibilidad de luchar contra la prostitución legalmente, aquel intento no llegó a sustanciarse. Ha sido en este mes de marzo cuando se ha sabido que la ministra de Igualdad, Irene Montero, trabajaba en una ley contra la trata, si bien ha sido la secretaria de Igualdad del PSOE y vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien concretó que ya tiene casi preparada una legislación sobre la trata con fines de explotación sexual.

Para Gloria Angulo, de la asociación feminista Malvaluna, con sede en Mérida, hoy día no sabría decir si España está más cerca de la abolición de la prostitución, como ella y su organización desearían, o en el mismo punto que hace unos años, con un panorama de clubes y pisos de citas que parece normalizado. «Lo que sí notamos es que actualmente hay mucha más demanda de información por parte de la gente para hacer un mejor análisis de lo que se está hablando y de las causas y consecuencias de lo que tiene la trata de mujeres».

Este razonamiento lo basa, entre otros detalles, en el interés que ha detectado en la formación que se demanda sobre la materia. Y es que su organización lleva tres años ofertando un curso denominado 'formación integral contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual' con gran éxito.

Según Angulo, la última convocatoria se publicó esta semana y el jueves llevaba 166 inscripciones (debido a la pandemia es 'on line'). «Suelen inscribirse hombres y mujeres de todas las edades, y aunque principalmente son personas de oenegés y de organismos públicos, sí notamos cada vez más interés en esta cuestión, y es que a trata con fines de explotación sexual es una de las manifestaciones más crueles de la desigualdad entre hombres y mujeres», declara.