El Supremo avala que los interinos docentes deban incorporarse el 1 de septiembre

Celestino J. Vinagre

Lunes, 14 de diciembre 2020, 12:17

Comenta

La Consejería de Educación debe contratar a los interinos el 1 de septiembre, no el 10 o 11, como es práctica arraigada desde que Extremadura asumió las competencias educativas hace dos décadas. Una sentencia del Tribunal Supremo pone punto final a una reclamación histórica de los sindicatos y, por extensión, de los funcionarios interinos, que tradicionalmente cada curso se incorporan esos diez o once días más tarde de los funcionarios con plaza fija. Esto, a efectos prácticos, supone que los interinos pierden dinero y antigüedad, mientras la Administración regional se ahorra una buena cantidad de dinero. El Supremo avala que, efectivamente, los interiores deben contratarse cada 1 de septiembre.

El fallo del Supremo anula una resolución concreta, la de la Dirección General de Personal Docente para el curso 2017-2018, que fijaba el 11 de septiembre como fecha para incorporarse pero el sindicato CSI-F tiene claro, lo mismo que PIDE, que esa nulidad afecta a cursos posteriores y anteriores. Al menos, cuatro años antes. CSI-F estima que incorporarse cada 1 de septiembre al curso escolar beneficia a unos 3.000 docentes y supone, en total, el cobro de unos 1,8 millones de euros. Mientras, PIDE especifica que el coste de reconocer los cuatros años de retroactividad es de 5,1 millones y el coste anual consolidado desde este curso es de otros 1.289.200,26 millones.

Esta sentencia del Supremo «es pionera porque afecta a la totalidad de los docentes interinos y no sólo a uno, por lo que gracias a este proceso judicial, promovido por CSIF, el fallo de la sentencia será extensivo a todos aquellos docentes que quieran adherirse al mismo, y así reclamar los derechos laborales y económicos no reconocidos en su día por la Consejería de Educación», ha expresado el sindicato que preside Benito Román. «Un fallo histórico, que acaba con una injusticia, que acaba con una discriminación», remata Román.

El fallo, con fecha del pasado 30 de noviembre, confirma la sentencia del Juzgado número 2 de Mérida de lo contencioso de 11 de junio de 2018. Concluye que el llamamiento el 11 de septiembre de los funcionarios docentes interinos supone una «quiebra del principio de igualdad y no discriminación de trato para los profesores interinos, siendo así que el curso escolar se inicia el 1 de septiembre de 2017 para el resto los funcionarios». No especifica las cantidades a las que habría derecho cobrar una vez que se presenten las reclamaciones.

CSI-F avanza que ya tiene preparadas unas 500 reclamaciones e insta a la Consejería de Educación a que, en primer lugar, consigne de cara a los Presupuestos de Extremadura del próximo año una partida específica para los interiores a partir del 1 de septiembre. Unos 1,8 millones, como se ha indicado anteriormente. Al mismo tiempo demanda a la Junta pagar lo atrasado y reconozca la nulidad de las resoluciones de incorporación de otros cursos. Al mismo tiempo pone su servicio jurídico a disposición de los interinos para reclamar esas cantidades.

Lo mismo hace PIDE, que en nota de prensa recuerda que ganó una sentencia en el Contencioso de Mérida en nombre de un afiliado al que se le reconocen sus derechos económicos y administrativos desde el 1 de septiembre. Es la única que reconoce una retroactividad de 4 años. Dicha sentencia al no ser recurrida por la Administración es firme desde el pasado 4 de septiembre«, dice el sindicato. »La mejor solución para todos es que la Administración reconozca de oficio la extensión de nuestra sentencia a todos los funcionarios de carrera interinos a los que les corresponda«, finaliza.