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Ana B. Hernández
Viernes, 29 de marzo 2024, 07:51
Los cinco concejales del Partido Popular en el ayuntamiento de Tornavacas, los tres del PSOE y el edil de Una Extremadura Digna que componen la ... Corporación municipal de la localidad cacereña se han puesto de acuerdo en el último pleno para sacar adelante una moción por unanimidad en defensa de un grupo de vecinos.
Aproximadamente una decena de ellos, en este municipio del Valle del Jerte que ronda el millar de habitantes, están afectados por la expropiación forzosa de terrenos que va a realizar la Junta de Extremadura con el fin de poder construir una balsa y garantizar de este modo el abastecimiento de agua a la localidad vecina de Jerte, distante a poco más de siete kilómetros.
«Pero somos vecinos de Tornavacas, que tenemos propiedades en Jerte, los más afectados por la expropiación forzosa de los terrenos que se va a realizar, precisamente por la ubicación que ha decidido la Junta para construir la balsa», explica a este diario Eloy Buenadicha, uno de los vecinos tornavaqueños que se consideran perjudicados por la futura infraestructura.
'Abastecimiento de Jerte para impulsar el ahorro, eficiencia y sostenibilidad en el uso de los recursos hídricos' es la denominación exacta del proyecto que fue aprobado el mes de diciembre del año 2022 por la Junta de Extremadura y que ahora, con un presupuesto base de 4,5 millones de euros, se quiere sacar a licitación.
Para hacerlo realidad, la administración regional debe llevar a cabo una expropiación de los terrenos en los que se construirá la balsa, la estación de tratamiento y el perímetro de seguridad de la nueva instalación. En estos momentos, el proyecto se encuentra en fase de audiencia para que los afectados por el proceso expropiatorio, ya que se considera una obra de interés público, puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas.
«Es ahora cuando estamos conociendo la ubicación elegida por la Junta y los terrenos afectados y alegando, claro, porque resulta que nos vamos a quedar sin nuestras parcelas o sin parte de ellas», se lamenta Buenadicha.
El problema fundamental es que en estas parcelas hay cerezos o, lo que es lo mismo, que se trata de terrenos productivos en los que sus propietarios han llevado adelante inversiones notables y que no quieren perder.
«En mi caso me expropian la totalidad de mi parcela, unos 22.000 metros cuadrados, porque es en este terreno en el que va la balsa», detalla Luis González Navarro. «Me he encontrado», continúa, «con que además no recogen en el pliego que han elaborado para expropiarme buena parte de las instalaciones que existen en la finca, entre ellas una vivienda y un depósito para el riego, porque tengo concesión de aguas».
La finca de Carlos Buenadicha, hermano de Eloy, linda con la de Luis González. «Mi hermano y yo adquirimos el terreno, entonces improductivo, y lo preparamos para nuevos cerezos con una inversión de 300.000 euros», recuerda. «Y nos encontramos con que nos expropian de manera forzosa casi 6.000 metros cuadrados, la mayor parte destinados a la estación de tratamiento que se incluye en el proyecto de la Junta».
Las expropiaciones forzosas recogidas en este proyecto pueden ser definitivas, en los terrenos que afectan a la balsa y la estación, pero también se incluye algunas expropiaciones temporales para las servidumbres de paso durante el tiempo que dure la ejecución de las obras y la conducción de tuberías.
En su caso, más allá del terreno, el problema se encuentra en los 250 cerezos de regadío que desaparecerán. «Porque en el caso de las expropiaciones forzosas temporales, después nos devolverán el terreno, pero ya no tendrá cerezos, así no queremos que nos expropien», deja claro Eloy Buenadicha.
Estos hermanos adquirieron la finca en 2014 y sus cerezos tienen hoy nueve años. «Están a punto de comenzar a ser plenamente rentables, lo que ocurre cuando llegan a los 10 años, y su vida útil se prolonga hasta los 40; después, empieza a disminuir tanto su productividad como su rentabilidad», explica Eloy, quien añade que «cada uno de los cerezos que nos quitan supone al año un rendimiento neto de 120 euros». «Y, aunque es cierto que en el campo dos más dos no siempre da cuatro, estamos hablando de 250 cerezos por 120 euros anuales por 30 años de pleno rendimiento; estamos hablando de unas pérdidas notables», subraya el vecino de Tornavacas.
Otros afectados prefieren no dar su nombre, aunque sí exponen su preocupación. Es el caso de Martín, nombre supuesto, para quien la expropiación sería de carácter temporal porque se trata de los terrenos que atraviesa la conducción de tubería de 3.000 metros lineales que está incluida en el proyecto. «No me opongo a él, entiendo que es una obra de interés público que va en favor de los vecinos de Jerte, pero no se han hecho bien las cosas, no se nos ha consultado, nos encontramos con la expropiación forzosa», asegura.
«No quiero que me quiten ningún cerezo, he invertido todos los ahorros de mi vida en esa finca y, además, hay alternativas para evitar estas expropiaciones».
Lo tienen claro los hermanos Buenadicha. «A cinco metros de nuestra parcela hay un terreno absolutamente improductivo, hay posibilidades por tanto de mantener el proyecto sin perjudicarnos y es lo que pedimos en las alegaciones». En definitiva, una modificación del proyecto que también reclama el ayuntamiento de Tornavacas, con la moción aprobada por unanimidad este martes.
«Estamos con nuestros vecinos, hay alternativas, no pueden quitar un medio de vida para este pueblo», resume la alcaldesa, María Josefa Marcos.
La alcaldesa de Jerte, Felisa Cepeda, lamenta que las expropiaciones forzosas perjudiquen a algunos vecinos de Tornavacas, pero reivindica el derecho de los habitantes de su localidad a disponer de agua potable. «Es una petición histórica de Jerte, tenemos que resolver los problemas de abastecimiento, llevamos años reclamando esta balsa y necesitamos que se construya, es una obra de interés general porque los vecinos de Jerte, como los de otras localidades del Valle, tenemos derecho a tener agua potable». Por eso, asegura, «retrasar su ejecución, establecida en dos años, generaría muchos perjuicios a los vecinos de Jerte». Especialmente, «porque la modificación se podría haber solicitado cuando se presentó el proyecto, hace ya más de un año, y no ahora, cuando se tramita ya su ejecución».
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