Torpezas de ministra

UN gobierno que se sostiene sobre una precaria minoría parlamentaria no debería actuar como si tuviera una mayoría aplastante. Ese desahogo, ese «ir sobraos» es lo que ha llevado al Ejecutivo de Sánchez y a la ministra María Jesús Montero a la derrota del pasado jueves en el Congreso. Los alcaldes de todas la fuerzas políticas, excepto Teruel Existe y Unidas Podemos, han hecho que sus partidos tumben el decreto por el que los municipios prestaban al Estado sus ahorros, cifrados en unos 14.000 millones, y recibían a cambio unos 5.000.

La operación se antojó difícil desde el inicio. La escasa disposición del Ejecutivo a negociar con los ayuntamientos ya anunciaba el fracaso de esta semana. Y el hecho de que hayan coincidido en el rechazo ayuntamientos de todos los signos políticos, desde el PP a ERC, muestra hasta dónde ha llegado la torpeza de la ministra Montero. No calculó que el ejercicio de equilibrismo parlamentario que está haciendo el Gobierno para sacar adelante sus iniciativas en el Congreso, sumando votos de uno u otro lado, según le convenga, le podía fallar. Es cierto también que la oposición ha aprovechado la ocasión para poner en evidencia la debilidad del Gobierno, para humillarle un poco, pero este debería haber sido menos soberbio y haber advertido la operación de castigo que se estaba cocinando.

El Ejecutivo de Sánchez tiene un tic que ha perfeccionado con la ayuda de la pandemia: apelar a la responsabilidad para poner al resto de los grupos ante el precipicio. Una y otra vez les conmina a respaldar sus medidas y les endosa la culpa de poner en peligro la salud y el bienestar de los españoles si no lo hacen. Le ha funcionado hasta anteayer.

El diálogo político, imprescindible cuando no hay mayorías, debería ser de doble dirección, nunca una imposición del Gobierno sin derecho a réplica por parte de la oposición. Pedro Sánchez es especialista en funambulismos políticos y, hasta ahora, esa habilidad le ha servido para salvar la legislatura apelando a la colaboración de sus socios; sumando el apoyo de los nacionalistas a cambio de concesiones.

Pero hay asuntos, como el de los ahorros de los ayuntamientos o la renovación del Consejo del Poder Judicial, en los que necesita el acuerdo con el Partido Popular. PP y PSOE están condenados a entenderse, o deberían estarlo y no dar el espectáculo que nos están ofreciendo con su incapacidad de pactar la renovación de cargos judiciales. Hasta el presidente del Supremo ha lamentado el retraso y les ha pedido solemnemente que cumplan con su obligación y renueven el CGPJ. El daño que se hace a la Justicia es deplorable. En un momento en que se necesitan más que nunca instituciones fuertes y prestigiadas, y no olvidemos que la justicia es uno de los pilares del estado de derecho, el Parlamento no es capaz de cumplir con su tarea y aprobar los nuevos nombramientos porque PSOE y PP juegan a los vetos. Siempre lo han hecho.

El entendimiento entre los dos grandes partidos en España ha sido una excepción, y quizá hemos esperado en vano a que la crisis que vivimos les empujara a buscar acuerdos. No los han alcanzado para el uso de los remanentes municipales ni para la renovación del CGPJ y pecaríamos de ingenuos si creyéramos que los van a lograr para aprobar los Presupuestos generales. Casado y Sánchez siguen más preocupados por desgastarse mutuamente que por que las instituciones funcionen. A la torpeza de una ministra para negociar se suma la falta de voluntad de los líderes.