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Tragedias reales

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CARTA DE LA DIRECTORA ·

Vox, fiel a su papel de agente provocador de guerras ideológicas, reclama para los padres el derecho a autorizar, y a vetar, las charlas que se le dan a los escolares

Manuela Martín

Badajoz

Domingo, 26 de enero 2020, 09:54

En estos día en que hemos estado ocupados por la polémica sobre el pin parental me ha interesado otra noticia: el caso de las 16 niñas tuteladas por el Gobierno de Baleares que han sido víctimas de abusos o prostituidas.

Vox, fiel a su papel de agente provocador de guerras ideológicas, reclama para los padres el derecho a autorizar, y a vetar, las charlas que se le dan a los escolares sobre sexualidad, violencia de género o cualquier otra cuestión polémica. Pero resulta que cuando la gresca ya se ha armado y partidos y padres se han puesto a pelear, los periódicos informamos de que no hay quejas de padres porque a sus hijos se les esté dando una formación que ellos no quieren.

No hay denuncias en Extremadura, no hay denuncias en Madrid. Ni siquiera hay denuncias en Murcia, que es la 'zona cero' del conflicto y donde Vox exige que se implante el famoso pin. No hay denuncias en ningún sitio de España. Conclusión: el problema denunciado por Vox no existe. Es un conflicto artificial creado de manera interesada para echar a reñir a los españoles y dividirlos. No hay legiones de padres deseosos de ejercer el veto parental para que no se les enseñe a sus niños qué es el maltrato o cómo es la sexualidad humana.

Sin embargo, mientras nos entretenemos con el señuelo del pin parental pasamos de largo sobre la tragedia real de unas menores a las que no hay veto de padres que les salve de ser víctimas de abusos. La gravedad del caso se agranda cuando nos enteramos de que la situación se lleva arrastrando años. Niñas tuteladas que son abusadas o prostituidas. (En cualquier situación es un abuso); niños tutelados que ejercen de proxenetas. Y de remate, una administración que no actúa como es exigible para acabar con el problema.

Se produce la cruel paradoja de que esos menores han sido apartados de sus familias porque se considera que no son aptas para criarles. Sin embargo, el sistema que debía proteger a esos niños no es capaz de evitar que sean víctimas de abusos. ¿Hay fracaso más grande? ¿De verdad no tienen ninguna responsabilidad quienes debían velar por el bienestar de esos niños? ¿Qué sentido tiene retirarle la custodia a los padres si la administración falla en la protección de los menores?

Cabe preguntarse si hay alguien a quien le importe de verdad el presente y el futuro de esos niños; si no ocurre que la sociedad acomodada los contempla ya como desechos humanos condenados desde su infancia a una existencia miserable.

El escándalo que se ha organizado con el pin parental se debería montar por la incapacidad del Estado, de la Comunidad de Baleares en este caso, para proteger a estos niños. Pero es más fácil montar una polémica artificial sobre un problema inexistente que hacer una política sensata de protección de los menores desamparados. Es más rentable la propaganda que la gestión sosegada, especialmente en un asunto que no da réditos políticos inmediatos y que a la ciudadanía nos incomoda, porque en el fondo sentimos que le estamos fallando a esos niños.

El de Baleares es el último, pero no es el único caso de abusos a menores tutelados. En Extremadura hubo en 2012 una investigación que sacó a la luz varios casos de abusos y prostitución de menores tuteladas. Se detuvo al responsable, un adulto, y se le condenó a 65 años de cárcel.

Conseguir que los niños que son tutelados por la administración tengan una vida digna y un futuro no es fácil. El riesgo de que sus vidas descarrilen es alto, pero hay que trabajar para evitarlo. Aunque ese trabajo silencioso y tenaz no sea lucido ni dé titulares.

La política espectáculo que se lleva hoy es la opuesta. Mucho humo y poco más.

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