El Ministerio de Transportes afirma que «no se van a eliminar rutas de autobús» en Extremadura, sino que se está trabajando en un rediseño del mapa actual de concesiones para determinar qué Administración Pública debe ofrecer ese servicio.
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La Junta de Extremadura ha denunciado que ... la propuesta de Transportes perjudicaría a 164 municipios de la región que suman más de 800.000 habitantes. De esas localidades, 126 sufrirían la supresión total del servicio, bien por la eliminación de rutas o bien de paradas.
El Gobierno regional señala que mantuvo un encuentro el pasado mes de mayo con el Ministerio de Transportes para conocer la propuesta de rutas del nuevo mapa concesional estatal. Según indica, la previsión es que se vean alterados servicios que atienden a 219.000 viajeros en la región. Pero la Junta recalca que se trata de cifras del año 2019, antes por tanto de la pandemia y de las medidas que se han puesto en marcha en los últimos años para el fomento del transporte público, como los abonos gratuitos. Por ese motivo, asegura que en realidad se perderían 427.000 usuarios.
Sin embargo, el Ministerio de Transportes afirma que no se suprimirá ningún servicio, sino que cambiará la Administración encargada de prestarlo. «Se está trabajando en rediseñar el mapa concesional para redistribuir la titularidad de las rutas entre el Estado y las comunidades autónomas en función de la naturaleza de la demanda y funcionalidad de cada una para ofrecer un servicio más eficiente y eficaz», apunta.
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De esa forma, considera que deben ser los gobiernos regionales los que asuman el servicio, principalmente en aquellas relaciones que están incluidas en contratos estatales pero que en realidad prestan servicio a relaciones interiores de las comunidades autónomas.
El Ministerio de Transportes recalca que el Gobierno aportará 25 millones de euros a las comunidades como compensación por asumir «las rutas de naturaleza intrautonómica». A esto se suman otros 15 millones de euros por los ingresos que genera su explotación. Pero no define cómo se repartiría ese dinero por cada territorio, una propuesta que está trasladando a los gobiernos regionales por separado.
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Sobre esto, la Junta de Extremadura reclama que se convoque la conferencia sectorial que reúne al Gobierno y las comunidades autónomas para analizar el nuevo mapa concesional y poner sobre la mesa los problemas que supondría la supresión de servicios estatales.
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