La Plataforma en Defensa del Transporte por Carretera ha aprobado por una amplia mayoría sumarse al parón que tiene como fecha de inicio prevista la madrugada del próximo lunes. «Se tiene que hacer valer la ley que tanto exigimos que se cumpla porque los operadores están campando a sus anchas, no están pagando los precios que marca el Observatorio de Costes para que el camionero no trabaje a pérdidas», explica a HOY Germán Martínez, presidente en la región de esta plataforma que ya convocó paros el pasado mes de marzo.
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En Extremadura, la votación se ha traducido en un apoyo mayoritario al sí, con un 97% de votos, por un 2% en contra y un 1% de abstenciones. «En Extremadura el apoyo al paro es aplastante», asegura.
«La situación es penosa, los transportistas estamos prácticamente arruinados», asevera Martínez. «Nos pidieron tiempo y ya no lo tenemos; las empresas y autónomos están cerrando o quemando el último cartucho». Para el portavoz extremeño, la solución pasa por la realización de inspecciones de trabajo, «que llamen a las puertas de estos señores que están incumpliendo la ley y que se la hagan cumplir».
Sobre la posibilidad de evitar este próximo parón, Germán Martínez apela a los próximos movimientos del Gobierno de España. «Depende de ellos, pero con resultados, porque nosotros ya de la palabra no nos fiamos, desde marzo han tenido tiempo suficiente; ha llegado noviembre y todo sigue igual, con muy buenas palabras, pero sin hechos», concluye.
El pasado sábado, los delegados provinciales de la Plataforma mantuvieron una reunión en la que analizaron la situación actual del sector, tras las medidas aprobadas por el Gobierno en consenso con las organizaciones mayoritarias de transportistas, que componen el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).
Entre estas medidas, destaca la nueva ley para evitar que los transportistas trabajen a pérdidas o un nuevo paquete de 450 millones de ayudas directas, que se suman a las ya aprobadas en 2021 y en abril de 2022 como el descuento de 20 céntimos, la prohibición de que los conductores hagan la carga y descarga; la limitación a una hora de los tiempos de espera en las zonas de carga y descarga, el refuerzo de la inspección de transporte o las ayudas al abandono de la profesión.
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Sin embargo, la Plataforma ha seguido denunciando el «incumplimiento» por parte de los cargadores (los clientes de los transportistas) de la ley que prohíbe trabajar a pérdidas en el sector, y señala al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de desautorizar a la Guardia Civil a controlar y denunciar este incumplimiento.
Por ello, los delegados decidieron el sábado pasado reanudar los paros, una decisión que este fin de semana se ha votado y que ha sido refrendada por los miembros de la Plataforma.
«La Administración debe reaccionar rápido y afrontar lo que está por venir», ha señalado Manuel Hernández, presidente de la plataforma, quien ha puesto el acento en que los autónomos que integran el sector no tienen capacidad en estos momentos para afrontar el incremento de costes, que son un 30% superiores.
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«Estamos pagando un 40% menos de salario a nuestros conductores, haciendo seguros que cubran lo mínimo imprescindible por no poder costear los importes que nos exigen», ha denunciado.
Para Hernández, los «pequeños desajustes» en el cumplimiento de las medidas acordadas con el Gobierno «son muertes laborales», y a este respecto ha cifrado entre 200 y 250 la cifra de empresas que se ven obligadas a cerrar cada mes.
«No tenemos tiempo. Cada día que pasa se producen tragedias empresariales, pero también familiares, porque está llegando a haber casos de suicidios», ha advertido.
Antes de conocerse la votación la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha reconocido su «preocupación» ante otra posible huelga en el sector del transporte y ha apelado a la «responsabilidad» del colectivo para que no convoquen paros de nuevo.
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«Estamos haciendo un seguimiento y pendientes del resultado de las votaciones», ha señalado la ministra, que ha asegurado que el Gobierno «ha cumplido todos los acuerdos alcanzados con el sector del transporte».
Sánchez, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha destacado que las condiciones y las circunstancias del sector han mejorado y que el Gobierno seguirá trabajando para el cumplimiento de lo acordado.
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Por ello, y tras ofrecer diálogo para «reconducir» los «pequeños desajustes» que puedan existir, ha hecho un llamamiento a los transportistas para que no vayan de nuevo a la huelga, sobre todo ante el «momento complejo» actual.
La ministra ha recordado que el decreto del transporte que se pactó con el sector garantizaba que no se pudiera trabajar a pérdidas y ha insistido en que, si se producen situaciones en lo que esto no se cumple, existe un sistema de denuncia.
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«Es absolutamente imprescindible que se denuncie para que la Inspección pueda realizar su trabajo e imponer sanciones que pueden llegar hasta los 4.000 euros», ha subrayado la ministra, que ha avanzado además que su Departamento está ultimando un plan de Inspección, que presentará «en las próximas semanas», donde se refuerzan los mecanismos de inspección.
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