Tres de cada cuatro pueblos extremeños carecen de la presencia policial recomendada

Estos y otros datos figuran en estudios realizados en el marco del proyecto regional de I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación) 'La necesaria reforma de las administraciones públicas y del modelo territorial español ante el reto demográfico en Extremadura', cuyo investigador principal es Gabriel Moreno, profesor en la facultad de Derecho y columnista de HOY.

El estudio, que incluye el análisis de tiempos y distancias mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG), aporta otra cifra ilustrativa: de los municipios que sí tienen policía local, el 55% dispone solo de uno o dos agentes. Hay que recordar que la ley exime de esta prestación pública a los ayuntamientos por debajo de cinco mil empadronados.

«La falta de un servicio policial eficiente en las zonas rurales puede tener efectos directos e indirectos sobre la sostenibilidad de estas zonas y la calidad de vida de quienes residen en ellas», plantean Jordi Ortiz y Miguel Ángel Rufo en su artículo 'Seguridad y prevención del delito en las comunidades rurales de Extremadura: un estudio de caso desde la criminología', publicado recientemente en la Revista de estudios jurídicos y criminológicos. Ortiz es profesor de Derecho Penal en la UEx, y Rufo es investigador, alumno del doble grado de Derecho y Criminología.

Para su trabajo han recurrido a fuentes oficiales, como el Servicio de urgencias y emergencias 112 o la Academia de Seguridad Pública de Extremadura. No han podido contar con información sobre el número de patrullas o los horarios de los cuarteles de la Guardia Civil, que el Instituto Armado no facilita por motivos de seguridad, de ahí que adviertan de que las conclusiones de su trabajo deben ser tomadas con cautela.

Una parte de su investigación se centra en el norte de la comunidad, por ser una zona con poca policía local, un alto porcentaje de población vulnerable por su edad avanzada y un creciente tirón turístico que se traduce en un incremento de su población en fines de semana, puentes festivos y vacaciones. Forman el norte extremeño cuatro mancomunidades (Las Hurdes, Sierra de Gata, Valle del Ambroz y Valle del Jerte), que suman 16.000 habitantes repartidos entre 121 localidades. De ellas, solo 17 tienen servicios de seguridad habitual.

«La investigación llevada a cabo sobre la seguridad objetiva en el norte de la provincia de Cáceres muestra en líneas generales una escasez de servicios policiales», concluye la investigación. Este déficit obliga a los pocos agentes existentes «a realizar un esfuerzo considerable para poder dar servicio con la mayor eficacia y eficiencia, con la dificultad que supone para las víctimas en estos lugares ser atendidas de manera rápida».

Se trata además en muchos casos de sitios donde la actividad delictiva aumenta cuando menos efectivos hay disponibles. El registro de llamadas del 112 muestra un incremento notable de avisos en verano y Navidad, que puede estar relacionado con el hecho de que en esas épocas, muchas localidades ven incrementada su población, algunas incluso llegando a duplicarla o triplicarla por los emigrantes (lo que se ha dado en denominar el turismo paisano).

A lo largo del año 2021, este teléfono de emergencias recibió en enero, febrero, abril o mayo menos de 500 llamadas desde municipios cacereños, mientras que en agosto rebasó las 800, en julio rozó las 700 y en diciembre superó las 750.

En estas épocas, exponen los autores, la presencia de agentes suele ser aún más escasa que durante el resto del año, debido a las vacaciones de los efectivos. Un déficit que lleva a algunos consistorios a tener que contratar seguridad privada en fechas claves, una merma para unas arcas públicas mayoritariamente estrechas.

«La falta de agentes, las sedes policiales cerradas o la tardanza en ser atendidos ante una urgencia son motivos de preocupación citados en las encuestas que hemos realizado incluso por aquellas personas que aseguran sentirse seguras en sus pueblos», explica Jordi Ortiz.

Él y Rufo explican en su artículo que en el ámbito rural se dan más que en el urbano las relaciones sociales primarias, o sea, el cara a cara, y «esto no quiere decir que en él la delincuencia sea menor». «Hay determinados tipos de delitos –explican– que guardan relación con la intensidad de las relaciones primarias, por ejemplo la violencia sobre la mujer». «También debemos tener en cuenta –añaden– la 'cifra negra' de los delitos no denunciados por la falta de instituciones (comisarías, por ejemplo) y por las relaciones que guardan las personas que residen en un lugar rural».

Otro factor a considerar en esta radiografía es que «en el caso de una urgencia, la despoblación progresiva de las áreas rurales puede retrasar el tiempo de respuesta, ya que el periodo que se tarde en descubrir el hecho delictivo o la atención a una víctima pueden aumentar no sólo en horas, sino también en días». Y un argumento más para completar el puzle: la figura del policía no es igual en la ciudad que en el pueblo. En estos últimos cumplen una función aún más social, al asumir encomiendas –en especial tareas administrativas– que en rigor no son propias de su condición laboral.

«Realizan tareas que van más allá de su función policial», sostienen Jordi Ortiz y Ricardo Rodríguez (graduado en Derecho y Criminología) en su artículo 'Estudio criminológico sobre la inseguridad en las áreas rurales a partir del uso de herramientas TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación'). «Los efectivos policiales en el medio rural son los responsables de trasladar al gobierno local problemas de índole urbanística, social o administrativa, sobre todo en municipios con escaso personal administrativo».

«Desafortunadamente –exponen Ortiz y Rufo en su artículo sobre seguridad y prevención del delito–, las agendas de los gobiernos y partidos políticos no tienen entre sus líneas prioritarias el tema de la falta de cobertura policial en los pueblos. Y eso que la escasez de estos servicios durante la pandemia de covid ha mostrado problemas evidentes en las zonas rurales. Por ejemplo, la dificultad para el control y vigilancia de las localidades próximas a las fronteras exteriores de nuestro país o la necesidad de recurrir a unidades militares para hacer cumplir las medidas establecidas durante los estados de alarma en zonas rurales sin fuerzas y cuerpos de seguridad».

Ante este escenario, el informe de la UEx cree oportuno investigar más sobre la seguridad en el los pueblos y «resaltar la necesidad de un diagnóstico por parte de los operadores políticos sobre la situación actual de la seguridad en el medio rural».

Entre las soluciones posibles, citan los acuerdos puntuales de colaboración entre policías locales de localidades cercanas o la asociación de municipios para compartir este servicio (artículos 20 y 21 de la Ley 7/2017 de coordinación de policías locales de Extremadura). Admiten no obstante que este tipo de remedios «pueden resultan muy difíciles de implementar», porque «la distancia entre poblaciones y el escaso número de agentes impiden realizar tareas policiales en otras localidades».

Sugieren Jordi Ortiz y Miguel Ángel Rufo que las diputaciones provinciales pueden ayudar a resolver este problema. Y citan como ejemplo de éxito el servicio de protección civil de la mancomunidad Riberos del Tajo, cuya labor permitió durante la pandemia mejorar la atención a los ancianos de todas las localidades asociadas, gracias a la labor de 25 voluntarios.